A diez años del asesinato perpetrado el 24 de mayo de 1993, en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, afirmó que las líneas de investigación plasmadas en el expediente conducen hacia el Crimen de Estado, y advirtió que el móvil del crimen podría haber sido el conocimiento que el Cardenal Posadas tenía de la vinculación que algunos políticos mexicanos tienen con el narcotráfico.

Una libreta con nombres de políticos y narcotraficantes

Entrevistado vía telefónica por Semanario, en su oficina de la Ciudad de México, Ortega Sánchez, apuntó: «A fines de 1999, cuando interrogamos a Horacio Montenegro –Exdirector de Inteligencia Militar y de Seguridad Pública de Jalisco, detenido en 1997 por su vinculación con el General Jesús Gutiérrez Rebollo y el narcotráfico, quien participara junto con la 5ta. Región Militar en la investigación del Caso Posadas, por orden del Expresidente Salinas–, habló de un homicidio que sucede días después del asesinato del Cardenal, en Zapopan, Jalisco, el 3 de junio de 1993, donde murió un narcotraficante, Magdaleno Coronel Villarreal, del ‘Cartel de Juárez’, y donde aseguró que fueron encontrados documentos relacionados con el homicidio del Cardenal Posadas. En concreto, una libreta que contenía los nombres de los narcotraficantes bolivianos, peruanos y colombianos, y los nombres de los políticos mexicanos que los protegían. Entonces le comencé a preguntar sobre los sudamericanos, y el Agente del Ministerio Público interrumpió la diligencia, diciendo que ese era un asunto de narcotráfico y lo que nosotros investigábamos era el homicidio del Cardenal. Por lo que ya no pudimos conocer la lista de nombres. Nosotros pensamos que esa libreta nos puede dar luces para ver si esta hipótesis que tenemos del móvil, es correcta».

Esta libreta está fotocopiada y se encuentra en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), el Centro Nacional de Investigación de las Drogas, y los Archivos del Ejército Mexicano: «Si hubiera voluntad política de todos estos elementos que obran en archivos de dependencias federales, los obtendríamos, y estamos seguros de que nos darían claridad para concluir la investigación».

Cassettes que contienen amenazas a Posadas

El abogado señaló que, en uno de los vehículos encontrados en el lugar del asesinato de Coronel Villarreal, fueron encontrados un par de audiocassettes: «Horacio Montenegro comentó fuera de declaración a mi colaborador, Jesús Becerra, que en uno de esos cassettes había amenazas al Cardenal, pero no lo quería decir porque temía por su vida».

Además, en los mismos vehículos se encontraban botas y camisas vaqueras: el mismo uniforme que, según declaraciones, llevaba el grupo ejecutor del Cardenal Posadas, afirma Ortega. Sin embargo, las últimas indagaciones apuntan a que el Cardenal fue asesinado por efectivos de la desaparecida Policía Judicial Federal, y el Ejército, disfrazados de narcotraficantes.

Argumentos que apuntan al Crimen de Estado

En la última etapa de la investigación del «Caso Posadas», que data de julio de 2001 a la fecha, la línea de investigación de los representantes de las víctimas que perdieron la vida el 24 de mayo de 1993, acentúa el Crimen de Estado:

Vuelos previos de la PGR

1.- En el hangar de la PGR fueron localizadas las bitácoras de cuatro vuelos que salieron a investigar el homicidio del Cardenal Posadas, antes de que se cometiera; Antonio Ortega Sánchez cuenta con los oficios de la Dirección de Aeronáutica de la PGR, las declaraciones de los pilotos y los pasajeros.

2.- El exprocurador de la República, Jorge Carpizo, declaró, dentro del expediente del «Caso Posadas», que él ordenó la salida de esos vuelos: el XC-PGR, XC-AA14, XC-AA16, XC-HGY. Los vuelos fueron entre las 13:52 pm y las 15:50 pm. El homicidio ocurrió a las 15:45 pm.

3.- El vuelo XC-PGR llegó una hora antes del homicidio, y estuvo 40 minutos en el Aeropuerto de Guadalajara. En él, iban funcionarios de la PGR y de la Policía Judicial. «¿Qué fue a hacer ese vuelo, operado desde el hangar presidencial, por pilotos militares? ¿Fue a investigar o a preparar el asesinato?», cuestiona Ortega.

