Los abogados de Rubén Gutiérrez, sentenciado por asesinar a una mujer de 85 años, alegaron que se estaban violando sus derechos religiosos al negarle la presencia de un asesor espiritual de su elección para acompañarlo en su muerte
Cientos de capellanes han estado presentes durante las ejecuciones de los reos condenados a muerte en Texas. Pero esto cambió cuando el máximo tribunal falló en 2019 en contra de un prisionero budista, Patrick Murphy, quien solicitó la presencia de su propio asesor espiritual.
El estado adaptó sus leyes para no discriminar y prohibir la presencia de cualquier asesor espiritual, incluidos los capellanes y los imanes musulmanes, los únicos que estaban acreditados para asistir.
Ahora la máxima corte ha dicho que, en caso de que fallara a favor de Gutiérrez, pediría a una corte de menor rango que “determine, basada en la evidencia que proporcionen las partes, si habría problemas de seguridad graves si se le permitiera a un prisionero que enfrenta la ejecución escoger a un asesor espiritual de su elección para que estuviera en su presencia inmediata durante la ejecución”.
Los fiscales dijeron que Gutiérrez, de 43 años, había intentado robar más de 600,000 dólares que Escolastica Harrison había escondido en su casa en Brownsville, ubicada en el extremo sur de Texas, cuandola mató en 1998.
La Conferencia Católica de Obispos de Texas presentó un escrito ante el tribunal superior en apoyo de Gutiérrez.
“Negarle a un prisionero que se enfrenta a una ejecución inminente el acceso a orientación y acompañamiento espiritual y religioso es cruel e inhumano”, dijo el obispo Daniel Flores de Brownsville.
Las autoridades dijeron que Gutiérrez se hizo amigo de Harrison, una maestra retirada, para poder robarle, tras enterarse de que escondía su dinero debajo de un piso falso en el armario de su habitación.
El fiscal de distrito del condado de Cameron, Luis Sáenz, dijo que estaba decepcionado de que la Corte Suprema postergara la ejecución porque “una vez más” se le había negado justicia a la familia de la víctima.
“Como fiscal, esto no cambia nada. Solo retrasa su destino final”, dijo Sáenz en un comunicado.
Los fiscales han dicho que la solicitud de pruebas de ADN es una “artimaña” y que Gutiérrez fue condenado por varias pruebas, incluida una confesión.
Gutiérrez habría sido el tercer preso ejecutado este año en Texas y el séptimo en Estados Unidos.