La justicia colombiana condenó a Sergio Luis Betancourt Yepes, un líder cristiano que abusó sexualmente de una mujer durante un ritual que presentó como un acto de liberación espiritual.

El hecho ocurrió el 22 de febrero de 2020 en el barrio Santa Lucía de Cartagena. Tras un extenso proceso judicial, Betancourt recibió una condena de 16 años de prisión, marcando un precedente en la lucha contra el abuso de poder en entornos religiosos.

El abuso disfrazado de fe La víctima, en busca de orientación espiritual, permitió que el líder religioso ingresara a su hogar para realizar un supuesto exorcismo.

Sin embargo, lo que prometía ser un acto de ayuda terminó convirtiéndose en un crimen atroz. Según la Fiscalía General de la Nación, Betancourt administró una sustancia a la mujer que la dejó en estado de indefensión. También utilizó aceites que provocaban somnolencia, lo que facilitó el abuso sexual.

El tribunal calificó el acto como acceso carnal abusivo agravado, resaltando la gravedad de que se haya cometido bajo el amparo de un rol de autoridad espiritual. Sin embargo, aunque esta sentencia representa justicia para la víctima, el caso no es el único que Betancourt enfrenta.

Actualmente, está siendo investigado por otra denuncia de abuso sexual, presentada por otra integrante de su congregación.

Este proceso legal ha llevado a que el acusado permanezca en un centro carcelario mientras avanzan las investigaciones.

Abuso de poder en otros contextos religiosos

El caso de Sergio Luis Betancourt no es un incidente aislado.

En Santa Marta, el pastor Luis Fernando Ramón, líder de la iglesia Cristianos Gente de una Nueva Generación, también enfrenta múltiples denuncias por abuso sexual. A pesar de las graves acusaciones, Ramón ha logrado recuperar el control administrativo de su iglesia mediante estrategias legales, generando reacciones encontradas entre sus seguidores.

El pasado 22 de diciembre de 2024, Ramón reapareció en el púlpito frente a una congregación visiblemente disminuida.

Antes, su iglesia era uno de los templos evangélicos más concurridos de la región. Sin embargo, las denuncias han fracturado la confianza de la comunidad, y muchas de las víctimas aseguran que Ramón utilizaba su posición para manipular emocionalmente a mujeres en situaciones vulnerables.

Algunas de las denunciantes también han señalado que el pastor posee material comprometedor que amenaza su privacidad, generando temor entre quienes se han atrevido a hablar. Justicia y reparación en medio de la crisis La condena de Betancourt y las investigaciones en curso contra otros líderes religiosos destacan la necesidad urgente de proteger a las comunidades de quienes abusan de su posición.

Estos casos no solo son un ataque a la dignidad de las víctimas, sino también una traición a la fe de cientos de creyentes que confían en sus líderes espirituales. A nivel institucional, la Fiscalía continúa trabajando en casos similares,

buscando no solo justicia para las víctimas, sino también prevenir que este tipo de crímenes se repitan.

Las autoridades y las instituciones religiosas enfrentan el reto de reconstruir la confianza y asegurar que los líderes que ocupan estos roles lo hagan con integridad y respeto por los derechos de los demás.