Es un decir, pero la pena que se le solicita por delitos de corrupción a la exalcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, llegará hasta el más allá. Fiscalía y Ayuntamiento -que ejerce la acusación particular- piden que a Pinilla se la inhabilite para el ejercicio de cargo público durante tal cantidad de años que ni con varias reencarnaciones podría volver a ocupar sillón en la política. La Fiscalía pide para ella que sea inhabilitada para el ejercicio de cargo público durante 165 años; el Ayuntamiento de La Muela va más allá y reclama que esa inhabilitación se extienda durante 228 años.

Pinilla es la principal acusada de un macroproceso que saltó en 2009, después de meses de investigaciones policiales. Fue en la primavera de 2009 cuando se desencadenaron las detenciones, la de Pinilla -que llegó a mantenerse como alcaldesa incluso estando en prisión provisional durante cuatro meses- y la de otros 42 imputados por esta trama: concejales, empresarios, funcionarios...

Entre los 43 encausados, el escrito de la acusación presentado por la Fiscalía pide para todos ellos penas que suman 263 años de cárcel. El Ministerio Público considera que entre todos ellos cometieron 142 delitos, todos ellos compartiendo la misma esencia: el enriquecimiento ilícito con la mediación de negocios municipales y causando también perjuicio económico a un Ayuntamiento que pasó de presumir públicamente de su bonanza a destapar su situación ruinosa.

El fiscal pide para la exalcaldesa 37 años de cárcel, 165 de inhabilitación para el ejercicio de cargo público y 22 millones de euros de multa. La lista de delitos que se le imputan es larga: ocho de prevaricación, cinco de cohecho, dos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, malversación, tráfico de influencias, exacciones ilegales y negociaciones prohibidas a funcionarios. El Ayuntamiento, como acusación particular, eleva la petición de penas contra Pinilla y reclama para ella 69 años de prisión, 228 de inhabilitación y 37 millones de euros de multa.

En las elecciones municipales de mayo de 2011 Pinilla dejó la alcaldía de La Muela, tras haber permanecido dos años en el cargo pese a estar encausada por el mayor proceso de corrupción política instruido hasta la fecha en Aragón. Tras aquellas elecciones accedió a la alcaldía Marisol Aured, que antes había estado en la oposición, que había protagonizado sonados enfrentamientos en los plenos con Pinilla. Ambas se habían distanciado tiempo atrás, después de que hubieran compartido lista electoral y equipo de gobierno. La actual alcaldesa fue una de las que denunciaron las presuntas corruptelas, lo que permitió abrir la investigación policial. El otro denunciante fue también un exconcejal, que además era cuñado de Pinilla.

La acusación particular ejercida por el Ayuntamiento que dirige Marisol Aured supone, en la práctica, que todo un pueblo reclama a su exalcaldesa prisión y multas multimillonarias con las que, entre otras cosas, resarcirse del agujero que sus manejos dejaron en las arcas municipales. Según el actual Ayuntamiento, las deudas que se encontraron ascendían a 30 millones de euros.

Pero el Ayuntamiento no solo pide dinero a la exalcaldesa por aquella trama corrupta, sino también a varios más de los encausados. Junto a Pinilla, considera como principales partícipes de aquellos manejos al que fuera arquitecto municipal, Francisco Núñez, y a los empresarios Julián de Miguel y Carmelo Aured. Para estos tres y Pinilla, el Ayuntamiento reclama multas que suman en total unos 65 millones de euros.

Eso sí, no todo el dinero que la sentencia fije en multas irá a parar a las arcas municipales. Entre otras cosas porque hay más perjudicados, caso de Hacienda. Cuando menos, el Ayuntamiento reclama que como responsabilidad civil se abonen a las arcas municipales 12 millones de euros, aportados conjuntamente por los principales encausados.

La acusación particular la ejerce el Ayuntamiento en nombre de todo este pueblo zaragozano famoso por la gran cantidad de parques eólicos que hay en sus alrededores. Sin embargo, a pie de calle sigue habiendo división. El caso, la denominada «operación Molinos», disparó rencillas entre partidarios y detractores de la exalcaldesa, que se tradujeron en filias y fobias contra la actual regidora, Marisol Aured, quien ha reconocido públicamente que en su día fue víctima de insultos, amenazas e incluso de incidentes en la calle. Y afirma que, aún hoy, cuando sale por las calles del municipio del que es alcaldesa «es recomendable que salga acompañada».