Guadalajara • César Coll Carabias, quien fuera director de la Comisión Estatal del Agua, tramitó un amparo en el juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en contra de una presunta orden de detención.
El juicio de garantías se encuentra en la lista de acuerdos del tribunal del Consejo de la Judicatura Federal bajo el expediente 1167/2013 y se le concedió la suspensión provisional una vez que cubrió el importe requerido.
Esto implica que, en caso de que Coll Carabias tuviera una orden de aprehensión girada por las autoridades en su contra, no procedería hasta que se juzgue de fondo si le otorgan o no el amparo.
La audiencia incidental para el caso estaba fijada para el miércoles pasado, sin embargo, se cambió para celebrarse el día 26 de junio. Coll Carabias reclama en el amparo que se le afectan las garantías individuales contempladas en los artículos 14 y 16 constitucionales.
Es preciso recordar que, a raíz de la detención de Rodolfo Ocampo, ex titular del SIAPA, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) involucró a más ex funcionarios en el presunto desvío de recursos del programa Todos con Agua.
De acuerdo con el expediente 2047/2013 de la ASEJ, Diana Julieta Rodríguez, ex tesorera del SIAPA y Mario Alberto Juárez, ex gerente de finanzas del organismo se encontraban como prófugos por el mismo caso.
Además, se recomendaba a la Comisión de Vigilancia del Congreso que se iniciaran procedimientos legales para fincar las presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales de Coll Carabias, Gilberto Toscano García de Quevedo, ex director de Obras Públicas de Guadalajara, Francisco Javier Curiel Avilés, quien fungía como coordinador de asesores del SIAPA, así como contra Juan Sánchez Aldana, quien fue presidente del consejo del organismo.
Dentro del mismo expediente se hace hincapié que debido a este desvío de recursos, los cuales se registraron en el 2008, en la actualidad 52 colonias de la zona metropolitana de Guadalajara continúan sin agua; además que establecen que aún están pendientes los resultados de las auditorías realizadas en el 2009 y en el 2010.
En el ambiente jurídico, en muchas ocasiones se tramitan los amparos conocidos como “busca pies”, en los que la persona afectada y su representante legal interponen el juicio de garantías sólo para que la autoridad informe si existe el acto reclamado, en este caso la supuesta orden de aprehensión, y entonces actuar con la información recabada. Cabe la posibilidad de que éste sea el caso de Coll Carabias.
Milenio