Este señor, Luis Núñez Sandoval, pone en vergüenza la justicia que debería representar y administrar, escudándose, se dice, en un apoyo que, afirma, tiene de un alto ex funcionario judicial.

Esta cita se refiere al hecho de que mientras dos magistrados, Jesús Terríquez y Manuel Bárcena, fundándose en la letra y el espíritu de la ley respectiva, me habían otorgado correctamente un amparo sobre una última acusación falsa lanzada en mi contra en el caduco y ya resuelto asunto del fideicomiso minero, el otro juez mencionado, de consigna, Núñez Sandoval, quien sucedió como magistrado al juez Bárcena, negó la acción de su colega, alegando que él no es Bárcena y no tiene que pensar o actuar como él. Lo cual, evidentemente, es ridículo porque se trata del mismo tribunal en el que los dos actuaron, uno en un sentido, el de la correcta aplicación de la ley, Bárcena, y el otro en sentido contrario, contrariando la ley, o sea, Núñez Sandoval.

Lo que dijo el negativo Núñez Sandoval es verdaderamente patético, pues equivale a que el presidente de la República dejara sin efectos, de un plumazo, los decretos del presidente anterior, aduciendo que él no piensa como su antecesor. La institución es una, con uno o con otro, no importa quién la encabece.

En realidad, a Núñez Sandoval lo promovió ante el Consejo de la Judicatura uno de los despachos de los mayores traficantes de influencias del país, al servicio del Grupo México, integrado por Fernando Gómez Mont, Julio Esponda y Alberto Zínser, además de abogados de mucha menor monta pero siempre mercenarios sin ética, como Agustín Acosta Azcón, que utiliza membretes ficticios como Veta de Plata, los cuales también llevan los genes de la maldad, la perversidad y la corrupción que heredaron de sus progenitores.

El asunto lo traigo a relación porque conforme a mis perseguidores se les reduce la posibilidad de actuar en mi contra desde los tribunales judiciales –merced a la atinada defensa jurídica que me ha llevado el caso– arrecian sus falsas acusaciones, para lo cual inventan órdenes de aprehensión renovadas, que se contradicen con las resoluciones que en 11 ocasiones los tribunales ya dieron con su veredicto exculpatorio de mi persona como líder sindical, que he actuado dentro de la ley con honestidad y transparencia al frente de nuestra organización. Con ello se frustran los deseos malsanos de los enemigos del sindicato minero y acercan la fecha de mi regreso a México. Esto último es lo que moviliza su miedo y su cobardía. Saben que de retornar a México, con las debidas garantías de seguridad física y jurídica, toda su persecución política de más de siete años habrá quedado en la nada, habrá sido un esfuerzo estéril, y que podré actuar en favor de la democracia y la libertad sindical de mis compañeros mineros y de la clase trabajadora mexicana.

Así es como Germán Feliciano Larrea y otros empresarios mineros utilizan desesperada y febrilmente a sus testaferros o prestanombres, como los despachos antes mencionados, para sembrar la impresión de que aún tengo temas pendientes con la justicia por el asunto del fideicomiso minero. Vuelven una y otra vez, obsesivamente, a la falsa y gastada canción de que en el sindicato minero presuntamente se desviaron recursos hasta por 55 millones de dólares de dicho fideicomiso, cuando desde un principio, en 1990, un juez de lo concursal definió –y Germán Larrea lo aceptó– que esos recursos son propiedad del sindicato nacional de mineros, el cual podría hacer uso de los mismos según sus propias decisiones. Auditorías paralelas determinaron que no se había desviado un solo centavo de esos montos, una proporción de los cuales están congelados en bancos por decisión ilegal e injusta del gobierno panista, pero ahí están, y el resto ya fueron entregados a los mineros que de acuerdo con el sindicato, y nadie más, tenían derecho a recibir parte de dichos recursos.

Estos últimos días están plagados de habladurías en torno a mi situación jurídica, donde es totalmente evidente que entre los empresarios arrogantes e inmorales que me han perseguido política y judicialmente, con la complicidad de los dos gobiernos panistas anteriores –malas experiencias que no tiene por qué repetir el actual gobierno de Enrique Peña Nieto– hay pavor, o más bien pánico, ante mi retorno a México. Sobre todo hay una cobardía total ante el hecho de que están siendo derrotados en sus designios de acabar con mi liderazgo y con el sindicato nacional de mineros, que se muestra cada vez más fuerte y unido que nunca, a pesar de estos siete duros años de conflicto.

