El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó un decreto para formar una Comisión de la Verdad y abrir todos los documentos del gobierno para resolver el caso sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La Comisión retomará las investigaciones y las recomendaciones emitidas por distintas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, incluyendo la investigación independiente realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de forenses argentinos, que presentó dos informes sobre este caso.
"No queremos que quede impune como otros casos, queremos solución, queremos encontrar a nuestros muchachos", dijo María Martínez Ceferino, madre de uno de los jóvenes desaparecidos, en nombre de los familiares de las víctimas.
"Hemos tenido que buscar apoyo en otro países porque aquí nos han cerrado las puertas", añadió Martínez.
"No habrá impunidad"
Por su parte, el presidente López Obrador señaló que con este decreto se inicia un proceso para resolver el caso.
"Con la firma de este acuerdo iniciamos el proceso de búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa. Ese fue nuestro compromiso y estamos empezando a cumplir nuestra palabra", dijo el político tras la firma del documento.
El mandatario mexicano señaló que su administración no tiene ningún obstáculo para conocer la verdad sobre lo ocurrido con los jóvenes desaparecidos, y añadió que "hacer justicia no debilita a las instituciones, las fortalece".
"Con este decreto se ordena a todo el gobierno, en lo que corresponde al Poder Ejecutivo, para que se preste todo el apoyo a ustedes, a la Comisión que se va a integrar, para llegar a la verdad. Todo el Gobierno va a ayudar en este propósito y les aseguro que no habrá impunidad", agregó López Obrador.
El Gobierno también anunció medidas de protección para personas que aporten documentos y testimonios para resolver el caso.
La nueva comisión de la verdad tratará de llenar el agujero de desconfianza entre las familias y el Gobierno. Para ello, el Ejecutivo les ha puesto en el centro de todo, ordenando a cualquier organismo gubernamental que colabore, que entregue toda información que pueda ayudar en la investigación; señalando que no se podrá reservar información en este caso, mantenerla oculta. "Este es un asunto de estado, es un asunto que interesa mucho a todos los mexicanos", ha dicho López Obrador.
La comisión, que empezará a funcionar esta misma semana, integrará a funcionarios de alto nivel de las secretarías de Gobernación, Hacienda y Relaciones Exteriores, además de representantes de familiares de los 43 y organismos internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su tarea será supervisar la investigación oficial y tratar de llegar de una vez por todas a una verdad aceptable: ¿Qué pasó con los estudiantes desaparecidos?
Para ello, el decreto prevé que la fiscalía cree una oficina especial para investigar el caso, integrando las pesquisas de sus antecesores, pero sobre todo los resultados del informe que presentó la semana pasada la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH. Así lo ha explicado el futuro responsable de la comisión, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación. "Debemos entender que esclarecer el caso es el inicio de una política que coloca en el centro a las víctimas", dijo Encinas. "Conocer los hechos fortalecerá a las instituciones en vez de debilitarlas. Como sociedad tenemos derechos a la verdad y justicia".
Para entender el caso Ayotzinapa
De acuerdo con los dos informes del GIEI, elaborados en coordinación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los 43 normalistas fueron detenidos en septiembre de 2014 por policías de la comunidad de Iguala, Guerrero, y posteriormente entregados a grupos del crimen organizado.
Tras la desaparición de los jóvenes, el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, a través de la Procuraduría General de la República, aseguró que los jóvenes desaparecidos habían sido incinerados en el basurero de Cocula. Una versión que sería cuestionada tras la evidencia presentada por el GIEI y pondría en duda la "verdad histórica" presentada por las autoridades mexicanas.
El caso fue un parteaguas en el sexenio de Peña Nieto, debido a la ola de protestas multitudinarias que generó, así como la visibilización que obtuvo a nivel internacional.
A más de cuatro años de las desapariciones, ocurridas la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, los familiares siguen exigiendo Justicia para esclarecer el caso.