Ciudad de Méxo. El ejercicio de la legítima defensa puede llegar hasta el extremo de privar de la vida al agresor, y en este caso la carga de la prueba debe recaer sobre el Ministerio Público, quien tendrá que probar que se actuó con dolo, o de lo contrario dejar en libertad a quien hizo uso de este derecho, así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al resolver tres acciones de inconstitucionalidad sobre este tema.