En declaraciones enviadas a la cadena CNN, un alto funcionario del Gobierno  de Barack Obama reaccionó a la información publicada por el diario "The  Guardian", según la cual la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) recoge a diario  registros  de millones de clientes de la operadora de telefonía Verizon, en virtud de  una orden judicial secreta.

El funcionario, que pidió el anonimato, evitó confirmar expresamente que  exista esa orden judicial, pero señaló que "información como la que describe el  artículo de The Guardian ha sido una herramienta crítica a la hora de proteger a  la nación de amenazas terroristas contra Estados Unidos".

Esa práctica "permite al personal especializado en antiterrorismo descubrir  si terroristas conocidos o sospechosos han estado en contacto con otras personas  que pueden estar implicadas en actividades terroristas, particularmente aquellas  localizadas dentro de Estados Unidos", agregó el funcionario.

La fuente aseguró que las prácticas de la NSA no incluyen la recopilación  "del contenido de ninguna comunicación ni el nombre de ningún  suscriptor". "Está relacionado exclusivamente con metadatos, como un número  telefónico o la duración de una llamada", subrayó.

El funcionario insistió además en que la recopilación de información de  inteligencia está permitida por la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera  (Fisa) de 1978, por la que se creó la Corte Fisa que, según "The Guardian",  concedió el pasado 25 de abril la orden judicial secreta en el caso de  Verizon.

"Las actividades (bajo esa ley) están sujetas a estrictos controles y  procedimientos bajo la supervisión del Departamento de Justicia, la Oficina del  Director Nacional de Inteligencia y la Corte Fisa, para asegurarse de que  cumplen con la Constitución y las leyes de EE.UU. y protegen apropiadamente la  privacidad y las libertades civiles", concluyó el funcionario.

El artículo de "The Guardian", no obstante, señala que los registros se  produjeron sin tener en cuenta si los autores de las llamadas habían cometido  algún delito, algo que aparentemente escapa a lo establecido en la ley Fisa, que  en principio se limita a los sospechosos de ser terroristas o agentes de otro  país.

El senador demócrata Mark Udall, que pertenece al comité de Inteligencia de  la Cámara Alta, indicó en un comunicado que "este tipo de vigilancia a gran  escala debe preocuparnos a todos". "Ésta es la clase de extralimitación del  Gobierno que creo que los estadounidenses encontrarán escandalosa", dijo  Udall. El exvicepresidente y excandidato presidencial demócrata Al Gore  criticó también la supuesta acción del Gobierno estadounidense.

"En la era digital, la privacidad debe ser una prioridad. ¿Soy sólo yo, o es  ésta vigilancia secreta obscenamente indignante?", escribió Gore en su cuenta  oficial de Twitter. Según "The Guardian", la orden otorgada por la Corte  Fisa al FBI facilita al Gobierno una autoridad ilimitada para obtener datos  durante un periodo específico de tres meses, que finaliza el 19 de  julio. En virtud de esta orden judicial, debían ser entregados los números  de teléfono de los dos comunicantes, el lugar de la llamada, así como su  duración, aunque no el contenido de la conversación.