Desde 2016, las hermanas Sandra y María de Gracia Hernández Fonseca denuncian que quedaron fuera de su empresa tequilera Centinela y Cabrito, a pesar de tener una participación mayoritaria de 66%. Afirman que son “víctimas de la corrupción de jueces y abogados”, tras el juicio que interpuso su hermano José de Jesús en su contra: “El Juzgado Sexto Mercantil emitió cuatro medidas cautelares provisionales, que nos dejaron sin las empresas. Mi hermano contrató a un abogado tramposo y las cuatro medidas cautelares fueron emitidas por el mismo juez… algo increíble. Nos fuimos al amparo, pero el caso se dejó en el cajón”, relata Sandra, quien pide el apoyo de las autoridades estatales y federales, “hemos sido ignoradas por todos, pero hay muchas familias que se han visto igual de afectadas”.

El caso de las hermanas Hernández Fonseca no es un juicio aislado, subraya Marco del Toro, abogado penalista. Dice que en Jalisco existe una “mafia” que se ha permeado en el Poder Judicial, por conducto de estas medidas cautelares, “que no están previstas en la Ley Civil, Penal ni Administrativa, que tienden a ser un mecanismo de extorsión”.

Mientras las cúpulas empresariales del Estado exigen que se combata la corrupción en este Poder (representadas por Mauro Garza, de Coparmex; Xavier Orendáin, presidente de la Canaco, y Rubén Masayi González Uyeda, del Consejo de Cámaras Industriales), Marco del Toro remarca que en estos casos siempre intervienen los mismos abogados y jueces. “Esta red se construyó por jueces y magistrados corruptos que se valen de abogados sin escrúpulos para que les sirvan de peones”.

En las irregularidades, explica, la Oficialía de Partes también es clave, principalmente en los Juzgados Civiles, Mercantiles y Penales, así como en el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE). “Están controladas y amañadas”, con la intención de que los casos sean dirigidos.

“En el caso del Tequila Centinela -indica Del Toro-, vemos que 66% de la sociedad se ve maniatado por el 33%. Le entregan todo al 33%. Hasta con el uso de la fuerza pública sacaron a las hermanas que tenían la mayoría. Esas medidas cautelares son ilegales”.

Acentúa que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece cuáles son las medidas cautelares; por ejemplo, la prisión preventiva, no salir de una demarcación territorial y el uso de brazalete, entre otras. “No existen las medidas cautelares como las que se otorgan en Jalisco”.

Oficialía de Partes, origen de anomalías en Poder Judicial

Las hermanas Sandra y María de Gracia Hernández Fonseca piden el apoyo de las autoridades estatales y federales. Son víctimas de las “redes de corrupción” en el Poder Judicial de Jalisco.

Forman parte de la familia propietaria de las marcas tequileras Centinela y Cabrito. “En 2008 murió mi papá -explica Sandra-, quien nos heredó en partes iguales a sus tres hijos (Sandra, María de Gracia y José de Jesús). Sin embargo, en 2015 empezaron los problemas, cuando descubrimos que mi hermano nos robaba el agave”.

La sorpresa fue mayor, recuerda, cuando en 2016 se les revirtió todo: “El Juzgado Sexto Mercantil emitió cuatro medidas cautelares provisionales, que nos dejaron sin las empresas. Mi hermana y yo somos dueñas de 66% del Tequila Centinela y Cabrito (entre otras empresas), pero mi hermano contrató a un abogado tramposo y las cuatro medidas cautelares fueron emitidas por el mismo juez. Desde entonces nos sacaron de las empresas. Lo increíble es que los cuatro casos cayeron con el mismo juez... mi abogado me dice que eso es imposible. Nos fuimos al amparo, pero el caso se dejó en el cajón”.

Remarca que en la pasada administración acudieron al Palacio de Gobierno de Jalisco para solicitar apoyo, pero fueron ignoradas. También acudieron a instancias federales y se repitió el trato, incluso con institutos defensores de los derechos de las mujeres. “Mi caso no se mueve, pero nadie nos ayuda. ¿Cómo es posible que mi hermano, con una tercera parte, nos dejara sin nada? Hemos pedido que cambien de juez, pero tienen ‘secuestrado’ el caso. Muchas familias se han visto igual de afectadas por los mismos abogados y jueces”.

Estima que la empresa tequilera está conformada por más de mil trabajadores directos y dos mil indirectos. “Ese personal es solamente de la empresa del tequila, pero han corrido gente, han deteriorado a la empresa con estas prácticas dilatorias para resolver el juicio. Si el juez hiciera lo correcto, ya nos hubieran regresado las empresas y levantado las medidas cautelares. Estamos siendo víctimas de la corrupción de jueces y abogados”.

