El negocio de Google con las noticias de los medios de comunicación vuelve a estar en el punto de mira de la Justicia después de que el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) haya presentado una demanda contra el gigante tecnológico de las búsquedas en Internet por el impago de, al menos, 1,1 millones de euros en concepto de derechos de autor.

Esta institución considera que esa cantidad representa el dinero que Google ha ingresado gracias a su servicio Discover, donde la compañía agrega contenidos (fundamentalmente, con el gancho de los titulares) de todo tipo de medios de comunicación. Así logra una importante facturación gracias al trabajo de periódicos, revistas y todo tipo de publicaciones con noticias en Internet cuyo trabajo no se ve compensado por la compañía estadounidense.

Por eso la demanda, presentada ante los juzgados mercantiles de Madrid, reclama el abono de los derechos de propiedad intelectual derivados de esa práctica de agregar noticias por parte de Google Discover, de fragmentos de información periodística de diferentes ediciones digitales de periódicos y de otras publicaciones. La práctica de Google contrasta con la de otras compañías de la competencia, como Upday o los de Squid y Huawei, donde sí abonan los derechos de autor de los medios.

El importe requerido en este procedimiento judicial es una estimación de la deuda de Google, puesto que para conocer la cantidad real adeudada por esta práctica en las web es necesario que esta empresa facilite los datos efectivos de uso de contenidos, lo que podría llevar a CEDRO a reclamar más de 14 millones de euros.

Antes de acudir a los juzgados, CEDRO, en nombre de los afectados, entre ellos, editores de periódicos y revistas, ya había reclamado en reiteradas ocasiones a Google el pago de derechos de autor por la agregación de contenidos que efectúa Google Discover desde su lanzamiento a finales de 2016.

En su exposición de motivos de la demanda se recuerda que la Ley de Propiedad Intelectual regula un límite a los derechos de autor en favor de las empresas que efectúan agregación de contenidos. Esta disposición establece que estas compañías no necesitan autorización de los titulares de derechos para desarrollar esta actividad, en el caso de que cumplan los requisitos establecidos en este artículo. Sin embargo, deben abonarles una compensación que se hará efectiva a través de la entidad de gestión correspondiente, en este caso, CEDRO.

La seguridad jurídica que brinda esta regulación a las empresas que desarrollan su negocio a través de la agregación de contenidos proporciona, a su vez, transparencia y equilibrio en el sistema y una compensación justa para los titulares de derechos.

La de CEDRO no es la única actuación judicial. Este proceso iniciado por CEDRO se une a otros similares instados por los titulares de derechos en países como Francia, Australia y Estados Unidos. Estos procedimientos no solo se refieren al impago por derechos de autor, sino también por acciones monopolíticas que le llevan a controlar supuestamente el mercado tecnológico.

José María Camarero