Según ellos, los beneficiarios de ese negocio son dos agrupaciones que presuntamente entregan al menos 20 mil pesos mensuales a los titulares de las direcciones de Comercio en Espacios Abiertos, y de Inspección y Vigilancia para que los dejen vender en una zona restringida.

El emecista Enrique Alfaro Ramírez presumió el pasado 15 de abril en la Universidad de Harvard que con su llegada a la alcaldía de Guadalajara se acabó la corrupción que durante años alentó la proliferación de ambulantes en el primer cuadro de la ciudad, pero los hechos lo desmienten.

Algunos comerciantes inconformes sostienen que existen dos agrupaciones que entregan al menos 20 mil pesos al mes a las direcciones de Comercio en Espacios Abiertos, y de Inspección y Vigilancia del ayuntamiento tapatío para que los dejen vender en una zona restringida.

En su conferencia ante estudiantes de la Harvard Kennedy School, Alfaro Ramírez expuso: “La gente vende en la calle por necesidad, no por gusto. Cuando entramos en el gobierno de Guadalajara, el reglamento municipal establecía la prohibición del comercio informal en el centro histórico de Guadalajara.

“Y había 2 mil comerciantes informales en el centro histórico, a pesar de que estaba prohibido. Lo que hicimos no fue prohibirlo, sino ordenarlo, establecer capacidades de carga, recuperar los espacios públicos, establecer los tipos de giros que se permiten para no tener competencia desleal con el comercio establecido, establecer el inmobiliario urbano que sea compatible con el entorno, que permita generar una política de imagen urbana de nuestro centro.”

Según el alcalde tapatío, el problema del ambulantaje “era el modelo de corrupción que estaba detrás de 2 mil puestos en la calle que no pagaban licencia y entregaban (a los inspectores) por debajo de la mesa más o menos 10 dólares al día por puesto para que no los molestaran.

“Ese modelo es el que no funciona. Ese modelo es el que está detrás del desorden del comercio informal, pero creo que al final de cuentas cualquier gobierno de una gran ciudad en Latinoamérica debe entender que ese tema tiene que enfrentarse con sensibilidad, pero también con determinación.

“… Jamás hubiéramos podido limpiar el centro de Guadalajara y las principales zonas comerciales del comercio informal, lo hicimos en una acción que duró nada más tres días, de golpe y porrazo. Se necesita determinación para hacerlo. Tuve durante tres meses manifestaciones todos los días en palacio municipal, pero es la única forma de hacerlo.”

Las denuncias

Mientras Alfaro Ramírez hablaba ante los estudiantes de la Harvard Kennedy School sobre cómo “fomentar la formalización del empleo sin comprometer el trabajo de los ciudadanos”, en el primer cuadro de la ciudad una decena de ambulantes inconformes mostraban a este semanario los lugares donde funcionarios de la dirección de Inspección y Vigilancia permiten la instalación de ambulantes.

Incluyeron dos puestos ubicados sobre Avenida Javier Mina, entre Cabañas y Vicente Guerrero, justo afuera de la Farmacia Guadalajara, en los que se venden bolsos y accesorios. En la acera de enfrente, afuera de la zapatería Tres Hermanos, mostraron otros tres: uno vende fruta picada y papas fritas, otro coco y el tercero, tejuino. Ninguno tiene las unidades (triciclos y carritos) que otorgó el ayuntamiento para identificar a los que tienen permiso.

Frente al mercado San Juan de Dios, afuera de la zapatería Tato, donde se colocaron dos vendedores, quienes comparten su mercancía en una mesita; uno es atendido por una señora que ofrece cortaúñas a los peatones.

Según los inconformes, los que no respetan el reglamento para Giros Comerciales e Industriales y de Prestación de Servicios –modificado el 22 de febrero de 2016– en esa zona, pertenecen al grupo Paz y Bien Común, que encabeza David Domínguez.

Asimismo, la gente de Teresita González Murillo, líder de los comerciantes ubicados en la cercanía de los templos San Francisco y Aranzazú, por 16 de Septiembre y Revolución, ofrecen alimentos y accesorios para celular sin ser molestados.

