Por graves irregularidades, como liberación de vehículos sin pasar por el debido proceso, faltantes de dinero y la intromisión de personas civiles –que no son funcionarios municipales—en el operativo “alcoholímetro”, la Contraloría del Ayuntamiento citó a comparecer a un secretario y a un juez municipal para que respondan por estos actos. De encontrar elementos, podrían ser destituidos.