Según esta nueva norma, cualquier importador tendrá que realizar unos procedimientos registradores especiales.

Los infractores de esta ley tendrán que enfrentarse a unas sanciones administrativas de cuantía variable. Así, los altos funcionarios se verán obligados a pagar multas que oscilarán entre 10.000 y 50.000 rublos —152-764 dólares—, mientras que las personas jurídicas tendrán que abonar entre 100.000 y 500.000 rublos, 1.528-7.643 dólares.