De acuerdo con estas modificaciones legales, los funcionarios que no enteren sobre los recursos que les descuentan a los trabajadores al Instituto de Pensiones podrían hacerse acreedores a sanciones que van de tres hasta 15 años de prisión.
Según las reformas aprobadas por el pleno del Congreso, la Fiscalía General investigará los casos, solo si el Ipejal o el servidor público afectado se quejan ante la autoridad correspondiente. En el artículo 301 señala que se impondrán de tres a 15 años de prisión a los funcionarios públicos que no reporten las retenciones que hacen a sus empleados por concepto de Pensiones del Estado.
Las sanciones económicas y penales se fijarán de acuerdo a la cantidad no reportada al Instituto. Se fijará de uno a tres años de prisión y multa que pudiera llegar hasta 30 mil pesos "si el valor del fraude a Pensiones es menor a 30 mil pesos".
La multa económica pudiera llegar hasta 180 mil pesos, si lo defraudado es entre 30 y 180 mil pesos, en ese caso el funcionario omiso podría ser sentenciado entre dos y hasta 10 años de cárcel. Pero, si el monto no reportado a Pensiones supera los 180 mil pesos, el burócrata responsable podría hacerse acreedor a una multa de hasta 600 mil pesos y hasta 15 años de cárcel.
El Código Penal en su artículo 304 también se refiere a las sanciones para aquellos funcionarios que presenten documentos falsos para obtener prestaciones que no le corresponden o que mienta sobre su antigüedad para obtener beneficios de Pensiones del Estado. Esta propuesta de reforma al Código Penal fue presentada por la fracción parlamentaria de Acción Nacional y aunque no quedó especificado que el delito se tipificaría como peculado, sí quedó estipulado como delito en materia de seguridad social de los servidores públicos y señala multas económicas de hasta 600 mil pesos y cárcel de hasta 15 años para quienes no enteren cuotas que se retienen a trabajadores públicos por concepto de Pensiones.
Telón de Fondo De acuerdo con uno de los últimos reportes del Instituto de Pensiones, fechado en mayo de 2013, 31 entidades públicas le debían a Pensiones del Estado mil 161 millones 434 mil 520 pesos, porque no habían pagado las aportaciones por concepto de retenciones de los sueldos de los trabajadores. El Ayuntamiento de Guadalajara es el más endeudado, por 346 millones de pesos, pero es una de las 10 entidades públicas que firmaron un convenio de pago con el Instituto, y una de las siete que sí está cumpliendo con sus aportaciones.
En la lista están los ayuntamientos de Puerto Vallarta y Tonalá, cuyas deudas ascendían a 214 y 207 millones de pesos, respectivamente, aunque, a diferencia de Guadalajara, estos dos municipios no han abonado para reducir sus adeudos.
De igual forma, Inmobiliaria y Promotora de Interés Público del Estado (Iprovipe), el municipio de Tala y el Organismo Público Descentralizado de Servicios y Transportes, cuyas deudas estaban convenidas a ser pagadas, no están cumpliendo.
En el caso de Iprovipe, la deuda asciende a siete millones 990 mil pesos; en el municipio de Tala el monto es de cinco millones 863 mil, mientras que en Servicios y Transportes el adeudo supera los 115 millones de pesos.
La Secretaría de Educación registraba una deuda de 33 millones de pesos, mientras que la Secretaría de Finanzas tiene una deuda superior a los 29 millones de pesos.
Para saber Las reformas al Código Penal entraron en vigor el 28 de julio de este año.
Zaira Ramírez