Los recursos fueron entregados en dos pagos. El primero, de 30 millones de pesos, el 20 de diciembre 2011, como apoyo para la adquisición del predio y el segundo, el 4 de junio pasado, por un monto de 50 millones de pesos, para la construcción del edificio. Ambos se realizaron luego de que este diario dio a conocer las irregularidades en torno a la compraventa del terreno.

La última entrega de recursos del mandatario estatal al auditor se hizo apenas dos días antes de que el jefe del Poder Ejecutivo enviara un oficio al Congreso del Estado, a través de la Secretaría General, para que se diera por aprobada su cuenta pública correspondiente al ejercicio de 2009, argumentando que se vencieron los plazos que marca la Ley de Fiscalización. El gobernador Emilio González pretende que se apruebe en los términos enviados por el auditor superior, es decir, sin cargos.

Según la información que aparece en la página web del gobierno del estado, el 20 de diciembre de 2011 se expidió el cheque número 84622 de BBVA Bancomer, a favor de la Auditoría Superior, por un monto de 30 millones de pesos, bajo el concepto de “apoyo del gobierno del estado para adquisición de terreno, para construcción de instalaciones”, según el acuerdo PF/AAE/257-765/2011.

Los recursos salieron de la partida 4603, denominada “erogaciones imprevistas”, de donde el gobernador Emilio González Márquez dispone recursos para asignaciones discrecionales. Tan sólo en 2011, la partida, que fue presupuestada en 35 millones de pesos, creció a más de mil millones de pesos.

El segundo cheque, con el número 101670, también de BBVA Bancomer, fue entregado al auditor superior el 4 de junio de 2012, por un monto de 50 millones de pesos. En este caso, el concepto es “apoyo del gobierno del estado para que esté en condiciones de iniciar la construcción de las instalaciones que ocupará el propio órgano técnico”, con base en el acuerdo PF/AAE/133-185/2012.

Los recursos también salieron de la partida de erogaciones imprevistas, sólo que de 2012. Para este año, fue presupuestada en 25 millones de pesos y ya va en más de 260 millones de pesos.

Este diario solicitó a la Secretaría de Finanzas (Sefin) información sobre los recursos entregados a la Auditoría Superior para la adquisición del terreno y la construcción del inmueble que albergará. A través de la oficina de Comunicación Social, se informó que los datos estaban en la página web.

El predio en el que se construirá el nuevo edificio de la ASEJ fue adquirido por el órgano de fiscalización en una compraventa que registró diversas irregularidades. El auditor superior pagó por el terreno 69.5 millones de pesos, a pesar de que el avalúo marcaba un precio 37.6 millones de pesos y el valor catastral era de 50.6 millones de pesos (PÚBLICO MILENIO, 17 de febrero de 2011).

La compra del terreno, ubicado en el cruce de las avenidas Niños Héroes e Inglaterra, fue hecha a la empresa Inmobile Andare, según el contrato al que dio fe el Notario 99 de Guadalajara, Mario Enrique Camarena Obeso.

Apenas un año antes, la inmobiliaria había comprado el predio a un particular, pagando 39 millones de pesos por una extensión aún mayor que la que adquirió la Auditoría. Es decir, unos meses después, Godoy Pelayo pagó casi 30 millones de pesos adicionales por un terreno más chico que el original.

Además, el terreno está en conflicto legal y actualmente tiene vigente un embargo. El primer propietario del predio, José Saracho Palafox, adquirió en 2003 el terreno  a Ferrocarriles Nacionales (Ferronales) en nueve millones de pesos. Sin embargo, retiró una vía de tren que pasaba por el inmueble y conectaba la vía principal con el taller propiedad de Juan Carlos Rodríguez, quien tenía la concesión para la conexión de más de 200 metros, con un derecho de vía de seis metros.

Rodríguez demandó que se le reinstalara la vía o se le pagara el costo y se le restituyera la posesión del paso. Saracho se negó a hacerlo y se le fincó un pago de 1.9 millones de pesos; al no cubrirlo, tras un largo proceso legal, se señalaron bienes para embargo, quedando el terreno que adquirió la Auditoría Superior en garantía.

El embargo se inscribió en el Registro Público de la Propiedad del Estado, pero por decisiones de jueces locales, que luego fueron revocadas por autoridades federales, éste se levantó por periodos cortos. Esto fue aprovechado para las dos compraventas que se llevaron a cabo, la primera de Inmobile Andare a José Saracho Palafox y la de la Auditoría Superior a la empresa. Sin embargo, actualmente el embargo persiste.

Un predio con larga historia

2003
José Saracho Palafox compra a Ferrocarriles Nacionales (Ferronales), en nueve millones de pesos, un terreno ubicado en el cruce de Niños Héroes y avenida Inglaterra, en Guadalajara

Marzo de 2004 José Saracho Palafox fue condenado por un juez a devolver a Juan Carlos Rodríguez la posesión del paso de las vías del tren y la reinstalación de las mismas, a través del terreno que compró a Ferronales, sobre el que el segundo tenía una concesión

Enero de 2008 Luego de que no reinstaló las vías ni pagó los daños determinados por el juez a favor de Juan Carlos Rodríguez, por 1.9 millones de pesos, se ordena embargar el predio propiedad de José Saracho para garantizar dicho monto

Septiembre de 2009 Un juez local ordenó levantar el embargo

Diciembre de 2009 José Saracho vende el predio que compró a Ferronales a Inmobile Andare en 39 millones de pesos

Julio 2010 Juez federal ordena reinscribir el embargo sobre el predio

Octubre de 2010 Un juez local acepta sustituir el bien embargado y ordena se levante el gravamen al terreno

Noviembre de 2010 Juez federal concede amparo y niega la sustitución del bien embargado, ordenando se vuelva a inscribir el gravamen

Diciembre 2010 Alonso Godoy, auditor superior de Jalisco, compra el predio a Inmobile Andare en 69.5 millones de pesos (78.2 por ciento arriba de lo que pagó la empresa)

Diciembre 2010 Juez federal concede suspensión definitiva contra la sustitución del bien embargado

La accidentada travesía del tren

Sobre las vías descansa una máquina amarilla. Pesa unas 30 toneladas y es reparada para que pueda continuar su recorrido por el país. Pero los rieles en los que fue colocada no van a ninguna parte. Para llegar hasta ahí, tuvo que ser trasladada primero en la plataforma de un tráiler y luego levantada con una grúa para introducirla al inmueble en que será reparada. Se trata del taller que Juan Carlos Rodríguez heredó de su padre. El único en el Occidente que se dedica a la reparación de máquinas de tren y el único en el país que todavía trata de recuperar el equipo nacional. Recomponer un equipo destinado a desecharse tiene un costo de alrededor de 30 por ciento de lo que tendría que invertirse en comprar otro, “y queda como nuevo”, asegura Rodríguez.

El problema es que al dejar desconectado su taller de las vías principales, por la compraventa de un terreno a Ferrocarriles Nacionales (Ferronales) por parte de un particular que no respetó su concesión de conexión, se tienen que gastar unos cien mil pesos en cada maniobra para llevar una máquina hasta el interior del mismo. Eso repercute en el costo final de la reparación.

Pero a pesar de las complicaciones, Juan Carlos Rodríguez no está dispuesto a ceder y espera que, en algún momento, se le restituya el paso para la concesión de la que, una vez que la recupere, dispondrá de al menos unos seis años más.

Milenio