4.- Testigos identificaron en el aeropuerto, a personal de la Policía Judicial Federal desde la mañana del 24 de mayo. Entre ellos, Rodolfo León Aragón, Director General de la PJF, y a Raúl Loza Parra, colaborador.

5.- Declaraciones del comandante Fulvio Jiménez Turegano, de la PJF, así como de ocho agentes que componían su grupo, señalan que el mismo día del homicidio, el Dr. Carpizo le ordenó telefónicamente, como a las cinco de la tarde, que se fuera al aeropuerto porque iba a llegar un avión militar que protegía al «Chapo» Guzmán.

6.- El primer fiscal, Alejandro Arenas Gallardo, nombrado por el Exprocurador Carpizo, iba en uno de los vuelos que salieron antes del asesinato, y portaba consigo la foto del «Chapo» Guzmán. Su declaración ministerial fue que el avión había salido tres horas después del homicidio, cuando en la bitácora se comprueba que salió 15 minutos antes.

Hostigamiento al Cardenal Posadas

7.- El Cardenal Posadas fue seguido, vigilado e intimidado los días previos a su muerte. En el expediente consta la intervención telefónica que, desde 1992, se ordenó desde la PGR a la Iglesia Católica. Hay dos audiocassettes de intervenciones telefónicas, tanto de su casa como de sus oficinas de trabajo, donde la huella de intervención se dirige a la PGR, Delegación Jalisco. José Luis Thirión Muñoz y Carlos Delfino Mendoza, ex trabajadores de TELMEX, intervinieron los teléfonos.

8.- En Los Pinos, le fueron propuestos «beneficios en su Ministerio», si se «hacía de la vista gorda» con el corredor Tijuana-Guadalajara, de prostitución, pornografía y narcotráfico. Un amigo de su infancia refirió la indignación del Cardenal Posadas.

9.- José Córdoba Montoya, ex jefe de la Oficina de Coordinación del Expresidente Salinas, le agredió, según declaraciones. Tal intimidación consta en el expediente desde hace más de un año y, hasta el momento, no ha sido llamado a declarar.

10.- En 42 homilías, el Cardenal Posadas condenó el narcotráfico, la prostitución y la pornografía. En una de ellas, correspondiente al 1 de enero de 1990, exclamó:

«Hay toda una industria pornográfica sumamente lucrativa, como el narcotráfico, pero no raramente vinculada al crimen organizado».

«La pornografía lleva hasta la prostitución y la ‘trata de blancas’; conduce fácilmente a la violencia, hasta los crímenes más abyectos, y fomenta la drogadicción; es uno de los factores más capaces de minar la vida familiar, y fácilmente lleva hasta graves y peligrosas agresiones sexuales como la pedofilia, los secuestros y asesinatos».

«A la autoridad pública se le pide especialmente intervenir con energía para controlar los intereses comerciales de una propaganda sin escrúpulos, y así impedir este insidioso tráfico».

Testigos sembrados, trabas, hostigamientos y calumnias, cuando la verdad asoma

Tres testigos sembrados en diez años de investigación. Además, dificultad para acceder al expediente, participar en las investigaciones, solicitar diligencias u obtener copias de las mismas; desinformación y cambios sobre el día, hora y lugar de los interrogatorios; realización de dos o más diligencias a la misma hora y en distinto lugar. Éstas son algunas de las «trabas» que, desde hace un año, se han incrementado por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), hacia los abogados de la coadyuvancia en el esclarecimiento del «Caso Posadas».

«Cada vez que nos acercamos a la verdad, y dirigimos el fuego hacia donde está la claridad en el asunto, comienzan las trabas. Cuando quiero ver un expediente, tengo que ir cuatro o cinco veces a la Procuraduría, esperar hasta una hora o más, cuando debería ser al momento de la solicitud», subrayó José Antonio Ortega Sánchez, abogado del Cardenal Sandoval, y señaló además que la PGR reincidió en la obstaculización del caso, cuando la coadyuvancia encontró las bitácoras de los aviones que salieron del D.F. rumbo a Guadalajara, antes del homicidio del Cardenal Posadas.

