En el convenio, del cual este diario tiene una copia, se pacta un pago de 83.4 millones de pesos, que corresponden a la suma de los 42.3 millones de pesos que reclamaba la empresa como adeudo; 27.5 millones de pesos de intereses acumulados; 10.4 millones de pesos por pago de honorarios y tres millones de pesos de gastos y costas del juicio. Esto significaría que de los 92.6 millones de pesos que aparentemente ayudó la empresa a recuperar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Congreso sólo se quedaría con 9.2 millones de pesos, es decir, menos de 10 por ciento.
En la firma de este convenio, la empresa se compromete a renunciar a 33.3 millones de pesos, a cambio de que se le entreguen 50 millones más el monto del impuesto al valor agregado (IVA), para un total de más de 58 millones de pesos. Los pagos se harían en tres exhibiciones de 19.3 millones de pesos cada una.
El convenio fue celebrado por quienes en ese momento integraban la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el presidente Enrique Aubry de Castro Palomino, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y los legisladores Patricia Elena Retamoza Vega, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Gustavo Macías Zambrano, del Partido Acción Nacional (PAN), así como por los integrantes de la Comisión de Administración: Omar Hernández Hernández (PRI), Enrique Aubry, Isaías Cortés (PAN) y Raúl Vargas López, este último, presidente de la misma y legislador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Como representante de la empresa López Castro y Compañía aparece Víctor Manuel Samaniego Martínez.
MILENIO JALISCO publicó ayer que un tribunal federal ordenó al Congreso del Estado de Jalisco cumplir con el convenio firmado entre el Poder Legislativo y la empresa, el cual fue elevado a la categoría de sentencia, concediendo un plazo de 24 horas para que se concretara.
En la demanda interpuesta por la vía mercantil en 2010 por parte de los particulares, estos reclamaban el pago de 42 millones 386,521.79 pesos por concepto de “pago de honorarios pactados a favor de la actora” para la revisión de erogaciones pagadas en exceso por concepto de impuesto sobre el producto del trabajo (ISPT).
Esa cantidad, según la empresa, equivale a 40 por ciento de las devoluciones o compensaciones que determinara la Secretaría de Hacienda. Según los documentos de respaldo del pago, se consiguió la deducción de 92 millones 600,263 pesos. La empresa recibió un anticipo de 575 mil pesos en octubre de 2009.
Además, la empresa reclamaba 5 por ciento mensual sobre esa cantidad, desde el 26 de enero de 2010 y hasta que se ejecute el pago. Cuando se presentó la demanda, por este concepto ya se habían acumulado 6.3 millones de pesos.
Por su parte, el Congreso del Estado presentó en agosto del año pasado una demanda de lesividad ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado.
MILENIO JALISCO publicó en mayo de 2010 que la actual Legislatura no reconocía los recursos recuperados ante Hacienda; sin embargo, aun así firmaron este convenio. Su argumento, según el documento, fue que así se evitaría “una mayor afectación del patrimonio de nuestros representados, en caso de que se prolongaran más estos litigios”. Claves La historia ► 27 de marzo de 2009. El Congreso del Estado firma un contrato con la empresa consultora López Castro y Compañía para la revisión de pagos en exceso a la Secretaría de Hacienda
► 17 de mayo de 2010. El Congreso fue emplazado por la demanda mercantil que presentó la empresa consultora López Castro y Compañía, por falta de pago
► La empresa reclamaba el pago de 42’386,521.79 pesos, más 5 por ciento mensual de intereses moratorios desde el 26 de enero de 2010 y hasta que se le cubriera el adeudo, así como el pago de gastos y costas del juicio
► 18 de agosto de 2010. El Congreso del Estado presentó una demanda de lesividad ante el Tribunal de lo Administrativo, en la que pedía la anulación del contrato
► 22 de marzo de 2011. Los actuales diputados firmaron un convenio en el cual se comprometieron a pagar a la consultora 83 millones 428 mil 425.10 pesos: 42.3 millones del contrato principal; 27.5 millones por intereses; 10.4 millones por honorarios profesionales y tres millones de gastos y costas del juicio
► La empresa se comprometía a renunciar a 33.3 millones de pesos, a cambio de que se le pagaran 50 millones de pesos más IVA, es decir, 58 millones de pesos. La cantidad se entregaría en tres exhibiciones, cada una de 19.3 millones de pesos
Fuente: Milenio