Guadalajara • Diana Julieta Rodríguez García, ex tesorera del SIAPA, y Mario Alberto Juárez Bravo, ex gerente de finanzas del organismo, que actualmente están prófugos, obtuvieron la protección federal temporal debido a que se les concedió una suspensión definitiva en los juzgados federales.
De acuerdo con la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, la ex funcionaria interpuso el juicio de garantías en contra de una orden de aprehensión en el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal, bajo el expediente 1221/2013.
En el acuerdo tomado el lunes pasado, el juez le concedió la suspensión definitiva, con lo que estaría protegida temporalmente en contra de una eventual detención. Esto tendría validez hasta que el tribunal federal determine de fondo si le concede el amparo o no.
En el mismo caso se encuentra Juárez Bravo, quien interpuso el juicio de garantías en el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en materia penal, bajo el expediente 1196/2013. Ambos buscaron la protección federal en contra de una orden de aprehensión del Juzgado Quinto Penal.
Cabe recordar que los dos ex funcionarios han sido involucrados en el presunto desvío de dinero que se hizo con el programa Todos con Agua, caso por el que actualmente está siendo procesado Rodolfo Ocampo, ex titular del SIAPA, en el tribunal mencionado anteriormente.
Los ex empleados del SIAPA fueron denunciados en mayo de 2011 por supuestamente desviar recursos de un crédito concedido en el 2008 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El crédito, de 1,200 millones de pesos, tenía la finalidad de realizar infraestructura para llevar agua a colonias donde no contaban con el recurso, además de prevenir inundaciones. Inicialmente el SIAPA recibió 600 millones de pesos, de los cuales 400 mdp se desviaron a otros fines. Debido a esto, en abril de este año, Francisco Ayón, presidente del Consejo de Administración del SIAPA, anunció que presentarían las denuncias en contra de dichos funcionarios. Una vez que contaron con todas las pruebas, la Fiscalía Central integró la averiguación previa y solicitó las órdenes de aprehensión al juez.
Otro de los señalados por el mismo caso es César Coll Carabias, ex titular de la Comisión Estatal del Agua, quien también tramitó un amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal bajo el expediente 1167/2013. En un documento de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco se le involucraba en el presunto desvío, así como a Juan Sánchez Aldana, quien fue presidente del consejo del organismo.
La audiencia incidental estaba programada para que se llevara a cabo el día de ayer.
La suspensión definitiva
Cuando una persona interpone un amparo, generalmente a la par se tramita, por la vía incidental, la suspensión. Ésta tiene como objetivo ordenar a la autoridad a la que se le reclame algún acto que mantenga las cosas en el estado que guardan al momento de promoverse el juicio de garantías.
La suspensión definitiva se da o niega una vez que el juez tiene conocimiento de la existencia del acto que se reclama y con ello se busca salvaguardar las garantías individuales del quejoso. Si se determina que no existe lo reclamado, puede sobreseerse el proceso.
En el caso de que se le conceda la suspensión definitiva a la persona, esto no implica que también se le vaya a otorgar el amparo, sino que estará protegida mientras que el titular del tribunal federal resuelva de fondo si concede o niega la protección federal.
Milenio