"Un policía local presuntamente arregló 'fiestas de sexo' con prostitutas financiadas por cárteles locales de droga para estos agentes de la DEA", señaló el reporte del inspector general del Departamento de Justicia.

Las fiestas habrían tenido lugar durante "un periodo de varios años" en las oficinas que el gobierno estadunidense alquilaba en ese país, que el documento, sin embargo, no especifica.

Según las acusaciones, la policía local protegía las armas y propiedades de los agentes estadunidenses durante las fiestas.

Además, testimonios de policías locales revelaron que, además de solicitar prostitutas, al menos tres agentes supervisores de la DEA recibieron dinero, regalos y armas de miembros de los cárteles de droga, según el informe.

La investigación surgió a raíz del escándalo que estalló cuando un grupo indeterminado de agentes del Servicio Secreto estadunidense supuestamente contrató prostitutas en Cartagena, Colombia, en vísperas de la llegada del presidente Barack Obama a la Cumbre de las Américas en abril de 2012.

En particular se investigó un informe realizado por un agente de Policía que aseguró que varios agentes de la DEA acudieron a fiestas con prostitutas organizadas por cárteles locales en las residencias alquiladas para los agentes por el Gobierno estadounidense.

Siete de los diez agentes denunciados confesaron el hecho, pero ninguno de ellos hubo de abandonar su puesto. La conducta de uno de los agentes fue justificada, y los demás fueron castigados con suspensiones de empleo de entre dos y diez días. Pero la investigación interna del caso ni siquiera consideró los riesgos para la seguridad como tampoco estudió si alguna información secreta que poseyeran los agentes pudo resultar comprometida, según el diario. La DEA demostró falta de voluntad para perseguir las acusaciones, concluye el Departamento de Justicia.

Por último, el Departamento de Justicia encontró relativamente pocos casos de acoso sexual o conducta sexual indebida de los agentes, pero destaca que varios de ellos no fueron comunicados por las propias agencias: un riesgo para la seguridad, advierte la investigación.