Guadalajara • La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Jalisco (STPS), giró el miércoles oficio a la Fiscalía General del Estado, para que investigue la probable comisión de delitos en juicios laborales por parte de “abogados talibanes”, funcionarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) así como cinco ex empleados del Banco Diocesano de Alimentos.

De acuerdo al documento emitido por la dependencia estatal, se presume que los involucrados habrían incurrido en falsedad de declaraciones, falsificación de documentos y abuso de autoridad.

La falsedad de declaraciones derivaría de la afirmación de los ex empleados de que la institución de beneficencia los habría despedido cuando de por medio existen documentos que prueban que fueron ellos los que renunciaron a sus puestos para luego demandar al organismo sin fines de lucro. No conformes con ello desconocieron la firma de los documentos de prueba solicitando periciales grafológicas.

En cuanto a la falsificación, la STPS, argumenta que se desprendería de una serie de escritos y recibos en los que los demandantes pretendieron probar el trabajo de horas extra que no existieron argumentando períodos laborales de 12 horas, además de asegurar que percibían un sueldo superior al que realmente cobraban.

El abuso de autoridad estaría acreditado por parte de funcionarios de la JLCyA al aceptar como válidas las pruebas presentadas por los abogados a pesar de que evidentemente se trataban de documentos apócrifos y declaraciones falsas, “evidentemente para que haya este tipo de actos los funcionarios tienen que estar coludidos” dijo un funcionario de la STPS consultado.

No descartan incluso que pudiera acreditarse el delito de fraude.

Eduardo Almaguer, titular de la STPS, afirmó que otro ejemplo de las irregularidades en la Secretaría del Trabajo, son las que se cometieron en torno a los juicios laborales millonarios de ex notificadores del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), ya que no son un caso aislado. Más bien, eran una práctica común en la dependencia.

El funcionario compareció ante la Comisión del Trabajo del Congreso del Estado. Ahí, expuso lo que detectaron en el Banco Diocesano de Alimentos donde se reclama el pago de 5 millones de pesos por laudos. Sin embargo, dijo, se encendieron las señales de alarma cuando se dieron cuenta que uno de los trabajadores que presuntamente demandaron, ya había cobrado su finiquito.

Almaguer Ramírez señaló que actualmente hay 62 mil juicios pendientes y se encontraron que tan sólo tres mil son llevados por un solo despacho, donde las características son similares, pues se basan en salarios por encima de la realidad, con prestaciones que no existen. Afirmó que hay un grupo de abogados a los que se conoce como los talibanes, porque llevan los juicios al extremo “para perjudicar a la gente”.

Incluso, afirmó que hay abogados que “compran” los juicios a los trabajadores, a quienes pagan su indemnización y luego siguen con el procedimiento ante la Junta. Agregó que “este grupo de abogados han sido como una leyenda urbana y que es conocido del dominio público, de empresarios y trabajadores, pero nadie se había atrevido a confrontarlos y a mencionarlos por su nombre, ni siquiera la autoridad”.

Miguel Angel Puértolas, Sonia Serrano, Milenio

TE PUEDE INTERESAR: Arturo Zamora Jiménez: Secretario General de Gobierno de Jalisco y la corrupción