De acuerdo con un comunicado de la agrupación, a la que pertenece el CIDTZ, en el ataque resultaron heridas Teresa Sandoval Guzmán, Paula Alonso Máximo y Teresa Aranda Casimiro de 55, 69, y 50 años respectivamente, e Hilario León Aranda, Guadalupe Laureano Aranda, J. Isabel Martínez Quirino y Laureano León de 70, 40 y 77 años respectivamente.
La Rema señaló que el incidente ocurrió la tarde del viernes 25, en el contexto de la Semana Mayor, a propósito de la cual la Comunidad Indígena de Zacualpan celebró una Asamblea de Comuneros en la que determinaron realizar arreglos al balneario Ojo de Agua para estar en posición de recibir turistas y recaudar recursos que serían destinados para beneficio de la propia comunidad.
En esta lógica, “el grupo de priistas, también vinculados al comisariado municipal
Daniel Aranda, bloquearon el camino que conduce al Ojo de Agua, impidiendo la salida de diez automóviles de turistas; cuando miembros del Consejo Indígena decidieron intervenir para que los turistas pudieran abandonar el lugar, fueron recibidos por una violenta lluvia de piedras, lo que causó las graves lesiones que lastimaron principalmente a indígenas de la tercera edad”.
Ante esta situación, la Rema solicitó a las comisiones estatal, nacional e interamericana de derechos humanos que, en el uso de sus facultades, intervengan para detener de manera definitiva “la violación sistemática de derechos ejercida hacia los miembros de nuestra red en el estado de Colima; igualmente, exigimos a las autoridades se investiguen los hechos denunciados y se ejerza acción penal en contra de quienes resulten responsables”.
La red manifestó que el grupo agresor además de su vinculación al PRI es apoyado por el gobierno municipal de Salomón Salazar, en el municipio de Comala, y por Ignacio Peralta Sánchez, gobernador del estado.
“Es importante recordar que el grupo de Carlos Guzmán al que también pertenece Daniel Aranda ha intentado, sistemática e ilegalmente, recuperar el control del Balneario Ojo de Agua que es propiedad comunal para manejarlo como lo venían haciendo antes de febrero del 2014, bajo una lógica privada y sin ningún tipo de rendición de cuentas hacia la Comunidad Indígena de Zacualpan”.
Asimismo, la organización resaltó que este episodio de violencia ocurrió también en el marco de la destitución, por parte del Órgano Interno de Control de la Procuraduría Agraria, de su delegada en Colima, María Elena Díaz Rivera, por acusaciones de abuso de poder, calumnias y amenazas en contra de la Comunidad Indígena de Zacualpan.
Por su parte, el gobierno del estado expuso en un comunicado que aunque mantiene presencia policial para garantizar el orden en la zona del balneario Ojo de Agua, de Zacualpan, la autoridad “permanece al margen de la disputa por la administración del lugar y confía en que pronto lleguen a un acuerdo las partes en conflicto”.
Refirió que en todo momento, el Ejecutivo estatal ha dispuesto elementos de las distintas corporaciones estatales, así como personal ministerial que permanece en el lugar para atender cualquier contingencia en caso de ser necesario, pero “siempre bajo una postura neutral y alejada al origen del problema”.
Según el gobierno estatal, “producto del propio conflicto, la tarde de este viernes se dio un desencuentro entre comuneros e integrantes del grupo ecologista Bios Iguana, del cual cinco personas que resultaron lesionadas fueron atendidas de inmediato”.
La Secretarías de Seguridad Pública del Gobierno del Estado y la Procuraduría General de Justicia del Estado, señalaron que “tras la presencia policial logró disuadirse la situación de confrontación, volviendo la calma y restableciéndose la tranquilidad”.
Pedro Zamora Briseño