Desde entonces, la forma geométrica de este terreno era rectangular. Con el tiempo, fue modificada en procesos poco claros que presumen la tradicional corrupción de notarios y del personal del Registro Público de la Propiedad. Ahora ostenta una forma irregular conforme se anexó la Punta Hermanos, en la parte norte de la bahía de Tenacatita, frente al océano Pacífico, lo que ocurrió hace poco más de 20 años.

Esa anexión aparentemente ilegal es materia de un enconado litigio entre los actuales detentadores de la propiedad, la inmobiliaria Rodenas SA, del empresario José María Andrés Villalobos, y diversos compradores de buena fe del ejido El Rebalse de Apazulco, que fueron violentamente desalojados de la zona hace poco más de dos años, el 4 de agosto de 2010, con lo cual, se derrumbó su sustento económico.

El Rebalse de Apazulco tomó posesión de la zona desde 1972, y jamás la desalojó pese a que la propietaria del mismo en esa época, Paz Gortázar viuda de González Gallo, ganó un amparo para evitar ser afectada por el procedimiento de ampliación ejidal.

Con el tiempo, los derechos privados y los ejidales se fueron por rutas distintas. Los ejidatarios no sólo permanecieron, sino que realizaron operaciones de compraventa de lotes y establecieron una próspera comunidad de prestadores turísticos y colonos. Y aunque no lograron sacar adelante un procedimiento de prescripción por su larga posesión, el Programa de Certificación de Terrenos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos, del gobierno federal, les emitió escrituras firmadas por los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.

El predio privado pasaría en 1991 a manos de inmobiliaria Rodenas, y fue ampliado registralmente sobre sus linderos oriente y poniente, tras lo cual, insistió sobre el viejo amparo ganado por la viuda.

Tras intentos frustrados de restitución, arrebatos y amenazas, policías estatales, con la orden del juez mixto de Cihuatlán (mandado a su vez por el segundo de lo civil de Autlán), tomaron la zona el 4 de agosto de 2010, privatizaron de facto la carretera estatal y enmallaron todo el perímetro. El pleito legal y político se mantiene.

La historia

La Oficina del Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPC) de Autlán, incorporó un registro de la propiedad el 28 de agosto de 1948 (documento 5, libro 761, sección 72). En ese entonces estaba a nombre de la esposa del comprador, Magdalena Vizcaíno de Paz, la cual en un contrato de fraccionamiento presenta un plano del predio, de fecha 7 de marzo de 1952, en el que se reitera la forma rectangular del terreno, lindando entre el estero al nororiente y el océano Pacífico al sur poniente, pero sin entrar hacia la punta de la bahía, que está claramente marcada afuera del polígono. En ese contrato, 42 hectáreas (ha) del predio son reconocidas a Paz Gortázar viuda de González Gallo, esposa del ya finado gobernador Jesús González Gallo.

Mediante escritura pública 1,250 del 16 de mayo de 1970, ante la fe del notario público Antonio Cárdenas Maxemín, se constituyó un fideicomiso con Financiera Industrial de Jalisco SA, presidido por la señora Paz Gortázar, con el objeto de “la administración, inversión y venta de todo o parte del patrimonio del fideicomiso”. El predio se registra bajo el número 20 del libro 149 de la sección primera del RPPC de Autlán.

El 7 de abril de 1972, el presidente de la república firma la ampliación del ejido El Rebalse de Apazulco. Se entrega a los ejidatarios este potrero rústico y comienza una larga ocupación de casi 40 años. Como la afectación fue indebida, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la revisión principal 756/77, confirmando el amparo 1569/72 y protegió los derechos de la viuda. El 28 de octubre de 1979, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) restituyó a la quejosa y le dio al ejido seis meses para levantar cosechas y desocupar el predio, plazo que venció el 9 de mayo de 1980.

La restitución se intenta de nuevo el 5 de noviembre de 1991, sin resultados. Un mes después, el 14 de diciembre, se vende la propiedad en 252 millones de pesos a la inmobiliaria de Andrés Villalobos (escritura pública 20,147 del notario 52 de Guadalajara) y ya aparece el plano modificado: ha perdido su regularidad rectangular, y se angosta hacia el oriente para tomar la forma de la Punta Hermanos; y si bien, se manifiesta que mantiene 42 ha, se calcula que el predio “creció” al menos a 80 ha.

En julio de 1993, los ejidatarios intentaron la prescripción (usucapión) para ser reconocidos como dueños, y cometieron el error de reconocer toda la propiedad, con su ampliación irregular, a la inmobiliaria; fracasaron en su tentativa, por lo que buscaron el amparo (195/96) que también se les negó. En diciembre de 1999, el juez segundo de lo civil de Autlán liga los juicios de la prescripción con el amparo de los años 70, y ordena desalojar el 25 de febrero de 2000, pero no se puede completar el procedimiento ante la oposición de los asentados.

Unos días después, el ejido promueve un nuevo juicio de amparo para evitar ser desposeído (225/2000), pero lo pierde en agosto.

Ello no fue obstáculo para que el Procede escriturara toda la zona a favor de los compradores del ejido, entre 2002 y 2006 (Público-MILENIO, 11 y 26 de agosto de 2010), generando así derechos encontrados.

Tampoco impidió la violenta jornada del 4 de agosto de 2010, cuando muchas historias domésticas se derrumbaron.

Esta es una apretada síntesis de 67 años de historia de un predio objeto de pasiones y abusos de las partes que reclaman su mejor derecho a poseerlo, para mantener el privilegiado mirador al océano y el control sobre su apacible y tentadora playa, oscuro objeto del deseo de los inversionistas globales.

Claves Las otras escrituras

► El Registro Agrario Nacional tiene en sus archivos los documentos del Procede que certificaron las tierras de El Rebalse de Apazulco. Allí se tienen las asambleas del ejido que derivaron en la titulación de 220 lotes de compradores de terrenos a ejidatarios, convertidos a propiedad privada como efecto de esa conversión

► Los detentadores de esos lotes son, entre otros, 38 restaurantes, diez hoteles y una cooperativa de pescadores; allí había un pequeño desarrollo con 300 empleados restauranteros, 50 empleados de hoteles, 160 pescadores, 30 empleados de empresas de deportes acuáticos, 150 vendedores ambulantes y diez que brindaban el servicio de paseo en moto

► En este caso, se trata de las verdaderas víctimas del pleito entre el ejido y la inmobiliaria Rodenas, y no han recibido la menor compensación tras le desalojo de hace dos años