En julio de 2010 entró en vigor el acuerdo del Parlamento catalán que prohibía las corridas de toros.

La decisión del máximo tribunal español de anular esta norma se aprobó por ocho votos a favor y tres en contra.

El razonamiento de la mayoría de los magistrados es que Cataluña tiene competencia para regular espectáculos públicos y proteger a los animales, sin embargo, quedaba fuera de la competencia de la Generalitat catalana porque con anterioridad la tauromaquia había sido declarada por el Estado “patrimonio cultural”.

Distintos medios españoles citan fuentes de la Generalitat de Cataluña, desde donde se anuncia que no acatará la decisión del Tribunal Constitucional.

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