En la esquina de Ramón Corona y Avenida Revolución, afuera de un 7 Eleven, una mujer aprovechó el rincón-pasillo –que se conformó a raíz del levantamiento de un muro de láminas que prohíbe el acceso a las obras de la Línea 3 del Tren Ligero– para colocar sobre la banqueta una manta en la que expone su mercancía: audífonos para celular.

Por la misma acera, justo en la otra esquina que conforman las vialidades de Degollado y Revolución, donde está la caseta de los sitios 3 y 12, un hombre ofrece el mismo producto, pero a diferencia de la mujer, tiene una pequeña mesa y usa un bolardo como asiento.

En la confluencia de Ramón Corona y Héroes de la Independencia, frente al jardín de San Francisco, la esquina luce abarrotada de puestos de comida. Son cinco y en ellos se ofrecen tacos, hamburguesas, hot dogs, frituras, fruta picada y aguas frescas.

Eladio Martínez asevera que tramitó su permiso ante el ayuntamiento para vender en el primer cuadro de la ciudad. “Me mandaron de Belisario para allá. Y yo les dije: entonces los que están afuera de la Farmacia Guadalajara por Javier Mina y Cabañas, ¿cómo están trabajando?”

Uno de los funcionarios con los que se entrevistó le dijo que el permiso le saldrá caro: 300 pesos por día.

“Me dijo que ellos estaban apalabriados. Yo les dije que también puedo trabajar apalabriado, pero me dijeron que yo no. Yo les digo a los compañeros cómo a ellos sí (les permitieron trabajar) y a nosotros no.”

Inspectores abusivos

A las personas agrupadas con los líderes mencionados, dice Eladio Martínez, se les permite instalar en zona restringida puesto que dieron “mochada”. “Según me han dicho, Pedro Martínez Ponce, Javier Barragán García y Óscar Villalobos Gámez son los empleados del ayuntamiento que reciben dinero por dejar vender”.

Martínez Ponce es el director de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos. Según la nómina de transparencia, ingresó a laborar al ayuntamiento de Guadalajara a partir de noviembre de 2015; Barragán García es jefe de la Unidad Departamental B, en la Dirección de Tianguis, desde octubre del año pasado, y Villalobos Gámez es director de Inspección y Vigilancia, también desde octubre.

Según Eladio, cuando le cuestionó a Barragán García por qué permitían la instalación irregular de puestos, éste le respondió: “¡Investígalo!”.

David Guzmán, otro comerciante, comenta que los puestos que protege Domínguez en las calles de Javier Mina y Cabañas venden piratería, pese a que el ayuntamiento prohibió la venta de esos productos. Nadie los molesta, dice; tampoco a los ambulantes que lidera Teresita González, quien estuvo vetada, ahora tiene cinco puestos grandes cerca de los templos de San Francisco y Aranzazú.

“A mí, en cambio, me han puesto ocho multas. Las policías se ponen muy prepotentes. Me jalan, me corretean y, al igual que los que no nos plegamos a los representantes del ayuntamiento, nos quitan la mercancía.”

Florentino Eduardo Alarcón Marín, quien muestra una credencial que lo acredita como comerciante ambulante desde 1980, señala que no lo dejan trabajar para ganarse la vida honradamente. Hoy, dice, nadie le da empleo por ser de la tercera edad.

Irma Sánchez Rivera se queja de los inspectores como Víctor Mario Robles Gómez, quien califica a los ambulantes de delincuentes. Es irónico, dice, pues afuera del mercado Libertad, mejor conocido como San Juan de Dios, algunos transeúntes son asaltados a plena luz del día y en presencia de los uniformados.

Abelardo Almaraz, la secunda. Dice que los policías municipales, en lugar de cuidar la zona y atrapar a los ladrones, corretean a los ambulantes. Suelen quitarles su mercancía y les cobran mil 500 pesos por recuperarla. Eso no les conviene porque a veces, dice, lo que les decomisan no vale ni 600 pesos.

De noviembre a la fecha, Sánchez Rivera ha sido multada 40 veces. “Nos están chingando –relata–. Cuando estamos en las jardineras nos preguntan qué estamos haciendo; la calle es libre, pero ellos (los inspectores) llegan, te basculean y te quitan la mercancía”.

Antonio Orendáin, comerciante desde hace 30 años, recuerda que hace una década le asignaron uno de los locales del centro comercial subterráneo de Plaza Guadalajara, ubicado frente al palacio municipal.

