El titular de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco, Gerardo de la Cruz Tovar, aseguró que la investigación que iniciaron en marzo pasado sobre las posibles omisiones de servidores públicos en torno al Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, no está archivada, sino que desde el pasado 30 de abril están en espera de que avance el proceso judicial en contra de la presunta responsabilidad de, al menos, 12 funcionarios.

"Revisamos todo el proceso de las personas que intervinieron en esta investigación y encontramos una probable responsabilidad de por lo menos 12 personas.

Entre ellos hay cuatro peritos, cinco policías investigadores, dos agentes del ministerio público y un director.

Nosotros llevamos esto ante el juez desde el día 30 de abril, estamos en espera de audiencia. Desde luego que para nosotros no es un asunto terminado, no es un asunto archivado, está ahí, en instancia judicial, en espera de que nos cedan la audiencia", indicó.

En tanto, de la Cruz Tovar rechazó que se trate de "chivos expiatorios", como aseguró la abogada de los señalados, pues afirmó que las investigaciones se realizan de forma objetiva, aunque puedan generar tensiones interinstitucionales.

Advirtió que los servidores públicos no fueron "exhaustivos" en su trabajo con relación al campo de entrenamiento y exterminio del Cártel Nueva Generación.

El delito en el que presuntamente incurrieron es el de abuso de autoridad en la modalidad de negarle el acceso a la justicia a las víctimas, añadió. "Lo que nosotros identificamos en esta investigación que se practicó, es que no fueron exhaustivos.

Les faltó llevar a cabo algunos actos que les tocaba hacer como peritos. Incluso, ellos han llegado a manifestar: 'nosotros únicamente hacemos lo que el ministerio público nos pide', pero esto no es así […].

Los peritos, que son peritos de criminalística de campo, donde el ministerio público les dice que procesen el lugar de los hechos, entonces su labor debe ser más amplia, y no les va diciendo el ministerio público qué hagas o qué dejes de hacer.

Por lo tanto ahí los expertos son ellos y hay protocolos que se deben seguir en ese tipo de investigaciones. Si se omite algo, se está cometiendo un delito", señaló. El fiscal anticorrupción no descartó que se investigue al fiscal estatal durante la administración anterior, Luis Joaquín Méndez, pero la investigación inicial arrojó que hasta ahora estos 12 servidores públicos cometieron omisiones en el caso del rancho.