«Cuando se interrogó al Senador Antonio García Torres, quien era la máxima autoridad que viajaba en el vuelo XE-PGR, que llegó al Aeropuerto de Guadalajara una hora antes de que el homicidio se cometiera, cambiaron el lugar (de la diligencia) y ni siquiera nos avisaron. Las preguntas fueron para salir del compromiso y para aparentar que se estaba investigando; no se le preguntó por qué había estado una hora antes en el aeropuerto», dijo.

Ortega Sánchez señaló que tales irregularidades en la investigación, provienen «directamente del Procurador Rafael Macedo de la Concha». Cabe mencionar que, por orden del Procurador, no se permitió a este medio contactar en entrevista a la Subprocuradora, Dra. María de la Luz Lima Malvido. Así lo afirmó su Secretario Particular, Pablo Barragán, quien informó que las entrevistas periodísticas sobre el «Caso Posadas» no podían concederse por orden institucional, «hasta nuevo aviso».

Amenazas a su familia

Desde hace un año, la familia de Ortega Sánchez también ha sido hostigada. Su hijo mayor, José Antonio, de 25 años de edad, ha recibido «amenazas, presiones, robos continuos y, recientemente, lo han pretendido involucrar en un supuesto intento de secuestro. Se le acusa de videofilmar, el día 7 y 8 de abril, a dos señoritas de 17 y 16 años. Sin embargo, «mi hijo, a esas horas, estaba en su clase de portugués, y el día 8 estaba en mi casa; a las dos de la tarde salió porque iba a comer con un amigo, pero fue impactado por otro coche, que se dio a la fuga, porque supuestamente iba huyendo de la policía. Éste es un jueguito totalmente armado por la PGR, que no ha cambiado y sigue con las mismas mañas que tenía en los Gobiernos anteriores. Lo hacen para desprestigiarme, presentarme como una gente sin calidad moral, y que los señalamientos que estoy haciendo no tengan ninguna credibilidad. Además, varias veces han intervenido mis teléfonos».

- ¿En este momento podrían estar monitoreándonos?

- Por supuesto. Generalmente de lo que hago, a las personas a las que interrogo, o lo que hablo por teléfono, tiene acceso el Dr. Carpizo, y después son usados en mi contra para descalificarme. No es posible que él siga teniendo acceso a todo ese aparato de represión que sigue subsistente en las instituciones de Seguridad Pública.

Son muy hábiles y astutos, hay que aprenderles para evitar caer en sus trampas. Como los testigos sembrados, quienes tienen la misma característica: comienzan corroborando nuestra hipótesis, y después presentan contradicciones que nos hubieran hecho desacreditar toda la investigación.

- ¿Qué le diría a esas personas que nos están monitoreando?

- Que no me van a intimidar, ni van a parar el trabajo que estoy realizando. Tengo la convicción de que vamos a llegar a la verdad, y que ésta va a salir a la luz pública. De haber voluntad política, en medio año el caso estaría resuelto.

Amenazas de funcionarios de la PGR

El Lic. Antonio Ortega ha recibido amenazas directas de parte de funcionarios de la PGR, durante la investigación. Al respecto, el Cardenal Juan Sandoval interpuso una «protesta enérgica», y fueron cesados dichos elementos.

1. “Pasó, pero no pasó”

Cuando Ortega Sánchez interrogaba a los agentes de la PJF, sobre la presunta participación de elementos de la 5a. Región Militar en la investigación del «Caso Posadas», Benjamín Cuauhtémoc Sánchez Magallán, entonces Coordinador de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), le dijo:

-«Eso no te conviene preguntarlo; eso sí pasó, pero no pasó».
-«No te entiendo», respondió Ortega.
-«Sí, sí pasó en la realidad –reviró Sánchez Magallán– pero no en el expediente; más vale que no preguntes, que en eso no te metas, porque la gente que participó en eso, van a tener el expediente y vas a asumir las consecuencias directamente
-«¿Me estás amenazando?», cuestionó Ortega.
-«No, sólo te digo que esos temas aquí no los manejamos».
Ortega ignoró la intimidación, y los datos obtenidos en dicho interrogatorio fueron confirmados, tiempo después, por el Gral. Jesús Gutiérrez Rebollo y el Capitán Horacio Montenegro Ortiz.