“Estábamos como ratas, sólo nos mirábamos los compañeros porque ahí no se paraba ningún cliente. Ahora no nos permiten vender. Y a quienes les dieron permiso, ni siquiera tienen antigüedad”, asegura.

Orendáin es quien tiene más multas acumuladas en los últimos cinco meses: 80; incluso fue arrestado el 25 de noviembre pasado. “Me llevaron a la cárcel y me exhibieron como si fuera El Chapo. Me llevaron nada más porque estaba platicando, ni siquiera estaba vendiendo. Era ilógico que yo pudiera vender si estaban todas la autoridades ahí, pero los policías quisieron lucirse ante su jefe”, apunta.

El día en que lo arrestaron, cientos de ambulantes cerraron el cruce céntrico de Juárez y Calzada Independencia, frente al mercado de San Juan de Dios, para presionar al ayuntamiento y pedirle autorización para vender su mercancía. Policías estatales y municipales arremetieron contra ellos. Les arrojaron gases lacrimógenos hasta que los desalojaron.

Los afectados insisten en que los permisos que otorgó el ayuntamiento beneficiaron principalmente a los allegados o familiares de David Domínguez, y a otro dirigente al que sólo identifican como Gabriel.

En enero, dicen a la reportera, el ayuntamiento avaló la instalación de 208 comerciantes en las calles del centro de Guadalajara, bajo un nuevo esquema. Ahí hay vendedores de flores, semillas, verduras cocidas, fruta fresca picada, nieves y raspados artesanales, así como artesanías regionales y productos elaborados a mano, repostería artesanal, dulces y juguetes típicos

También hay artistas que elaboran dibujos, esculturas, fotografías, boleros, pajaritos que leen la suerte, toques eléctricos y se permite la presentación de artistas y músicos, y la venta de periódicos, libros, revista y boletos de la lotería de las 9:00 a las 17:00 horas.

Proceso Jalisco visitó las inmediaciones de San Juan de Dios y la zona de los dos templos el 15 y 16 de abril y observó que algunos de los puestos son irregulares y no respetan el horario.

Deslindes

Pedro Martínez Ponce, director de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos, y Óscar Villalobos Gámez, director de Inspección y Vigilancia, comentan a la reportera que ellos no reciben “mochadas” de los ambulantes, incluso invitan a los inconformes a presentar su denuncia ante la Contraloría municipal por los presuntos actos de corrupción.

En entrevista con Proceso Jalisco, Martínez refiere que en la calle de Javier Mina, entre Cabañas y Vicente Guerrero, no se permite el comercio informal. Quienes venden ahí sus mercancías, dice, lo hacen a escondidas.

Cuando la reportera le comenta que en ese espacio los ambulantes incluso instalaron puestos y están ahí nueve horas al día, el funcionario asegura que “en ese caso es un tema que tiene que ver con el área de Inspección y Vigilancia”, cuya función es “revisar todo el comercio en la vía pública; que los comerciantes cumplan las disposiciones y reglamentos de gobierno correspondientes”.

Al preguntarle si los puestos de comida que se encuentran en la esquina de Ramón Corona y Héroes de la Independencia cuentan con autorización, Martínez responde: “Creo que no hemos entregado permisos por ahí, salvo que se haya refrendado alguno”.

Aclara que la función de la dirección que él encabeza es otorgar los permisos de venta a los comerciantes informales y designarles el espacio donde deben instalarse.

Por su parte, Villalobos Gámez comenta: “Es probable que tengan permiso, y si hay alguna irregularidad la atacamos”. Y sobre los comerciantes ambulantes que están en la calle Javier Mina, entre Cabañas y Vicente Guerrero, “están en la raya del polígono de la zona de intervención especial”, sostiene.

Con relación a los puestos de comida ubicados en la esquina de Corona y Héroes de la Independencia, admite que tienen permiso para estar sobre esta última vialidad. No obstante, asegura que “es un estira y afloja cotidiano” porque ellos se expanden cada vez más hacia Ramón Corona.

También comenta que cuenta con 60 inspectores por turno que cubren un perímetro de 100 hectáreas para controlar el ambulantaje.  

Gloria Reza, Proceso