En ello han jugado un positivo papel muchos abogados, jueces, magistrados y hasta ministros de la Corte. Para impedir que se consumaran los abusos de poder y de corrupción, así como la blasfemia jurídica de que se nos encontrara culpables a los líderes del sindicato minero.

Por ello señalé en el desplegado mencionado al comenzar este artículo: El Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia han hecho grandes esfuerzos por conseguir una administración de justicia de excelencia. Hay mucho por hacer. Un punto de partida es realmente revisar casos como el de Núñez Sandoval, que tanto daño le hacen a la imagen del Poder Judicial, para cambiar, corregir e ir al fondo. De esa manera se honraría a todos aquellos jueces nobles, que son muchos, que diariamente realizan su función con verdadera vocación, imparcialidad, respeto al derecho y honestidad. Que así sea.

Fuente: Napoleón Gómez Urrutia, La Jornada

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Magistrado Luis Núnez Sandoval quita 62 años de cárcel a un secuestrador que fue detenido en flagrancia.

Para Ripley

La policía capitalina la rescató y detuvo a sus plagiarios en flagrancia, la Procuraduría los envió a prisión y un juez los sentenció… a uno de ellos le impuso 62 años de prisión, pero ahora está libre y a ella ni siquiera le avisaron.

Ese hombre llamado Rafael Ibarra Hernández, con el que fue obligada a carearse pese a que está prohibido, es el mismo al que detuvieron manejando el auto en el que la trasladaban para cobrar su rescate y ahora quedó en libertad. El motivo: el magistrado Luis Núñez Sandoval le concedió un amparo, pues consideró que Fanya tuvo “inconsistencias” en sus declaraciones.

Hija de un comerciante de Ecatepec y entonces estudiante de preparatoria, Fanya fue raptada en 2009 cuando viajaba en un taxi. A jalones de cabellos y golpes la bajaron de ese auto y luego la llevaron a un hotel donde la mantuvieron cautiva.

Cuando sus plagiarios la sacaron para entregarla y cobrar su rescate, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP-DF) la rescataron y ahí atraparon a dos de los secuestradores, entre ellos, Rafael Ibarra Hernández.
A pesar de la flagrancia en la detención y de que Fanya era víctima, ella misma tuvo que “demostrar” ante el magistrado Núñez Sandoval que fue secuestrada por esos hombres.

En opinión de la presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, esto “es una clara muestra de que se violan los derechos de las víctimas”.

A Fanya la sometieron a cuatro peritajes para que relatara una y otra vez lo que sufrió durante sus tres días de cautiverio; también para que contara lo que le hicieron sus plagiarios y la forma en que sucedió todo.

Y pese a ello el mismo magistrado le dio mayor peso a un dictamen pericial presentado por la defensa del secuestrador Ibarra Hernández que al emitido por la Procuraduría de Justicia capitalina.

“… con base en la observación y entrevista clínicas, así como en los resultados de las pruebas psicológicas, se establece que la víctima, a partir del delito sufrido en su persona… presenta daño psicológico, afectación emocional relacionada con sentimientos como son ansiedad, impotencia y conmoción… recuerdos desagradables; a la fecha padece tensión muscular, pesadillas, falta de apetito…”, dictaminaron expertos de la Procuraduría.

A pesar de la fragancia en la detención y de Fanya era víctima, ella misma tuvo que "demostrar" ante el Magistrado Luis Núñez Sandoval que fue secuestrada por entre ellos a Rafael Ibarra Hernández. 

Nada sirvió para castigar al raptor que ya habái sido sentenciado con una pena de prisión de 62 años. El Magistrado Luis Núñez Sandoval, por razones desconocidas e inexplicables, le concedió el amparo al secuestrador, pues consideró que Fanya, menor de edad, tuvo "inconsistencias" en su declaraciones.

El perito presentado por los abogados de Rafael Ibarra Hernández aseguró que la menor “no presenta reacciones psicológicas, ni daño psicológicos compatibles con los identificados en personas víctimas de secuestro”.

Y con base en ello el magistrado Luis Núñez Sandoval resolvió que “esas conclusiones se reflejan en las contradicciones (…) de la víctima”.

Repercusiones

El magistrado Luis Nuñez Sandoval dio más peso al peritaje que presentó la defensa de Ibarra.

De acuerdo con el dictamen de la Procuraduría la joven presenta:

• Daño psicológico.
• Afectación emocional relacionada con sentimientos como ansiedad, impotencia y conmoción.
• Padece tensión muscular, pesadillas y falta de apetito.

La defensa presentó un documento que señala:

• La joven no presenta reacciones psicológicas, ni daño compatibles con los identificados en personas víctimas de secuestro.

Fuente y con información: La Razón de México