Después de tres años de investigaciones, la PGJCM encontró elementos para consignar la averiguación previa FCH/CUH-8/T3/1126/13-04 por ese delito en agravio de los hijos de Román Ferrat Sola, exfuncionario de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, y quien fue esposo de Marcela Ramona García Paniagua.

Según la acusación, días antes de morir Ferrat Sola otorgó un poder en beneficio de su hija Marcela Lorena Ferrat García, mediante el cual les transfería a ella y a su madre todo su patrimonio. En esta historia, sin embargo, salieron a flote presuntas maniobras ilegales y el poder resultó falso porque, de acuerdo con el peritaje de este caso, la firma del documento que no corresponde con la de Ferrat Sola.

En esta maquinación —fraguada el 16 de julio de 2008, día en que Ferrat Sola era intervenido del cerebro por diversas enfermedades que clínicamente lo desconectaron de su realidad— también aparece implicada su hija Marcela Lorena Ferrat García, quien en 2014 fue galardonada como “La mujer del año” por la Cámara Nacional de la Mujer. Hoy, está a un paso de la cárcel. A ella se le acusa de haber llamado con urgencia al notario 132 del entonces Distrito Federal, Roberto Courtade Bevilacua, a fin de falsificar, con la complicidad de dos testigos, el poder para adjudicarse el patrimonio de Ferrat Sola en el preciso momento en que era operado.

En la maniobra, según el expediente del caso, también participaron Ayesha Itzel Ferrat Fonseca, hija de Román Ferrat, así como Bosco de la Vega Valladolid, un personaje de oscura historia, hoy esposo de Lorena Ferrat. Lo que en el expediente queda claro es que a Ferrat Sola le falsificaron la firma y, después de la muerte del exfuncionario mexiquense, ocurrida el 7 de agosto de 2008, su propia esposa e hijas, con ese poder en sus manos, se apropiaron de edificios, ranchos, hoteles, cuentas bancarias, casas, corporativos, departamentos en el extranjero, ganado de alto registro, obras de arte, joyas y automóviles de lujo, entre otros bienes.

A lo largo de tres años de investigaciones se acreditó que el señor Román Ferrat Sola, en el momento de ser operado, ya no tenía capacidad para valerse por sí mismo. Es más, ni siquiera pudo firmar su ingreso al hospital Español, donde fue llevado en plena agonía por padecer cáncer en fase terminal, meningitis tuberculosa e hidrocefalia aguda. Según se afirma en varios peritajes contenidos en el expediente —uno de ellos realizado por el hospital psiquiátrico Fray Bernardino de Álvarez, uno de los más prestigiados en la materia— Ferrat Sola estaba inhabilitado para realizar cualquier acto. Todo ello, debido a las enfermedades terminales que padecía y que lo condujeron a la muerte.

La familia García Paniagua reaparece bajo los reflectores del escándalo con este caso, no obstante que apenas en 2011 Javier García Morales fue asesinado en Guadalajara a plena luz del día. Varios hombres armados le dispararon y su cuerpo quedó tirado en una céntrica calle de esa ciudad. Nadie dudó que este crimen obedecía a un ajuste de cuentas.

García Morales era hijo de Javier García Paniagua, exsecretario de Gobernación, extitular de la Dirección Federal de Seguridad y fuerte aspirante a la presidencia de la República en los años setenta. García Paniagua es hermano de Marcela Ramona García, actualmente acusada por la procuraduría capitalina. Ambos, Javier y Marcela Ramona García Paniagua, son hijos del general Marcelino García Barragán, exsecretario de la Defensa durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970). García Barragán junto con Luis Echeverría y el propio Díaz Ordaz pasaron a la historia como los principales responsables de la matanza estudiantil de 1968. Al entonces titular de la Defensa Nacional se le atribuye toda la planeación logística.

La averiguación previa que integró y consignó la PGJCM fue radicada al juzgado 34 penal, a cargo de Armando Montoya Vázquez. A este funcionario del Poder Judicial parece que no le tiembla la mano: ha resuelto casos relevantes incluso donde están implicados familiares de altos mandos del Ejército. Por ejemplo, giró la orden de aprehensión en contra de Carlos Galván Guerrero, nieto de Félix Galván López, exsecretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Felipe Calderón, por el delito de fraude. También le dictó auto de formal prisión al empresario de origen argentino Carlos Ahumada, quien se vio implicado en escándalos de fraude, cohecho y hasta en líos pasionales.

Ricardo Ravelo