A mediados de 2009, el polémico funcionario tramitó un amparo por las actuaciones de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), pero finalmente no consiguió la protección federal.

En su querella, la víctima y su madre denunciaron que Coronado y su amigo el exfuncionario tapatío Martín Aguirre Aguirre participaban en “fiestas” sexuales con menores de edad que el segundo organizaba.

También en 2009, la Fevimtra consignó a Aguirre y un juez federal dictó una orden de aprehensión en su contra por su responsabilidad en los hechos denunciados. Su captura podría esclarecer el caso, puesto que es señalado en la mencionada averiguación como uno de los principales organizadores de los abusos.

Sin embargo, fuentes judiciales relacionadas con el caso confirmaron a Proceso Jalisco que la Agencia Federal de Investigación (AFI) no lo ha ubicado. Una de las posibles causas, indican, son los constantes cambios en la dirección de la AFI, por lo menos tres desde marzo de 2009: Nicandra Castro Escarpulli fue nombrada encargada de despacho ese año, en noviembre llegó Wilfrido Robledo Madrid y hace unos meses, después de que entró en funciones la procuradora general Marisela Morales, nombró como nuevo titular de la agencia al comisario Vidal Diazleal Ochoa.

Ante el constante hostigamiento de la PGJ, las denunciantes presentaron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el 12 de febrero de 2008 solicitó al Estado mexicano que aplicara medidas cautelares a favor de la señora María Araceli Arellano Enciso y de sus hijas.

Dichas medidas, operadas por la Fevimtra, entraron en vigor dos días después. Desde entonces las víctimas permanecen bajo custodia de elementos de la AFI de tiempo completo.

El 15 de abril de ese mismo año las afectadas denunciaron que el gobierno de Jalisco violó las medidas cautelares dictadas por la CIDH, ya que Araceli Arellano fue presionada por una funcionaria estatal, en nombre del gobernador Emilio González Márquez, para que retirara su denuncia contra Coronado. No obstante, la señora sigue firme.

El procurador, contra la ley

El 30 de agosto de 2007 una menor de edad identificada solamente como “A” denunció a Tomás Coronado Olmos ante la propia Procuraduría General d Justicia del Estado de Jalisco (PGJ) que él encabeza. En la averiguación previa 010935/2007/039-P24 señaló que el procurador participó en una fiesta en la cual se llevaron a cabo actos de prostitución y pornografía infantil (Proceso Jalisco 149).

En abril y agosto de 2007, la señora María Araceli Arellano Enciso y su hija (“A”), entonces de 16 años, presentaron sendas querellas contra Martín Aguirre por violación y privación ilegal de la libertad ante la misma PGJ. Después de que interpusieron la primera, Aguirre secuestró a la menor y la amenazó para que retirara la denuncia, pero ella contó con el apoyo de su madre y ratificaron su dicho en agosto de 2007.

Relató la menor que, entre juegos y bebidas alcohólicas, varias niñas terminaron desnudas en la alberca y algunos de los asistentes les tomaron fotos y videos. La francachela tuvo lugar en la granja Las Carretas, en el municipio de Ixtlahuacán, rumbo a la carretera a Chapala.

En la querella 010935/2007/039-P24, la menor refirió que “a la que le fue un poco más mal” en esa reunión fue a una jovencita cuyo nombre no recuerda pero a quien conoce como La China, quien perdió en el juego de la botella y “le tocó” hacerle sexo oral a Coronado en un cuarto de la granja.

En entrevista exclusiva con este semanario y escoltada por elementos de la AFI, “A”, la denunciante principal, describió el ambiente de las comprometedoras reuniones y aseguró que vio a Coronado Olmos varias veces. Incluso, mediante una fotografía del procurador, confirmó que él fue quien estuvo abrazando a otras menores en la “fiesta” de Las Carretas.

“Carolina”, otra menor, también identificó al procurador mediante una fotografía: “Es él, uno de los cuatro viejos puercos que estuvieron en la granja y que nos ofrecieron dinero para que hiciéramos cosas. Ése, el Tomás, dijo que era licenciado como Martín”, declaró (Proceso Jalisco 150).

Entrevistadas por este semanario, ellas coincidieron en que fueron enganchadas por unos individuos, uno de los cuales, apodado Paul, les ofreció ropa, celulares y dinero por acudir a la granja.

En la denuncia ante la Fevimtra se asienta que en una de las fiestas había 15 niñas, algunas aún con el uniforme de su secundaria, a quienes los adultos ponían a bailar, a beber alcohol y a “jugar”.

“La que perdía se quitaba la ropa y un pelón aprovechaba para tomar fotos y videos; después las llevaban a cuartos. Paul me dijo que no me dejara tocar para que me cotizara y así nos dieran más cosas”, señaló “A”.

El caso llegó a manos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), pero ésta dictaminó que no encontró elemento alguno que implicara al procurador en los abusos y lo exoneró en mayo de 2009. Más aún, el visitador Javier Perlasca Chávez comentó a este medio que las menores “se la habían buscado”… Entonces el asunto llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En cuanto a Coronado, no ha cambiado su postura. Dice que es inocente, pero no ofrece ninguna prueba de su exoneración.

Otro de los delitos que podría perseguir la Fevimtra en el caso de Tomás Coronado se refiere a la trata de personas, pero en Jalisco no se cuenta con una ley especial para ese delito, lo que impide perseguirlo.

La Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas es federal y establece en su artículo 5: “Comete el delito de trata de personas quien promueva, solicite, ofrezca, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una persona por medio de la violencia, física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a explotación sexual”.

