Nadiya Popel se anuncia en su página web como precursora de un movimiento para «la recuperación de la verdadera medicina saludable».

Negacionista, antivacunas y contraria al uso de las mascarillas, fue expedientada por el Servicio balear de Salud en 2020. El pasado mes de julio se reincorporó al servicio de Urgencias del hospital Mateu Orfila de Menorca. Poco después fue denunciada por una paciente, a la que prescribió presuntamente dióxido de cloro -similar a la lejía- para tratar un hongo vaginal, pese a que la Agencia Española de Medicamentos recomienda no consumir este producto en ningún caso.

El Colegio de Médicos de Baleares la acaba de expulsar. «Me apuntó un producto para que lo comprara en una herboristería, y me dijo que tomara 3 centilitros diarios de dióxido de cloro.

Me dijo que lo encontraría por internet», denunció la paciente al 'Diario de Menorca'. También le recomendó hacer lavados vaginales con agua oxigenada, una práctica también desaconsejada.

La denunciante relató que cuando fue a la farmacia le indicaron que no siguiera esta prescripción «ni en broma» y le recomendaron ir a un ginecólogo particular, quien le confirmó que el tratamiento no era el adecuado.

Por eso, denunció a la médico por mala praxis y por recomendar productos no avalados. El Comib justifica la expulsión provisional de la médico alegando que ha «infringido de manera reiterada» el Código de Deontología Médica.

El informe alerta de que pone en riesgo la seguridad de los pacientes por la utilización de productos como lejía, agua oxigenada o disolvente industrial, sin base científica, no autorizados, de origen «poco claro», con envases con la etiqueta escrita a mano o elaborados de forma «casera» como en el caso del llamado «ormus».

Además, incumple la adecuada vía de administración, la asepsia en los procedimientos y los establecimientos donde realiza los tratamientos tampoco cumplen con las medidas exigidas. También recetaba tratamientos contra cáncer El Colegio de Médicos alerta, además, de que Popel publicitaba productos con «supuestas» propiedades curativas, regenerativas y preventivas, no apoyados por estudios con base científica demostrada y que no tienen el aval de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), para tratamientos de melanomas metastásicos o tumores mamarios de gran tamaño.

La doctora se definía como «médico con plaza vitalicia, superviviente al cáncer y experta conocedora de todas las alternativas convencionales y no convencionales para tratamiento de enfermedades difíciles». En su página web ofrecía un enlace a su «consulta privada» y ofrecía un «pack Covid» con varios medicamentos a 25 euros que se podían pagar por bizum o transferencia. El paquete adjuntaba un boletín del Movimiento Asistencial Integral, supuestamente fundado por la doctora Popel, donde se ofrecían medicamentos como azitromicina para tratar los síntomas graves de los vacunados de la Covid.

El Comib considera que Popel tampoco concede el «debido respeto a la dignidad de los pacientes al exponer en los vídeos su cara, su cuerpo, su enfermedad y su vulnerabilidad, incluso aunque hubiera un consentimiento por parte de los pacientes». Todo ello es compatible con una «finalidad propagandística revestida de una apariencia docente».

El Colegio de Médicos de Baleares concluye que como especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, «carece de la capacitación y las competencias necesarias para abordar el manejo y tratamiento del cáncer y el relato descriptivo que hace de la enfermedad y los procedimientos que utiliza están alejados del rigor científico que rige la profesión médica».

Su expulsión supone la «prohibición absoluta» del ejercicio de la Medicina y la pérdida de los derechos inherentes a la colegiación.

Para la Junta Directiva del Comib, su reiterado comportamiento «no es acorde a los valores éticos y deontológicos de la profesión médica».

El dictamen de la Comisión de Ética y Deontología podría desembocar en una expulsión definitiva de la colegiada.

Ya estaba sancionada La Conselleria balear de Salud ya sancionó a la doctora ucraniano-española por dos presuntas infracciones administrativas muy graves relacionadas con medicamentos para el tratamiento de la Covid-19, cada una de 90.100 euros. La primera por publicidad no autorizada de medicamentos a través de Telegram.

Y la segunda por «prescripción, comercialización y dispensación de medicamentos por persona no autorizada con indicaciones no autorizadas». Salud también vetó de forma temporal las prescripciones que hacía a sus pacientes, especialmente, de la Ivermectina contra la Covid-19, un compuesto medicinal de bajo precio utilizado contra los parásitos.