Lea las características que tienen las prisiones en México, las “universidades del crimen”: autogobierno, sobrepoblación, áreas de privilegios; objetos y sustancias prohibidas; cobros, extorsiones y sobornos, así como deficiencias en el proceso para la imposición de sanciones.

Un dato preocupante es la mezcla de secuestradores o criminales de alta peligrosidad, que ni siquiera han sido sentenciados —cuatro de cada 10 internos aún no reciben una condena—, con primodelincuentes que apenas robaron 100 pesos o que portaban algunos gramos de más de mariguana a los permitidos por la Ley. Por lógica se suma el fracaso de la reinserción social.

No es nada nuevo en las cárceles estatales o federales (de máxima seguridad, donde “El Chapo” Guzmán ya se les escapó en dos ocasiones de Puente Grande y Almoloya). La Comisión simplemente recordó que empeoró la gobernabilidad en los centros de reclusión, en el contexto del motín sangriento registrado en febrero pasado, en donde murieron 49 reos tras una pelea campal en el penal de Topo Chico, en Monterrey.

Hay que precisar que la cantidad de presos se incrementó en el sexenio calderonista, principalmente tras la reforma penal de 2008, cuando se aprobaron múltiples cambios legislativos que encontraron en la pena privativa de libertad “la única solución”. Falso. Otro fracaso. Aunque ahora nos presumen que todo cambiará con el nuevo sistema de justicia penal (juicios orales).

Las cifras se dispararon y pasaron a 240 mil internos en 359 penales, pero ni así bajaron los delitos del fuero federal ni común. Hoy, México arrastra con la séptima población penitenciaria más grande del mundo: los primeros 10 países son Estados Unidos, China, Rusia, Brasil, India, Irán, México, Tailandia, Sudáfrica y Ucrania, respectivamente.

En ese contexto, mantener a un preso a diario cuesta 140 pesos en promedio —irónico si comparamos que la UNAM eroga 120 pesos por estudiante de preparatoria—; es decir, la autoridad desembolsa más de 12 mil millones de pesos cada año en sus internos —una séptima parte del programa nacional contra la pobreza Prospera, antes Oportunidades, que pretende ayudar a más 53 millones de pobres— de un sistema penitenciario colapsado.

La pregunta es: ¿Quién se ha enriquecido de esta situación? Para allá voy.

Hay empresarios y servidores públicos que hacen un negocio millonario de las cárceles. Este tema es tan oculto y desconocido por la población como los nombres de los delincuentes que encabezan los autogobiernos tolerados por las autoridades. No acentuaré en los gastos del Gobierno de Jalisco en personal de custodia, mantenimiento o medicinas, me concentraré sólo en el desembolso para alimentar a los presos en Jalisco para que usted dimensione el tema: entre los años 2007 y 2016, el Estado ha desembolsado cerca de dos mil millones de pesos en darles de comer a los presos. Le repito: dos mil millones de pesos.

Son las cifras que publica Jalisco. Sin embargo, desglosemos. Hay un juego en los números oficiales que evidencian incongruencias.

El dato de la autoridad es que en 2007 había 13 mil 591 internos en todo el Estado y el presupuesto anual para darles de comer ascendía a 152.3 millones de pesos, pero la población carcelaria subió en 2016 a más de 18 mil procesados y sentenciados y resulta que solamente erogan 120.2 millones. Hasta la canasta básica se burla de la diferencia. ¿Más presos igual a menos gasto? ¿Les cambiaron el salmón por el atún? Imposible. Cuentas a medias.

De esos dos mil millones de pesos, la mayoría se adjudicó directamente a empresas, sin licitar, argumentado que era un asunto de seguridad; es decir, debían asignar rápido evadiendo las reglas y respaldándose de otras para que los presos “no se les quedaran sin comer y evitar un motín”. ¿Les creen? Puros pretextos para asignar cientos de millones de pesos de forma discrecional a empresas como La Cosmopolitana —presume que sirve un millón de alimentos diariamente en el país—, que se ha enriquecido a nivel nacional como proveedora de alimentos en cárceles federales y estatales.

Se rumoró que Luis Carlos Nájera hacía negocio sobre este tema. Nada se pudo comprobar. Se rumoró que el subsecretario de Administración del Gobierno de Jalisco, Salvador González Reséndiz, hacía negocio en los contratos para alimentar a los internos. Nada se pudo comprobar.

La pregunta es: ahora que ninguno está: ¿Quién sigue haciendo negocio a costa de las víctimas de la delincuencia? La respuesta la tiene el gobernador Aristóteles Sandoval y el fiscal Eduardo Almaguer.

Posdata

En Jalisco, además de alimentar a los 18 mil reos, las proveedoras también alimentan a los 600 custodios desplegados tan sólo en las cárceles de la metrópoli: Preventivo, Reinserción Social, Femenil, Juvenil y el Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico. Esto le representa a La Cosmopolitana ingresos adicionales por 6.3 millones de pesos cada año.

Responden las autoridades que “son derechos ganados de los trabajadores”, que engordan mejor que el clenbuterol las ganancias de las proveedoras.

Privilegios.

Mario Muñoz, El Informador