Raquel Gutiérrez Nájera, académica y directora del Instituto de Derechos Ambiental, destacó que la ley orgánica en su artículo 40 puntualiza que el titular de la Proepa, al ser un órgano desconcentrado, debe contar con un título profesional en materia ambiental o tener probada experiencia en temas de medio ambiente, por esta designación no cumple con el criterio.

Consideró que Iker Frangie Martínez Gallardo debió, por ética profesional, rechazar el cargo, pues no corresponde con su currículum, al ser abogado inmobiliario que defiende los intereses de las empresas desarrollistas.

Además de lo anterior, la designación es resultado del amiguismo en la administración pública, pues es hijo de su compañero de partido, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie-Saade.

El rechazo de las organizaciones, dijo la especialista, no es un tema personal y ni tiene fines políticos, solo el objetivo de defender el patrimonio de todos los jaliscienses a través de sus instituciones. Gutiérrez Nájera puntualizó que prepararse en materia de derecho ambiental es un trabajo de muchos años, que requiere de conocimiento nacional e internacional, y “no cualquier persona” debería llegar a ese cargo.

Además, el nombramiento ha llamado la atención debido a que Iker Frangie es fundador de un despacho jurídico especializado en derecho inmobiliario, un área que no está directamente relacionada con la protección ambiental, principal misión de la Proepa.

Por si fuera poco, Iker Frangie, quien ya está activo en la nómina del gobierno estatal, estará percibiendo un sueldo de 45 mil 219 pesos a la quincena, es decir, 90 mil 438 mensuales.

Hasta el momento, el gobierno de Jalisco no ha emitido hasta ahora un posicionamiento sobre los criterios utilizados para designar a Frangie hijo al frente de la Proepa.