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Viernes, 22 Marzo 2024 09:38

El 'caso novio' que remueve la política en España con estafas, bulos y amenazas

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una sesión plenaria de la Asamblea de Madrid, 14 de marzo de 2024. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una sesión plenaria de la Asamblea de Madrid, 14 de marzo de 2024.

La pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está acusada de dos delitos fiscales y de falsedad documental.

Posibles casos de corrupción y las amenazas a la libertad de prensa en España son solo el saldo de una polémica que involucra a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero que impacta a la política nacional por la pugna entre los dos principales partidos del país. Los acontecimientos se precipitaron después de que aparecieran informaciones de presuntos delitos fiscales por parte de Alberto González Amador, novio de Ayuso.

La noticia derivó en una arremetida contra los medios que la difundieron y ha continuado con acusaciones cruzadas en el Congreso de los Diputados que involucran a las cónyuges del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo. Un novio comisionista acusado de delitos de fraude fiscal La semana pasada, elDiario.es informó que la Fiscalía le había denunciado a la pareja de Ayuso, después de que una investigación de la Agencia Tributaria concluyó que había cometido dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental en los las declaraciones de los ejercicios 2020 y 2021.

Posteriormente, se reveló que Gonzáles Amador había utilizado al menos 15 facturas falsas y sociedades pantallas radicadas en el extranjero para pagar 350.000 euros menos de impuestos. Con ello, trataría de enmascarar comisiones por casi dos millones de euros, provenientes de la intermediación en la compraventa de mascarillas en lo peor de la pandemia de coronavirus. Con esos beneficios presuntamente fraudulentos, González adquirió un piso en una de las zonas más caras de Madrid, valorado en un millón de euros.

La mitad habría sido abonado en efectivo. Además, por las mismas fechas, una sociedad administrada por el novio de la presidenta madrileña adquirió el piso inmediatamente superior. Dos viviendas que, en total, suman más de 180 metros cuadrados en las que González Amador reside junto a Díaz Ayuso. También se compró un Maserati del que disfruta la pareja.

Mentiras y defensa del novio Si bien desde el principio se asumió que el caso afectaba a un particular y que no estaba relacionado con la gestión de la administración pública, desde el principio se apuntó a la posible participación a título lucrativo de Díaz Ayuso, al beneficiarse de bienes adquiridos con fondos de dudosa procedencia. Sin embargo, el comportamiento de la presidenta madrileña se puso en entredicho cuando dio explicaciones públicas en una comparecencia ante los medios de comunicación.

Entonces, negó el fraude de su novio y alegó que era Hacienda quien le debía casi 600.000 euros, hechos que se demostraron falsos. Apenas 24 horas después se conoció que González, a través de su abogado, había reconocido a la Fiscalía la comisión de dos delitos fiscales y se ofreció a pactar para reducir las consecuencias penales. Las instituciones en tela de juicio.

A través de todo este periplo, Díaz Ayuso y otros miembros de su partido, el conservador Partido Popular, principal fuente de la oposición en el país, comenzaron a atacar a las instituciones públicas, como la Agencia Tributaria y el Ministerio Público, alegando que se trataba de la instrumentalización de los poderes del estado para destruirla. El choque se exacerbó tras la difusión de un comunicado de la Fiscalía Provincial de Madrid para rebatir varias de las informaciones expresadas por Díaz Ayuso y su entorno.

Por este texto, la institución fue acusada de revelación de secretos. Los periodistas en la picota El capítulo más oscuro es el protagonizado por Miguel Ángel Rodríguez, conocido como MAR, director del Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Fue él quien filtró el primer correo entre la Fiscalía de Madrid y el abogado del novio de la presidenta regional con información tergiversada, que la Fiscalía desmintió con su comunicado.

Después trascendieron las amenazas que lanzó a elDiario.es, medio que dio la exclusiva de la denuncia sobre el novio de Díaz. "Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Que os den. Idiotas", escribió a la directora adjunta del medio, la periodista Esther Palomera. Además, esta semana MAR difundió un bulo en el que acusaba a periodistas de ir encapuchados a intentar asaltar la casa de la presidenta madrileña y acosar a los vecinos. Un día después, la mano derecha de Díaz Ayuso admitió a El País haber difundido esa información, que los medios afectados han desmentido. Reporteros Sin Fronteras, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la Asociación de la Prensa de Madrid y la Asociación de Periodistas de Investigación han emitido sendos comunicados en apoyo a los dos medios.

Las cónyuges en la mira La polémica rápidamente se trasladó al Congreso de los Diputados, con la petición de dimisión de Díaz Ayuso y el cese de Miguel Ángel Rodríguez, por parte de parlamentarios del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de otras fuerzas minoritarias del hemiciclo. En este escenario ha subido varios grados el nivel de crispación política.

Desde el PP se ha insistido en ligar a la mujer del presidente de Gobierno, Begoña Gómez, con un presunto caso de corrupción relacionado con las ayudas a la aerolínea Air Europa, durante la crisis de la pandemia. Como respuesta, este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atacó esgrimiendo informaciones sobre un pago a la empresa donde trabajaba la mujer del presidente del PP por parte del Gobierno de Galicia, cuando era presidido por el propio Feijóo.

La noticia fue desmentida horas después por el medio que la desveló, alegando una confusión de nomenclatura. En este contexto se han vertido exabruptos en la Cámara, acusaciones cruzadas y, en conjunto, un clima de enfrentamiento y división, que muchos comparan con el de la última legislatura de Felipe González (1993-1996).

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