El documento fue enviado al Gobierno y a la Corte Suprema de Justicia para consensuarlo y después someterlo a votación en el Parlamento.

Las infracciones repetidas de las normas de etiquetado de los alimentos que contengan ingredientes genéticamente modificados o transgénicos, serían castigadas con penas de hasta dos años de cárcel.

Por ahora –recuerda el periódico– en Rusia solo se imponen sanciones pecuniarias.

Las ventas de alimentos transgénicos generan tantas ganancias que las empresas prefieren pagar la multa en vez de observar la legislación y etiquetar concienzudamente los productos.