Al llegar, se enteró el motivo: forma parte de la lista de 320 trabajadores que serán dados de baja, por lo que recibió la oferta de cobrar seis meses de su salario y las partes proporcionales de aguinaldo y vacaciones.

Esta situación motivó que ayer, hasta el cuarto día de negociaciones por el recorte de personal en el Congreso, la líder sindical citara a una asamblea en el patio central del Palacio Legislativo, que se declaró en sesión permanente. En la reunión, estuvo acompañada por el líder estatal de los burócratas, Juan Pelayo Ruelas, quien dijo a los trabajadores que aquellos a quienes les convenga, pueden aceptar libremente la negociación, pero a quienes quieran conservar su trabajo, les recomendó que no firmaran las renuncias.

Los diputados locales aprobaron una lista de 320 trabajadores de base que serán dados de baja. La presidenta de la Comisión de Administración, Celia Fausto Lizaola, aseguró que esta instancia no definió los nombres, pero sí los criterios; mencionó que la lista está integrada por los aviadores, es decir, los trabajadores que cobran y no acuden a laborar; los que fueron basificados de manera ilegal en la pasada Legislatura, así como aquellos que tienen salarios que no corresponden a sus funciones.

La lista fue elaborada por los coordinadores parlamentarios, quienes luego la pasaron a sus respectivas bancadas para que la revisaran.

En los últimos días, el secretario general del Congreso, Marco Antonio Daza Mercado, se encarga de llamar a los directores de cada área para pedirles que envíen a los trabajadores que serán despedidos al edificio Juárez, ubicado en la confluencia de la avenida que lleva ese nombre y la calle Corona.

Algunos trabajadores que han sido llamados relataron ayer ante sus compañeros que simplemente se les informa que serán dados de baja y que a cambio recibirán el doble de lo que les corresponde de indemnización, es decir, seis meses de su salario, así como las partes proporcionales de sus prestaciones laborales. A quienes no aceptan, se les aclara que en la siguiente sesión se bajará la oferta, además que de cualquier forma su plaza desaparecerá. En general, les ofrecen llegar a un buen arreglo y no ir a un largo pleito jurídico.

Entre los trabajadores que han sido llamados está Irene Trejo, quien durante la pasada Legislatura recibió un incremento salarial de 150 por ciento, además que participó en la basificación ilegal de empleados, con al menos 20 plazas para personas cercanas a ella, incluida una hermana.

Ayer, Irene Trejo cuestionó ante los trabajadores a los diputados, quienes dijo hablan de crisis económica y despiden a los empleados que tienen muchos años y, en cambio, están contratando personal eventual, además de cobrar los 92 mil pesos mensuales que les corresponden como apoyo para actividades legislativas.

Entregan 200 millones de pesos más al Congreso

El gobierno del estado entregará 200 millones de pesos adicionales a su presupuesto al Congreso del Estado para que regularice sus finanzas, afirmó el secretario de Gobierno, Arturo Zamora Jiménez, quien dijo que ya les fueron entregados 120 millones de pesos.

En entrevista, el funcionario dijo que “el gobernador del estado tiene la determinación de hacerlo, porque se trata de uno de los poderes del estado que requiere que siga funcionando adecuadamente”.

Sobre los funcionarios del gobierno del estado que tienen plaza en el Congreso y han pasado los últimos años solicitando licencia, como Sergio Otal Lobo, director de Administración y Rodolfo Guadalajara, titular del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), dijo que tendrán que decidir “dónde quieren trabajar, en qué pista quieren estar, si en la del Poder Ejecutivo o Legislativo”.

Sonia Serrano Iñiguez, Milenio