La administración del presidente Donald Trump enfrenta un complejo desafío económico derivado de su estrategia de confiscación de buques petroleros, utilizada como mecanismo de presión contra países que Washington considera patrocinadores del terrorismo.

Así lo reveló un informe publicado por The Wall Street Journal, que cuestiona las reiteradas afirmaciones del mandatario sobre los supuestos beneficios financieros de estas operaciones para Estados Unidos.

Según el diario, el mantenimiento de las embarcaciones incautadas representa un gasto extraordinariamente elevado, mientras que el gobierno carece de autorización legal para vender el crudo transportado sin una orden judicial previa.

El informe detalla que los costos asociados al resguardo de los petroleros confiscados ya ascienden a decenas de millones de dólares; uno de ellos generó aproximadamente 47 millones de dólares en gastos en tan solo tres meses.

Dichas cifras ponen en entredicho las declaraciones oficiales sobre la obtención de ganancias rápidas derivadas de las acciones militares y de interdicción dirigidas contra Venezuela e Irán, según The Wall Street Journal.

En los últimos meses, Estados Unidos procedió a la confiscación e interceptación de varios buques vinculados a Teherán y Caracas, como parte del endurecimiento de las sanciones contra las exportaciones de hidrocarburos.