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Miércoles, 21 Febrero 2024 09:54

Pagan por la Villa solo 7.9%

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El pretexto del gobernador Enrique Alfaro Ramírez para vender los derechos sobre la Villa Panamericana y que ésta fuera utilizada para vivienda era la recuperación de los recursos estatales que ahí se invirtieron.

Sin embargo, a unos meses de que termine su gestión, los desarrolladores que la adquirieron han pagado menos de 8 por ciento del dinero que deben recibir los institutos de Pensiones del Estado (Ipejal) y Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi) por el inmueble.

Al responder a una solicitud de información sobre los pagos que los desarrolladores del ahora llamado fraccionamiento Avaterra han hecho, el Ijalvi dio a conocer que se le han entregado siete abonos que suman 70 millones 870 mil 303.65 pesos. El primer pago a este organismo se hizo en 2020 por un monto de 30 millones de pesos (mdp). Los siguientes abonos llegaron hasta 2022, cuando hubo tres pagos que suman 18.4 mdp, y luego en 2023 se registraron otros tres por un monto de 22.4 mdp.

Por su parte, el Ipejal informó vía transparencia que los desarrolladores le han pagado 48 millones 446 mil 869.09 pesos desde que se firmó el convenio y hasta la fecha. La primera transferencia la recibió también en 2020 y fue por 20 mdp, y luego no hubo más hasta 2022, cuando se le hicieron tres pagos que suman 12.3 mdp. Para 2023 se le realizaron otros cuatro por un monto total de 16.1 mdp.

En agosto de 2019, El Diario NTR Guadalajara dio a conocer que Ipejal e Ijalvi firmaron un convenio con la empresa Green Life Capital, SAPI de CV, para que esta última se quedara con el inmueble en el que fueron albergados los deportistas de los Juegos Panamericanos 2011 y lo destinara a vivienda. Como respuesta, el gobernador Enrique Alfaro declaró: “Las villas se hicieron hace muchos años, ahí están tiradas y se hicieron con el dinero de los trabajadores del estado. A mí me corresponde como gobernador ayudar a rescatar Pensiones. Tenemos que rescatar la inversión que se hizo de manera injustificada”.

Cuando se construyó la Villa Panamericana, la empresa Grupo Corey, que ganó la licitación, aportó los terrenos, mientras que el Ipejal entregó 340 mdp y el Instituto de Promoción de la Vivienda del Estado (hoy Ijalvi), otros 860 mdp; sin embargo, en el convenio firmado en 2019 entre las dos instituciones y la empresa Green Life Capital se acordó el pago de mil 500 mdp, de los que mil 5 mdp serían para el Ijalvi y 495 mdp para el Ipejal. Lo anterior significa que a lo largo de más de cuatro años la empresa desarrolladora ha pagado a las instituciones públicas apenas 7.9 por ciento de los recursos comprometidos.

PLAZOS, POR TERMINAR

El 18 de julio de 2019, las instituciones estatales y la compradora de la Villa firmaron un convenio marco en el que se determinó que la empresa pagaría a las instituciones públicas en un plazo de cuatro años que culminaba el 31 de agosto de 2023. Además, se estableció que la empresa debía entregar un anticipo de 200 mdp y luego hacer pagos trimestrales hasta cubrir el total.

Después, el 17 de diciembre de 2020, desarrolladores e institutos firmaron un “convenio modificatorio al convenio que regula la reestructuración financiera del complejo inmobiliario denominado Villa Panamericana (también conocido como Villa Bosque)”; sin embargo, en este documento, entregado vía transparencia a El Diario NTR Guadalajara y luego publicado en la página web del Ipejal, se ocultan los montos de anticipo que se debían pagar a Pensiones e Ijalvi.

Lo que sí precisa ese convenio es un nuevo plazo fatal para los pagos: 30 de junio de este año, aunque con la posibilidad de que se amplíe al 30 de septiembre con el pago de intereses moratorios.

El mismo documento indicaba que el desarrollador entregará a los organismos 85 por ciento del total de los ingresos de las ventas de departamentos de los edificios E1 y E3 con sus respectivos cajones de estacionamiento, mientras que la empresa se quedará con 15 por ciento. También se precisa que la empresa Green Life Capital deberá pagar los ingresos de las ventas de las unidades dentro de un plazo que vencía el 31 de diciembre de 2023 y, en caso que los recursos no alcancen, la empresa quedaba obligada “con sus propios recursos a pagar el diferencial correspondiente” en esa misma fecha. De no hacerlo, se generarían intereses.

Según el acuerdo, si al 30 de septiembre la empresa no paga a los organismos, deberá entregar los departamentos que no se hayan vendido o cualquier otro bien que forme parte de su patrimonio; sin embargo, el 9 de diciembre se firmó un nuevo convenio que dio por terminado el anterior, aunque ratifica como fecha final del contrato el 30 de junio próximo.

También se fijan como plazos de pagos los meses de julio de 2022, así como enero y julio de 2023 y enero de 2024. Según todos esos documentos, hasta antes del convenio Ijalvi era propietario de 45 por ciento del desarrollo inmobiliario; Ipejal, de 30 por ciento; Consorcio Inmobiliario Arenal del Bosque, de 16.3 por ciento, y Creaciones del Bajío, de 8.6 por ciento.

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