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Sábado, 21 Julio 2012 15:46

El diputado Barajas lamenta que por 35 mil pesos no se haya realizado selección del nuevo auditor Destacado

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El diputado Salvador Barajas. Foto Héctor Jesús Hernández

Mauricio Ferrer.- La comisión de Administración en el Congreso del Estado aún no libera los 35 mil pesos para pagar a la Universidad de Nayarit con lo que ésta realizaría el examen para elegir al auditor superior de Jalisco, como ordenó un juez de distrito –que el proceso en el que fue electo Alonso Godoy Pelayo en 2008 tiene que ser repuesto–, informó el presidente de la comisión de Vigilancia en el Poder Legislativo, el diputado priísta Salvador Barajas del Toro.

“Es lamentable que el área administrativa y la comisión de Administración del Congreso no liberen los 35 mil pesos que se acordaron con la Universidad de Nayarit, para que se haga el examen”, declaró el legislador priísta. En mayo pasado, el Congreso del Estado y la institución educativa firmaron un acuerdo para que la última realizara el examen para la elección del titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ). El año pasado, un juez de distrito ordenó al Congreso local reponer el procedimiento mediante el cual Godoy Pelayo había sido electo auditor superior, debido a inconsistencias en el proceso. Y después de varios intentos con universidades, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue la de Nayarit la que aceptó el reto de llevar a cabo la prueba. “Tengo en mi poder el acuse de recibo donde solicité el pago de este recurso para que se haga presente la universidad, pero no ha habido respuesta favorable. En un principio había el argumento de que la dirección jurídica del Congreso, decía que había un impedimento jurídico para llevar a cabo la elaboración del examen. Nosotros revisamos el documento y resulta que eso era falso y creo que en gran parte eso ocasionó que el anterior director jurídico (Antonio Rocha Santos) ya no está laborando en el Congreso”, dijo Barajas. El diputado priísta añadió que antes de irse Rocha Santos, quedó en claro ante la secretaría general del Congreso local, que no existía impedimento alguno para cumplir con la orden del juez. “Ahora el tema está en la comisión de Administración”, advirtió el diputado.

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