Guadalajara  • Hace ocho años, el Congreso del Estado de Jalisco tenía una nómina que costaba 220.7 millones de pesos al año. Según su último presupuesto aprobado, para 2012 el pago de servicios personales superará los 553.68 millones de pesos; esto representa que tan sólo en las últimas tres legislaturas ha crecido más de 150 por ciento el costo de la burocracia en el Poder Legislativo.

Además, sin que sea un Congreso de mayor utilidad para los jaliscienses, también ha elevado considerablemente su costo total. De los 306.51 millones de pesos que tenía de presupuesto en 2004, para este año se calcula que al menos gastarán 675.94 millones de pesos; esto es, un incremento de más de 120 por ciento.

Si se toma en cuenta los datos de 1995, el disparo es mayor. Ese año, el presupuesto del Congreso de Jalisco fue de 23.5 millones de pesos, mientras que la nómina ascendía a 112 plazas laborales. Ahora hay más de mil empleados (ni los propios legisladores saben cuántos son) y el presupuesto total suma 675.94 millones de pesos, lo que habla de un incremento de 2776.34 por ciento.

La falta de transparencia en torno al costo real del Congreso del Estado y, sobre todo, de la nómina, ha impedido clarificar realmente cuánto cuesta la operación del Poder Legislativo. Esto, porque además del gasto anual, cada ejercicio se incrementan sus pasivos.

Hace dos legislaturas, todavía a los diputados les alcanzaba su presupuesto. En 2004, la diferencia entre lo que se presupuestó y lo que finalmente se gastó fue apenas de cerca de 6 millones de pesos más, lo que representó menos de 2 por ciento de exceso en el gasto. Al año siguiente, los diputados se ajustaron a lo programado e incluso les sobró un millón de pesos. Los problemas comenzaron en 2006, cuando ya los recursos ejercidos rebasaron en más de 18 por ciento el presupuesto, con un crecimiento de más de 68 millones de pesos y, al año siguiente, gastaron en exceso 77.4 millones, es decir, 16 por ciento más.

A partir del año siguiente, en 2008, ya con la LVIII Legislatura, los problemas financieros del Congreso fueron en aumento. Ese año, los diputados dispusieron de 108.5 millones de pesos adicionales a lo programado. El gasto se disparó en 2009, con 221.6 millones de pesos adicionales, que representaron 35.7 por ciento de incremento.

La cuenta pública del Poder Legislativo de 2009 fue enviada por la Auditoría Superior con cargos por 280.6 millones de pesos; sin embargo, el pleno del Congreso del Estado decidió devolverla al órgano fiscalizador, luego de que la Junta de Coordinación Política determinó que no había fundamento para las irregularidades.

Ese año también fue revisado por la empresa Russell Bedford, que encontró diversas anomalías. Uno de los señalamientos es el gasto de más de 189 millones de pesos a través de las fracciones parlamentarias. Esta partida era inicialmente de 44 millones de pesos, mientras que los diputados reportaron que se ejercieron 84.6 millones de pesos; sin embargo, conforme se continuaron las revisiones se halló que los ex coordinadores parlamentarios decidieron que los recursos de diferentes partidas se distribuyeran entre las bancadas, hasta alcanzar los 189 millones de pesos.

Fue también ese año cuando los coordinadores parlamentarios, sobre el final del ejercicio, se dieron un bono especial. Quien fuera líder del Partido del Trabajo (PT), Alfredo Zárate, recibió en su cuenta personal 4.5 millones de pesos; el líder del Partido Nueva Alianza (Panal), Guadalupe Madera, 3.5 millones de pesos, mientras que el ahora presidente municipal de Etzatlán y candidato a diputado local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Manuel Vélez Fregoso, cobró 4.5 millones de pesos, a pesar de que ya había pedido licencia para separarse del cargo de diputado.

También en 2009 fue cuando los coordinadores parlamentarios entregaron al auditor superior, Alonso Godoy Pelayo, 6.5 millones de pesos adicionales a su salario, sin que todavía se explique bajo qué concepto. Entre el cierre de 2009 y el comienzo de 2010, el suegro del auditor superior, Alfredo Vargas Padilla, cobró cinco millones de pesos, sin aparecer en el padrón de proveedores del Poder Legislativo.

Para 2010, los diputados ejercieron más de 52.7 por ciento de lo que se había presupuestado, con un gasto en exceso de 282.7 millones de pesos. Pero además, ni siquiera eso fue suficiente, ya que tuvieron que pedir un préstamo de 70 millones de pesos al Sindicato de Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUdeG), para pagar los salarios y prestaciones de los trabajadores.

En 2011, los diputados disponían de un presupuesto de 536 millones de pesos, que tampoco fue suficiente. Al mes de octubre, ya se habían gastado 593 millones de pesos y tenían adeudos por más de 103 millones de pesos. Esto motivó que en noviembre dejaran de pagar salarios y los trabajadores fueran a un paro. Se resolvió con créditos que nunca fueron transparentados sobre su monto y origen, y con el intercambio de la aprobación del Presupuesto de Egresos de 2012 del gobierno del estado y la Ley de Información Pública, por 180 millones de pesos que les han sido descontados a lo largo de lo que va de este año.

Algunos Ni siquiera van a trabajar

Actualmente no existe un método a través del cual se pueda definir cuál es el rendimiento de un diputado. Aunque algunas veces se contabilizan las intervenciones que tienen en tribuna o el número de iniciativas que presentan, los mismos legisladores advierten que no es una forma correcta, pues las participaciones en los plenos pueden ser también para bloquear iniciativas y la mayor parte de las propuestas que se presentan son peticiones para girar oficios, enviar exhortos o pedir información a otras áreas de gobierno.

Entre los más participativos, si se toma en cuenta la cantidad de iniciativas presentadas, están la diputada priista con licencia Rocío Corona y el panista Héctor Álvarez.

Otro factor que puede servir, es el nivel de asistencia a los plenos. Esto, porque la única exigencia que marca la ley a los diputados es asistir a los trabajos en comisiones y a las reuniones de la asamblea. En la página web del Congreso del Estado, hay un seguimiento de la presencia de los diputados desde febrero de 2010 hasta enero de este año. En éste, se da cuenta de que en los 23 meses se llevaron a cabo 91 sesiones plenarias, entre ordinarias, extraordinarias y solemnes. El rey de los faltistas es el panista Abraham González Uyeda, quien no acudió a 23 plenos, es decir, a una cuarta parte de las sesiones a las que estaba obligado.

Le sigue el también panista Isaías Cortés, con 18 faltas; Olga Araceli Gómez,  del Partido de la Revolución Democrática, con 17; los también panistas Ramón Guerrero, con 15; José María Martínez, con 14; Alfredo Argüelles, con 13 y Juan Pablo Cerrillo con diez; así como el priista Sergio Chávez, con 11.

Los más cumplidos en ese periodo fueron el perredista Raúl Vargas y el priista Jesús Casillas, que asistieron a todas las sesiones; la priista Noa Acosta, con una sola falta y la profesora Ana Bertha Guzmán con dos.