Luego de que el Gobierno de Tequila clausuró la fábrica de José Cuervo por la supuesta falta de pago del impuesto predial y de licencias de construcción, urbanización y operatividad, esta mañana ambas partes llegaron a un acuerdo, con la mediación del Gobierno del Estado y la Federación, para garantizar que la empresa continuará funcionando con normalidad.

Argumentando que existían adeudos, el Ayuntamiento de Tequila clausuró la fábrica y policías municipales tomaron las instalaciones. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad estatal y Protección Civil del Estado tomaron el control ante el riesgo de explosión si se detenían las calderas, como pretendía personal de la dirección municipal de Inspección y Vigilancia.

El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, explicó que la empresa consideró que el impuesto predial que buscaban cobrarle, de 60 millones de pesos, estaba "sobrevaluado", pues era mucho mayor a lo que pagaban en años anteriores.

Ante la falta de pago, el Gobierno municipal se negaba a renovar las licencias. En tanto, tras una reunión celebrada esta mañana en Palacio de Gobierno, representantes de José Cuervo y el alcalde Diego Rivera Navarro se comprometieron a llevar a cabo acciones administrativas para solucionar, con certeza jurídica, el conflicto.

Por un lado, el municipio emitirá una resolución para definir con claridad el área urbana del terreno y actualizar la información catastral correspondiente.

Por su parte, la empresa atenderá las obligaciones fiscales del impuesto predial y las licencias de urbanización. El Gobierno de Jalisco, mientras tanto, brindará acompañamiento en la gestión de trámites ante el Registro Público de Propiedad.

Por su parte, el alcalde, a través de un video compartido en sus redes sociales, agradeció a la empresa, al Gobierno del Estado y la Federación, a través de la Secretaría de Gobernación, el haber llegado a un acuerdo, y aseguró "que ya se van a hacer los pagos pendientes en Tesorería".

Representantes de la empresa Cuervo y el alcalde morenista de Tequila, Diego Rivera Navarro, llegaron a un acuerdo para que el pago de licencias municipales, de operatividad, construcción e impuesto predial de la compañía, sea de casi una tercera parte de los 60 millones de pesos que el ayuntamiento exigía y cuyo incumplimiento llevó a la clausura, por un par de horas, de la planta Cuervo 1800.