El día de hoy el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el estado de Jalisco, el juez Juan  Manuel Villanueva Gómez determinó lo siguiente:

-Los usuarios del servicio público de transporte están obligados a pagar la tarifa autorizada.

-Los usuarios del servicio público de transporte no podemos combatir legalmente el aumento a la tarifa, pero además,

-Los usuarios no sufren ningún perjuicio con el aumento a la tarifa.

En pocas palabras, lo que dice este juez es que los ciudadanos no tenemos ningún derecho de defendernos sobre una decisión arbitraria y discrecional de la autoridad y a los padres de familia no les afecta el alza en las tarifas de los caminones urbanos a siete pesos.

Lamentamos profundamente la decisión del juez de distrito y anunciamos que impugnaremos ese acuerdo porque no es posible que los tribunales consideren que los ciudadanos no tenemos el derecho de impugnar una decisión que afecta nuestros bolsillos.

Por lo anterior, vamos a interponer un recurso de revisión en contra de la resolución del juez de distrito para que se remita al tribunal colegiado correspondiente; y una vez que el expediente llegue al tribunal colegiado, nosotros les solicitaremos a los magistrados que le pidan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga el expediente. Así mismo, acudiremos también ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación para informarle de la existencia de un asunto importante y trascendente para que ejerza sus facultades de atracción.

Impulsaremos el juicio para que llegue al máximo tribunal del país y sean los Ministros quienes determinen que los ciudadanos sí podemos impugnar el aumento a las tarifas del servicio de transporte público y que dicho incremento es inconstitucional.  No permitiremos que los poderes y grupos de poder decidan a su antojo afectar el bolsillo de los ciudadanos, y que los tribunales federales nos nieguen el derecho a defendernos.

Finalmente anunciamos que, el día lunes interpondremos el juicio de nulidad administrativo como ciudadanos, no como integrantes de la comisión de tarifas; motivo por el cual teníamos que esperar a que entrara en vigor la nueva tarifa para actuar en base a los procedimientos de la ley en la materia.