La propuesta fue hecha por la Junta de Coordinación Política, tras el planteamiento presentado por el coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Gildardo Guerrero Torres. El documento que se sometió a votación fue avalado por los líderes parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Castro Reynoso; Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich; de la Revolución Democrática (PRD), Enrique Velázquez González, y del Verde Ecologista de México (PVEM), Jesús Palos Vaca.
En la sesión plenaria, el panista Guillermo Martínez Mora intervino para pedir que se cuidara que se dejaran a salvo los derechos de Alonso Godoy, mientras que Alberto Esquer, legislador del blanquiazul, afirmó que “ante los diversos escándalos de corrupción de los que el ciudadano Alonso Godoy ha sido objeto, esta Legislatura ya debe poner un alto”.
En la exposición de motivos del punto de acuerdo, se señala que la Auditoría Superior y su titular, Alonso Godoy Pelayo, “en complicidad y franco encubrimiento de legislaturas anteriores”, han llevado al “descrédito” y la “nula confianza” de los ciudadanos hacia el órgano fiscalizador y al mismo Poder Legislativo.
Agrega que en torno al auditor ha habido “una larga letanía de acusaciones”, así como “señalamientos ciudadanos, denuncias de los organismos no gubernamentales e investigaciones periodísticas” que dejan en claro que “Alonso Godoy Pelayo debe dejar el cargo como auditor, ya sea como consecuencia de una resolución judicial o como una cuestión de ética por pérdida de confianza”.
En el documento también se señala que “es necesario replantear el diseño actual del organismo encargado de auditar la correcta y justa aplicación de los recursos por parte de los entes públicos”, y que sean los ciudadanos a quienes se les conceda la facultad constitucional de elegir al titular de la Auditoría Superior “a fin de que no existan más renglones torcidos en la instancia creada precisamente para verificar el recto cumplimiento de las obligaciones financieras del poder público en Jalisco”.
Fuente; Sonia Serrano Iñiguez, Milenio