2. “Ten cuidado con tu vida”

Cuando Ortega Sánchez interrogaba a Javier García Ávila, Coordinador de Asesores del entonces Procurador, Jorge Madrazo y miembro del Grupo Interinstitucional, sobre la cena en la que participaron varios obispos –entre ellos el Cardenal Posadas–, así como Manuel Camacho Solís y otros políticos, tres días antes del homicidio, éste le dijo en un receso:

-«Si crees que yo mandé matar al Cardenal, estás loco; eso no te lo voy a perdonar. Ten cuidado con tu vida, porque estás llegando muy lejos con la investigación».

Ortega indagaba los detalles de la cena, para conocer lo platicado en ella, y si el Cardenal había expresado algo que no se conociera en ese momento. Momentos antes, Ortega preguntó a García Ávila sobre su vinculación con Raúl Salinas –para el cual había trabajado–, pero «se molestó mucho», y el Lic. José Luis Ramos Rivera, quien llevaba la diligencia, descalificó el interrogatorio.

3. Hostigamiento por el CISEN

En el año dos mil, elementos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), instalaron una oficina justo frente a la de Antonio Ortega, para vigilarlo. El Procurador Samuel del Villar fue notificado y, a su vez, habló con Alejandro Alegre, director del CISEN. Las oficinas desaparecieron un día después.

4. Secuestros

El 4 de septiembre de 2002, Eloy Salazar, colaborador de Antonio Ortega, fue secuestrado durante una hora, y lo obligaron a recoger a una persona bajo amenaza de muerte. Al día siguiente lo acusaron de secuestro.

Une a los obispos el Caso Posadas. Carta a Fox

El pasado 13 de mayo, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), envió una misiva al Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, en la que los prelados piden sea aclarado el crimen cometido contra el Sr. Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, quien fuera Arzobispo de Guadalajara.

Se trata de una carta redactada por el organismo más importante de la jerarquía mexicana, la Asamblea en pleno de los obispos de cada una de las Iglesias Diocesanas; además, la misiva reviste particular importancia, ya que es la primera ocasión, desde la muerte del prelado, que todos los obispos de México, exigen la aclaración del lamentable asesinato.

Semanario presenta, de forma íntegra, la carta que los jerarcas mexicanos redactaron con la esperanza de que éste, y todos los crímenes impunes que afectan el bienestar de nuestra Patria, sean aclarados.

México, D. F. Mayo 13 de 2003

Lic. D. Vicente Fox Quesada:

Los obispos mexicanos celebramos, en Monterrey (Nuevo León), nuestra LXXV Asamblea Plenaria, del 28 de abril al 2 del presente. En esta Asamblea hemos abordado nuevamente el delicado caso del asesinato, hasta ahora no plenamente esclarecido, del Sr. Cardenal D. Juan Jesús Posadas Ocampo y de seis personas más, entre ellas, el chofer del mismo Cardenal, Sr. Pedro Pérez Hernández. El día 24 de mayo se cumplirán diez años de este penosísimo acontecimiento. A lo largo de este tiempo, las Procuradurías de los dos Gobiernos anteriores, y desafortunadamente también del actual, a su digno cargo, no han querido o no han podido investigar a fondo y de manera consistente para llegar a la definición de sus autores materiales e intelectuales.

Los miembros del Episcopado han preguntado a esta Presidencia de la Comisión del Episcopado Mexicano (CEM), acerca de las gestiones realizadas para solicitar y exigir la resolución de este penoso asunto, y con no poca mortificación les hemos informado: en primer lugar, de las numerosas y continuas actuaciones de los abogados de la coadyuvancia, los licenciados José Antonio Ortega y Diputado Fernando Guzmán, a quienes, lejos de facilitar su trabajo, atendiendo a su condición de coadyuvantes, cada día se les ha obstaculizado en mayor medida, habiendo ocurrido lo mismo con la Subprocuradora, la Dra. Ma. de la Luz Lima Malvido, formal y teóricamente a cargo del asunto, aun cuando en los últimos meses, prácticamente durante todo un año, ni siquiera ha tenido acceso al expediente; habiéndose llegado al extremo de mantener una presión constante sobre todos ellos, hostilizándolos y amenazándolos continuamente.