Afectan a constructores

Otro ejemplo de anomalías es un centro comercial que se estaba construyendo y lo paralizaron a través de medidas cautelares. Marco del Toro detalla el caso: “Aquí rentaron una casa adjunta y, con una medida cautelar, extorsionaron al empresario del centro comercial. Lo que hacen es que el centro va a la mitad de la construcción, se renta una casa cercana, denuncian daños en la vivienda, sacan una medida cautelar que impide la construcción del centro comercial y extorsionan al empresario obligándolo a pagar fuertes cantidades de indemnización por supuestos daños en la vivienda o temas de medio ambiente. Y siempre son un tal Soto (Juan Carlos Soto)  y un tal Cárdenas, que son los abogados que generan estas extorsiones”.

Ante las irregularidades, Del Toro subraya que la Fiscalía de Jalisco debe procesar penalmente a los jueces y abogados que intervienen en esta cadena. Por su parte, el Consejo de la Judicatura debe destituir a los juzgadores involucrados. “Y el Gobierno del Estado debe, desde sus atribuciones, evitar que estos aspectos sucedan. Donde existen estos patrones es con el juez Sexto de lo Mercantil, con el juez Octavo Penal, con el juez Onceavo Penal. Y lo más grave, hay quienes manejan las Oficialías de Partes”.

Práctica común

La situación que padecen las hermanas Hernández Fonseca no es un caso aislado, sostiene Marco del Toro, abogado penalista, quien acentúa que en el Estado de Jalisco se ha generado una “mafia” que se ha permeado en el Poder Judicial.  “Han logrado dictar medidas cautelares que no están previstas en la Ley Civil, Penal ni Administrativa, que tienden a ser un mecanismo de extorsión”.

Tras su experiencia, detalla tres patrones que evidencian las irregularidades.

Primero: “En estos casos siempre intervienen los mismos abogados y los mismos jueces y magistrados (relacionados). Esta red se construyó por jueces y magistrados corruptos que se valen de abogados sin escrúpulos para que les sirvan de peones”.

Segundo: “El otro patrón es la Oficialía de Partes. Sin ésta no podrían garantizar que los juicios lleguen a los mismos jueces y magistrados. Esto implica que hay Oficialías de Partes en los Juzgados Civiles, Mercantiles y Penales, así como en el Tribunal de lo Administrativo (TAE), que están controladas y amañadas”.

Tercero: “Siempre presentan las solicitudes de medidas cautelares, violando jurisprudencia y leyes”.

Todo este fenómeno, recuerda, comenzó en el TAE para las cuestiones de obras o edificios, “con la intención de frenar las obras o extorsionar a los empresarios. Luego se pasaron a los Juzgados Mercantiles y Penales, así empezaron a otorgarse medidas para efectos como el caso del Tequila Centinela, en donde 66% de la sociedad se ve maniatado por el 33%. Le entregan todo al 33%”.

Afirma que esas medidas cautelares “son  ilegales”. “Una medida cautelar real es para resguardar un derecho. Pero en este caso, otorgan estas medidas no para resguardar un derecho… lo hacen construyendo derechos, como el caso Centinela, donde le dan al 33% la administración de la sociedad cuando no la tenía, de tal suerte que lo perpetúan en el tiempo, que riñe con el carácter provisional de una medida cautelar. ¿A quién impactan? A desarrolladores y particulares, hay una red que genera millones y millones de pesos a través de extorsiones, se dan pagos seguramente en efectivo, por lo que se da el lavado de dinero y delincuencia organizada”.

Remarca que el caso del Guadalajara World Trade Center es otro juicio similar. “No es un problema aislado, es general. Los jueces relacionados la libran porque el sistema se pervierte. Primero sacan la medida cautelar, luego presentan los amparos blindaje, que son una barbaridad porque se trata de demandas de amparo con hechos falsos, en donde van y dicen que quieren  promover amparos en contra del mismo juez que da la medida cautelar ‘porque lo presionaron y lo van a retirar’. Pero esto es, obviamente, con el acuerdo del mismo juez (que emitió las medidas). Mienten en la demanda de amparo para obtener una suspensión, de tal suerte que cuando la víctima real promueve su propio amparo se da cuenta que ellos tienen una suspensión que blinda su medida, y siempre parte de los mismos hechos falsos. En los expedientes siempre plantean este tipo de amparos con hechos falsos. Es el siguiente eslabón en la cadena”.

El Informador