Está acusado de fabricar, inventar y ratificar hechos falsos

La falsedad de declaraciones se castiga hasta con cinco años de cárcel

<GUADALAJARA, JALISCO (27/JUL/2016).- La Fiscalía General de Jalisco detuvo ayer a Víctor Manuel Guzmán García, ex comisionista mercantil de una empresa de impresión y edición, acusado de fabricar, inventar y ratificar hechos falsos en una demanda laboral.

Guzmán García se desempeñó en la compañía referida de 2005 a 2007 como “comisionista mercantil”, un servicio externo, según la averiguación previa 1348/16. No obstante, en marzo de 2015 demandó un despido injustificado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Jalisco. Allí declaró que empezó a trabajar en la empresa desde el 8 de mayo de 1989 con un salario fijo, cuando la compañía demandada se creó apenas en el año 2000.

“Lo anterior hace evidente la imposibilidad de que el denunciado haya comenzado a laborar como empleado de mi representada a partir del año 1989, pues en tal fecha ni siquiera existía la empresa en cita”, indica en la denuncia el representante legal de la empresa afectada.

El Artículo 168 del Código Penal de Jalisco castiga hasta con cinco años de cárcel y multas de 100 a 300 salarios mínimos a quien comete el delito de falsedad de declaraciones.

El expediente también consigna otras manifestaciones “absurdas” y “dolosas” en contra de la empresa como supuestos despidos injustificados y situaciones que nunca ocurrieron.

La denuncia asentada en la averiguación previa, acusa asimismo a Guzmán García, representado por el litigante Omar Osiris Mata Morales, de recurrir a prácticas de los denominados abogados “talibanes”. Es decir: falsear declaraciones, inflar salarios, presentar documentación apócrifa y argumentar despidos injustificados con el fin de ganar demandas millonarias contra empresarios, asociaciones o dependencias públicas.

En 2013, la Secretaría del Trabajo de Jalisco reveló que 66 “talibanes” representaban más de tres mil juicios irregulares.

Con la intención de combatir este fenómeno, en agosto de 2015, el Congreso de Jalisco aprobó reformar el Artículo 154 del Código Penal del Estado para tipificar como delito las prácticas de abogados para ganar juicios de forma fraudulenta.

El Informador