También les hemos informado que ante esa absurda situación, reveladora de fuertes intereses encaminados a ocultar la verdad, contrarios a la procuración de justicia, cuyos móviles hasta ahora nos son totalmente desconocidos e incomprensibles, hemos interpuesto nuestra solicitud de gestión para remover esos obstáculos, ante su respetable persona, a cargo de la primera magistratura del País, mediante audiencias en las cuales hemos entregado personalmente sendas cartas: la primera, el 7 de julio de 2002; y la segunda, el 1 de abril del presente año.

Hemos dado cuenta de la decepcionante respuesta a la primera de ellas por parte del Procurador General de la República, Lic. Rafael Macedo de la Concha, mes y medio después de su recepción, es decir, el 19 de agosto de 2002; así como de la falta de respuesta a la segunda, hasta la fecha de la celebración de nuestra mencionada Asamblea, en la cual nos hubiera gustado dar alguna información satisfactoria, si no de la resolución de la investigación después de diez años, cuando menos de una actitud diligente, efectiva y transparente de las autoridades a cargo del desahogo de las actuaciones, con avances reales y tangibles.

Señor Presidente Fox, nos preguntamos: «¿Qué pueden esperar nuestros compatriotas, la mayoría de los cuales no tienen ni abogados, ni la posibilidad de acceso a las más altas autoridades del País, para recibir justicia; cuando quienes representamos a un gran número de los mexicanos en su calidad de feligreses católicos, haciéndonos eco del reclamo no solamente suyo sino también de católicos y eclesiásticos de Estados Unidos de Norteamérica, de Latinoamérica y también de Europa, pedimos justicia y no recibimos sino evasivas que no sabemos si adjudicar a falta de capacidad o de voluntad política?».

Nosotros no somos especialistas en la materia, pero como muchos otros, nos preguntamos:

- ¿Por qué no se investiga la razón por la cual los agentes de la procuraduría, enviados desde México a investigar el homicidio, salieron antes de que el asesinato fuera cometido?
- ¿Por qué no se investiga a los altos funcionarios de la Procuraduría General de la República, que llegaron al Aeropuerto de Guadalajara una hora antes de perpetrarse el homicidio?
- ¿Por qué no se investigan las presiones a las que fue sometido el Cardenal Posadas Ocampo en las oficinas de Los Pinos, los días previos a su muerte?
- ¿Por qué no se investiga el vuelo militar que sacó de Guadalajara al «Chapo» Guzmán, después del homicidio del Cardenal?
- ¿Por qué no se investigan las intervenciones de los teléfonos de varios representantes de la Iglesia Católica, y especialmente la del Señor Cardenal Posadas Ocampo?
- ¿Por qué no se investiga el seguimiento y vigilancia a la casa y oficina del Cardenal Posadas Ocampo, los días previos a su muerte?

Señor Presidente Fox: la justicia es uno de los compromisos más trascendentes de su Gobierno. Sigue siendo asignatura pendiente y un anhelo vehemente de todos los mexicanos que desean verla como uno de los frutos de los cambios indispensables en el País. No puede seguir habiendo tanta impunidad afectando a millones de mexicanos en sus bienes, en su honra y en su integridad personal y en la misma pérdida de su vida, por ello, nosotros, en representación de innumerables católicos y de muchas otras personas de buena voluntad, no deseamos dejar de hacer nada que pueda conducirnos a la resolución de este doloroso caso del proditorio asesinato del Cardenal Posadas Ocampo; como una muestra de la voluntad de su Gobierno de combatir esa impunidad; como una reivindicación que nutra la esperanza de los mexicanos de ir evolucionando hacia un verdadero Estado de Derecho, en el cual puedan obtener la justicia por tantos años negada, especialmente los millones de pobres y marginados.

Rechazamos las torpes y absurdas acusaciones de algunos, en el sentido de tener cualquier otro tipo de interés que no sea la satisfacción del derecho innegable que tenemos de conocer la verdad, como lo expresó en el sepelio del Cardenal Posadas, el representante especial de Su Santidad Juan Pablo II para este acto, el Cardenal Pironio, incluso para saber a quienes debemos perdonar por tan execrable homicidio. El pueblo mexicano necesita conocer la verdad en este caso y en todos los sucesos sociales, económicos y políticos que le afectan; no podemos permitir más la simulación y la mentira, porque éstas impedirían cualquier esfuerzo serio por democratizar la vida del País. Sabemos de su coincidencia personal con estas exigencias y por ello de su propuesta legal, ya afortunadamente aprobada por el Legislativo, para instalar la Comisión Nacional de Transparencia. Pues si este derecho se aplica para todas las acciones públicas, con mayor razón debe buscarse con eficacia la revelación de la verdad en los procesos judiciales, porque sin ella es imposible su satisfacción.

