La cofundadora de Acción Palestina, Hudaa Amouri, denunció públicamente a la ministra del Interior del Reino Unido, Yvette Cooper, así como a la oficina del primer ministro, por difundir “declaraciones falsas y calumniosas” contra la organización.
Amouri rechazó enérgicamente la caracterización oficial de Acción Palestina como una entidad violenta, señalando que dicha acusación contradice una evaluación de inteligencia gubernamental que analiza sus actividades.
Según explicó, esta narrativa busca legitimar las recientes detenciones masivas llevadas a cabo por la policía en Londres, durante una manifestación que exigía el levantamiento de la prohibición impuesta al grupo.
En el marco del recurso legal interpuesto contra la prohibición, señaló que el Centro Conjunto de Análisis Antiterrorista (JTAC) reconoció que Acción Palestina “no incita a la violencia contra personas” y que “la mayoría de sus acciones no se clasificarían como terrorismo”. Amouri añadió que “arrojar pintura roja a aviones de combate no constituye un acto terrorista, como tampoco lo es interrumpir las operaciones de Elbit Systems, la mayor empresa israelí de armamento, mediante incursiones en sus sedes en Reino Unido”.
“Los verdaderos terroristas son las fuerzas israelíes y quienes las arman y facilitan crímenes de guerra”, afirmó.
Por su parte, la organización Defend Our Juries —convocante de varias protestas, incluida la del sábado— destacó, según documentos revelados en tribunales, que funcionarios británicos calificaron la prohibición como “relativamente nueva”.
Esto se debe a que no existen precedentes de ilegalización de una organización por su implicación en “terrorismo cuántico” mediante acciones que causaran daños graves a bienes o por la amenaza de hacerlo.
Un portavoz del grupo calificó de “vergonzoso” que Cooper, “bajo presión política”, engañara a la opinión pública sobre la naturaleza de Acción Palestina, sabiendo que quienes intentaran refutar sus declaraciones “podrían enfrentarse a penas de hasta 14 años de prisión”.
El portavoz agregó que recurrirían a la Corte Penal, dado que “la opinión pública británica conoce la realidad del genocidio en la Franja de Gaza, el respaldo del gobierno a este, y la privación del derecho a la libre expresión”.
Las declaraciones de Amouri y Defend Our Juries se produjeron después de que el portavoz de la oficina del primer ministro afirmara que Acción Palestina “es una organización que comete actos de violencia, provocado lesiones graves y daños criminales de gran magnitud”.
Ambos pronunciamientos se dieron en medio de las críticas al gobierno por justificar la detención de 532 personas bajo la Ley Antiterrorista, la mitad de ellas mayores de 60 años, acusadas de “presuntamente apoyar a la proscrita Acción Palestina”.