Esta ley acaba de reforzarse. El pasado 13 de julio, el presidente Felipe Calderón promulgó las reformas constitucionales para combatir y sancionar la trata de personas. Para eso se incluyó el tema como prioridad en los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución. El Congreso federal tiene un plazo de 180 días para emitir la nueva ley sobre trata de personas que deberán cumplir las autoridades de todos los niveles de gobierno.

Mientras que 14 estados ya cuentan con una ley especial para castigar la trata de personas, en Jalisco el debate está pendiente. Los legisladores locales tienen en la congeladora la correspondiente iniciativa.

Hasta marzo pasado, la Fevimtra tenía 148 averiguaciones iniciadas, 68 resueltas, 31 consignadas, 133 en trámite, y 16 casos en proceso.

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El procurador de Jalisco estuvo en bacanal con menores de edad

El gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, reconoció que el procurador del estado, Tomás Coronado Olmos (en segundo plano), estuvo en una fiesta en la que se habrían cometido abusos sexuales contra menores de edad; sin embargo, insistió en defender a su colaborador

Alega que el funcionario pudo no haberse enterado de que se estaba cometiendo una violación

Sostiene que hay gente interesada en que crezca el escándalo, “pero no hay nada diferente”

Juan Carlos G. Partida (Corresponsal)

Guadalajara, Jal., 10 de enero de 2008. El gobernador Emilio González Márquez finalmente reconoció que el procurador general de Justicia del estado, Tomás Coronado Olmos, estuvo en una fiesta donde, según se denuncio penalmente, hubo prácticas sexuales con menores de edad, una de las cuales fue presuntamente violada por el ex funcionario municipal tapatío Martín Aguirre Aguirre, hoy prófugo.

“Lo que hay detrás de esto es gente interesada en que el tema crezca. Esta creciendo, está bien, están logrando el objetivo, pero no hay nada diferente”, dijo González Márquez, quien puso en duda que las personas que estuvieron presentes en la fiesta donde ocurrió la presunta violación se enteraron de ésta y si las menores que participaron en esas reuniones fueron “ostensiblemente presentadas como menores (…) No sabemos si se enteró (de la violación) porque la respuesta que él da es que no se enteró.

“Podría ser que en este mismo espacio ahora estuviese ocurriendo algún ilícito sin que nosotros nos enteremos, y no nos hace cómplices ni responsables si en estos alrededores se comete algún ilícito por el hecho de estar aquí y no enterarnos. Esa es la pregunta: ¿participó? La respuesta de todo mundo es: no, no participó”, dijo.

En agosto pasado se supo que el procurador Coronado Olmos fue señalado por una menor de edad y su madre como uno de los asistentes a una reunión en la cual la joven fue presuntamente violada por Martín Aguirre Aguirre, entonces funcionario de alumbrado público del ayuntamiento panista de Guadalajara, contra quien se giró una orden de aprehensión cuando ya había huido.

La implicación del procurador se conoció de manera fortuita. El fiscal de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), Marco Antonio Chávez Villegas (adscrito a la Subprocuraduría C), interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco en la que aseguró que fue golpeado y retenido por escoltas del subprocurador estatal, Jorge David Delgadillo Báez, luego que dio entrada a la denuncia de la madre de la adolescente de 16 años supuestamente violada, en la cual ésta señalaba que Coronado Olmos había acudido a esa fiesta, realizada en una granja ubicada en la periferia de Guadalajara.

Fue la primera de varias quejas de hostigamiento. La siguiente fue la del entonces subprocurador C, Víctor Manuel Landeros Arvizu, a quien Coronado Olmos acusó de orquestar una “infamia” en su contra. El 20 de diciembre pasado el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, reveló que Landeros Arvizu presentó una queja porque “tiene un temor muy grande” por su seguridad y la de su familia, luego de haber recibido diversas amenazas. Luego de que el procurador acusó a Landeros Arvizu, éste salió de la PGJE en noviembre porque ya no le renovaron su contrato.

Ya fuera de la Procuraduría, Landeros Arviz le tomó la palabra al gobernador Emilio González Márquez, quien declaró que si alguien presentaba una denuncia directa en contra del procurador se crearía una fiscalía especial, para la cual propuso a Guadalupe Morfín Otero. El ex funcionario presentó la denuncia contra Coronado Olmos y dijo que estuvo en la bacanal.

En respuesta, la PGJE presentó una querella contra Landeros Arvizu, a quien acusó de falsear información y obtuvo una orden de aprehensión, de la que se ha librado el ex subprocurador gracias a un amparo.

Aunque se han acumulado acusaciones y quejas por supuesto hostigamiento contra quienes han insistido en la presencia del procurador en esa reunión, ni el gobernador ni el presidente de la CEDHJ han querido manifestarse en favor de la salida de Coronado Olmos mientras se investiga el caso, como han sugerido otros actores políticos y sociales. En octubre el Congreso rechazó un pronunciamiento para separar del cargo al procurador. Sólo algunos diputados han expresado sus dudas.

El mandatario y los involucrados en este caso forman parte de un grupo formado hace algunos años. En el trienio 2004-2006, cuando el hoy gobernador era alcalde de Guadalajara, Tomás Coronado Olmos fungía como secretario general del ayuntamiento y Martín Aguirre Aguirre, el presunto violador, era abogado en la secretaría general.

Debido al estancamiento de las investigaciones, la organización no gubernamental Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República. Las agraviadas no han querido ponerse bajo la tutela de la procuraduría estatal por temor a represalias.

El Cepad también solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya oficina central en Washington, DC, pidió al Estado mexicano un informe detallado sobre el caso. Más aún, el Cepad presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero el organismo regresó el caso a la CEDHJ.

Este jueves el presidente de la CEDHJ dijo que el expediente completo de la queja se enviará a la cancillería para que sea remitido a la CIDH.