Pareciera que algunos desearían dejar pasar el tiempo con las investigaciones empantanadas, para pretender que nos vayamos olvidando de nuestra pena e indignación, o para alcanzar la prescripción legal de los delitos. No vamos a dejar de exigir la aplicación de la justicia y nos reservamos el derecho de denunciar las actitudes dolosas o irresponsables de quienes estando obligados a procurar la investigación y la consignación de los responsables de estos delitos, no lo hagan.

Por todo lo anterior y como consecuencia del acuerdo unánime de los miembros de la Conferencia Episcopal Mexicana, reunida en su LXXV Asamblea, en la que participaron más de 80 obispos mexicanos, nuevamente le solicitamos se atienda con diligencia nuestra petición para desahogar y cumplir la investigación del asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, dando las facilidades que la ley otorga a los abogados de la coadyuvancia, así como los recursos humanos y materiales a la Subprocuradora Lima Malvido, encargada del caso.

En espera de su oportuna respuesta, nos despedimos ofreciendo nuestra oración para que el Señor lo ilumine y fortalezca en su delicado servicio en bien de todo el pueblo de México.

Por los Obispos de México, Consejo de Presidencia de la CEM: • Luis Morales Reyes, Arzobispo de San Luis Potosí Presidente de la CEM; J. Guadalupe Martín Rábago, Obispo de León, Vicepresidente de la CEM; Abelardo Alvarado Alcántara, Obispo Auxiliar de México, Secretario General de la CEM; J. Guadalupe Galván Galindo, Obispo de Torreón, Tesorero de la CEM; Javier Navarro Rodríguez, Obispo de San Juan de los Lagos, Vocal de la CEM; Ricardo Watty Urquidi, Obispo de Nuevo Laredo, Vocal de la CEM.

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Solicitud de medidas cautelares urgentes

Han transcurrido 10 años del penoso acontecimiento que arrebató la vida al entonces Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, al Sr. Pedro Pérez Hernández (chofer del prelado) y cinco personas más, aquella tarde del 24 de mayo de 1993, en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de esta ciudad.

Contrariamente al tiempo que ha transcurrido, pocos han sido los avances en cuestión de saber quién o quiénes son los responsables de tan despiadados asesinatos. O lo que es más preocupante, la instancia encargada de la investigación ha mitigado, desvirtuado y desconocido líneas de averiguación e indagación cruciales para el esclarecimiento del caso.

Por ello, y debido también a las persecuciones, intimidaciones e injurias en contra del Cardenal Juan Sandoval Íñiguez, el Diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez y el Lic. José Antonio Ortega Sánchez, éstos decidieron mostrar su inconformidad y solicitar medidas cautelares urgentes, por medio de una denuncia formal, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, D.C.

Hecho o situación denunciada

• La investigación realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) no ha sido satisfactoria, puesto que atribuyó la muerte del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo a un suceso fortuito, puesto que éste, según la instancia de investigación, fue confundido con el narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera o con su escolta.

Dicha teoría causó inconformidad entre los diversos sectores de la sociedad mexicana, entre ellos, el Arzobispado de Guadalajara. Ante dicha situación, la PGR conformó un Grupo Interinstitucional, del cual forman parte los denunciantes, que tuvo como finalidad, profundizar en las causas reales de la muerte del Cardenal Posadas Ocampo.

Dicho grupo trabajó intensamente de julio de 1998 a julio de 2000, logrando avances significativos, sin haber concluido la investigación del homicidio, por lo que el expediente se envió a reserva.

A partir del 27 de julio de 2001 reiniciaron su investigación, aportando pruebas jurídicas, logrando con ello avances muy importantes.

Sin embargo, a partir del mes de junio de 2002, comenzaron a encontrar fuertes resistencias de la autoridad (Procuraduría General de la República) para profundizar en la investigación, con los siguientes problemas:

1) No se han conjuntado pruebas suficientes que lleven a la autoría material e intelectual de los homicidas.

