La pasada administración de la Secretaría de Gobernación reservó por 12 años un contrato por más de 14 millones de pesos con la empresa Grupo LOB-RI, S.A. de C.V., por el cual se arrendó “infraestructura de seguridad” destinada a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas, que se incumplió por mala calidad del equipo, sin que la autoridad diera cuenta de las irregularidades.
De acuerdo con información oficial, a la cual este diario tuvo acceso, el contrato SG/CNS/30/2012 fue suscrito por la titular de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Omeheira López Reyna, área que depende de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, por medio de una adjudicación directa sin opción a compra del equipo solicitado.
Según las fuentes consultadas, el contrato, que tuvo una duración de un año, fue cancelado por “falta de calidad en los equipos” encargados por la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; sin embargo, la administración anterior “lo reservó” sin justificación alguna.
La verificación y funcionamiento del contrato estuvo a cargo de López Reyna, quien fue designada titular del área el 15 de agosto de 2010 por el entonces secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora.
Este diario realizó una búsqueda en el sitio de la Secretaría de Seguridad Pública federal de las empresas de seguridad privada que cuentan con autorización federal para prestar servicios en dos o más entidades federativas, pero no se encontró a Grupo LOB-RI, S.A. de C.V. entre las compañías autorizadas.
Aunque en las cláusulas del documento se especifica que la empresa, cuyo representante legal es Ernesto Lobato Fuentes, acreditó estar legalmente constituida desde 2009, según el titular de la Notaría Pública número uno, de Rosarito, Baja California, Luis Durazo Bazua.
Además, la Unidad de Gobernación “se ha cerciorado de que el proveedor no se encuentra sancionado por la Secretaría de la Función Pública y se encuentra incluido en el Padrón Nacional de Medios Impresos”.
El equipo
La Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos solicitó 23 equipos de circuito cerrado de televisión Kit DR551; 11 alarmas GSM modelo 2011; tres equipos de sistema de posicionamiento global (GPS), nuevos, de última generación, con las características necesarias para las medidas solicitadas.
Además, según las especificaciones técnicas, debieron haber sido instalados y sin costo de mantenimiento para la Unidad.
El contrato especifica que los equipos de seguridad debieron ser instalados en el Centro de Derechos Humanos y Casa del Migrante Nazareth, de Nuevo Laredo, Tamaulipas; el albergue Frontera Digna de Coahuila; el albergue Hermanos del Camino, de Oaxaca; el Centro de Derechos Humanos, Tlachinolan, en Guerrero; El Monitor Civil de la Policía y las Fuerzas de Seguridad en la Montaña (Mocipol), de Guerrero, y 72 refugio para migrantes de Tonosique, Tabasco, entre otros.
También se proporcionó equipo a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos como medidas cautelares para su protección, según el documento.
El Universal