2) Algunas de las pruebas señaladas por los coadyuvantes, es decir, por el Cardenal Sandoval Íñiguez, el Diputado Guzmán Pérez Peláez y el Lic. José Antonio Ortega, no han sido admitidas por parte de la autoridad y las que sí han sido recibidas, son encauzadas a través de una investigación débil que hace pensar en una simulación indagatoria por parte de la PGR.

c) En algunos casos, ante pruebas importantes, injustificadamente no han sido convocados y se practican las pesquisas sin su presencia.

4) A pesar de que tienen copias del expediente, incluidas las diligencias practicadas hasta el año 2001, a partir de 2002 se negó el acceso a las copias de la averiguación, alegando que la investigación es reservada y que ha habido supuestas filtraciones a la prensa.

Todo ello pone en grave riesgo la investigación porque se ha detectado, en más de tres ocasiones, el robo de constancias en la Averiguación Previa, sin que hasta la fecha se precise en qué consistían y qué contenían las constancias robadas; la última de ellas, fue detectada gracias a que tenían copia simple de la declaración del Ex Nuncio Apostólico Girolamo Prigione, y se agregó nuevamente la constancia. Ha dado inicio una investigación para encontrar a los servidores públicos que sustrajeron o no agregaron dicha declaración; pero esta iniciativa solamente fue posible gracias a que los coadyuvantes tenían copia de la misma.

Con este motivo, se ejerció acción penal contra cuatro ex servidores públicos ante el Juez Noveno de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, y se les dictó Auto de Formal Prisión por el delito en contra de la Administración de Justicia, asentado en el expediente 18/2003-F.

Dentro del robo de constancias también fue sustraído un documento de Averiguación Previa, con fecha de 2 de enero de 1995, en el cual se asienta que la averiguación fue depurada, eliminando de la misma, dos tomos. Estos hechos también se están investigando, pues no existe constancia de las hojas depuradas y no se dijo nunca en qué consistían, y ni dejaron copia alguna.

Solicitud de medidas cautelares

Con motivo del trabajo de coadyuvancia que realizan actualmente el Cardenal Juan Sandoval Íñiguez, el Diputado Fernando Guzmán Pérez Peláez y el Lic. José Antonio Ortega Sánchez, éstos han sido asediados con amenazas de muerte, intimidaciones y falsas acusaciones, que ponen en entredicho la integridad física y moral de los coadyuvantes en el «Caso Posadas».

Debido a esta situación, como medidas cautelares, se solicita:

a) Girar un comunicado de forma inmediata al Procurador General de la República, para que cese el hostigamiento y la presión hacia estas personas, especialmente, al abogado José Antonio Ortega Sánchez.

b) Nombrar un visitador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que vigile la integración de todas las posibles averiguaciones que se integren en contra de este grupo de coadyudantes, para que se respeten, en todo momento, sus derechos humanos y se vigile para evitar que se implemente una falsa acusación en su contra. Lo anterior se arguye porque existen versiones de que el Gral. Rafael Macedo de la Concha, Procurador General de la República, ha comentado a diversas personas que José Antonio Ortega Sánchez, está involucrado en asuntos de secuestro.

Líneas de investigación que no se han profundizado

1. Todas las circunstancias de tiempo y modo, alrededor de quienes ejercieron presión desde la Residencia Oficial de Los Pinos, a través de José María Córdoba Montoya (Jefe del Gabinete de Seguridad del Presiente Carlos Salinas de Gortari) contra el Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, días antes del homicidio.

2. Falta de profundización en las circunstancia de tiempo, modo, lugar y los pasajeros participantes del vuelo militar, así como la matrícula del avión y la tripulación del vuelo que sacó a Joaquín Guzmán Loera, alias «El Chapo», del Aeropuerto de Guadalajara el mismo día del crimen, y horas después de que fuera perpetrado éste.

Conexiones sin investigar:

1) La autorización del entonces Procurador General de la República, Lic. Jorge Carpizo, de la salida de cuatro aeronaves oficiales de la Ciudad de México hacia Guadalajara, para investigar un homicidio que todavía no se perpetraba.

Cabe señalar que estas líneas de investigación se desprenden de documentos y declaraciones de elementos policíacos y de la «Relación de Vuelos de la Segunda Quincena de Mayo de 1993», bitácora donde se especifica la existencia de éstos.

Al respecto, el Agente del Ministerio Público al integrar la Averiguación Previa, ignoró la necesidad de corroborar la declaración del entonces Procurador, Carpizo McGregor, con respecto a la salida de estos aviones que son ubicados por él con un horario posterior a los asesinatos, situación que se contrapone a las bitácoras de vuelo.

2) La presencia de autoridades, militares y policías judiciales, en el Aeropuerto de Guadalajara, durante las horas previas al homicidio.

De acuerdo con constancias ministeriales, una hora antes del asesinato, altos funcionarios de la PGR, entre los que figuraron el entonces Subprocurador Antonio García Torres, actual senador de la República, y Jorge Núñez Mora, quien fungía como Director Operativo de la PJF, llegaron a la ciudad de Guadalajara, estuvieron en la terminal aérea y regresaron a México 20 minutos antes de la hora en que acribillaron al Cardenal.

En esta misma línea, el día 11 de septiembre de 2002, cuando citaron al Sr. Antonio García Torres para ampliar su declaración, hubo las siguientes irregularidades:

1) No fuimos citados a la declaración (el Grupo Interinstitucional).

2) Cambiaron de domicilio, a última hora, para el desahogo de la prueba.

3) De la lectura de la declaración del Sr. Antonio García Torres, se aprecia que las preguntas fueron hechas sólo para «aparentar» que se estaba investigando, sin ninguna atingencia e interés por profundizar en los hechos investigados.

4) Se objetó la diligencia y se solicitó se volviera a citar al Sr. Antonio García Torres, y la solicitud fue denegada.

5) Dentro de las deficiencias graves en el interrogatorio, se notó que no le preguntaron a dicha persona, si había autorizado la salida de los vuelos XCPGR, XCAA14, XCAA16 y XCHGY el mismo día de los hechos y, si él ordenó y coordinó a los funcionarios de la Procuraduría General de la República que volaron en las aeronaves CPGR, XCAA14, XCAA16 y XCHGY.

6) Tampoco se le cuestionó qué fue lo que hizo y dónde estuvo una hora antes del homicidio, en el lugar de los hechos, y todas las preguntas conducentes a conocer la verdad.

Asimismo falta indagar y profundizar en las investigaciones tendientes a establecer:

3) Quién ordenó la intervención telefónica de las oficinas y casa del Cardenal Posadas Ocampo, los días previos a su homicidio. Diversas declaraciones indican, al respecto, que la huella técnica, así como el destino de estas comunicaciones pertenecen a la Delegación de la PGR en Jalisco.

4) Quién o quiénes ordenaron e hicieron la vigilancia en la casa y oficina del Cardenal Posadas Ocampo, los días previos a su asesinato. Esta línea de investigación se desprende de declaraciones que hacen alusión a la presencia constante de individuos que vigilaban los movimientos del purpurado.

Por estas razones y por la gravedad del peligro en que se encuentra su vida, dignidad, honra y buen nombre, es que se acudió a esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando las medidas cautelares antes referidas.

¿Por qué interviene Carpizo?

Este señor «vuelve a las andadas». Su propósito es muy claro: desviar la atención. Está desesperadamente buscando entretener o debilitar el reclamo que se hace.

Quiere que el cuestionamiento importante no tenga que ver con averiguar quién mató al Cardenal Posadas y por qué, sino que la opinión pública y las autoridades fijen la atención en el Cardenal Sandoval, señalándolo falsamente, acusándolo de narcotraficante y promotor de casinos. ¡Qué cosa tan ridícula!

¿Por qué cada vez que se nombra el asunto del «Caso Posadas», Carpizo salta a la palestra de los medios, se pone los guantes y comienza a tirar golpes sin ton ni son?

La respuesta es muy sencilla: él tuvo parte en el asesinato. Él organizó el operativo para matar al Sr. Posadas Ocampo. Lo anterior ha sido declarado por testigos, y se desprende de las bitácoras de vuelos, de la PGR, que salieron ese mismo día de la Ciudad de México a Guadalajara, ya referidos en este reportaje.

Actualmente, Carpizo no tiene ningún título ni oficio en este asunto. Se involucra porque se está defendiendo a sí mismo. Está queriendo cubrir algo en lo que él tuvo parte.


Semanario, Jesús Carlos Chavira Cárdenas