El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este miércoles que presentará una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Austeridad Republicana, para dejar "más claro" el techo de sueldos para los altos los funcionarios y establecer una política de "pobreza franciscana".

"Ya vamos a pasar de la fase de la austeridad republicana a una fase superior, que es la de la pobreza franciscana, porque tengo reunión mañana con el gabinete y vamos a llevar a cabo medidas de austeridad adicionales", declaró el mandatario en su habitual conferencia matutina.

La propuesta de López Obrador es ampliar los términos de la Ley de Austeridad Republicana –promulgada por su administración en 2019–, que obligaba a todos los funcionarios a cobrar un sueldo menor al del presidente de la República. "Casi no va a haber viajes al extranjero, vamos a procurar que toda la comunicación se haga por teléfono y por videoconferencia, vamos a reducir viáticos y demás", prometió.

El llamado a radicalizar el ahorro dentro de las estructuras burocráticas del Estado ocurre en un contexto de repunte de la inflación y recesión económica mundial, impulsada por el incremento de los combustibles y las materias primas. Para el mandatario, la austeridad servirá "para seguir manteniendo ahorros, para seguir sin deudas, sin solicitar deudas adicionales, sin aumentar impuestos, sin aumentar el precio de las gasolinas".

"La fórmula es sencilla: es cero corrupción y austeridad para liberar fondos al desarrollo, entregar recursos a la gente más necesitada", aseveró. Leyes y amparos Aunque en 2019 se promulgó la Ley de Austeridad Republicana prometida por López Obrador al inicio de su Gobierno, el techo propuesto por la iniciativa no se cumplió para algunos funcionarios que interpusieron una medida judicial para no ampararse bajo la normativa.

Esa situación le permitió a algunos servidores públicos seguir cobrando sueldos por encima del presidente, entre ellos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los dirigentes de organismos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Banco de México. Por eso, el mandatario mexicano fue enfático: "Vamos a buscar la forma de presentar una iniciativa de reforma a la ley de austeridad y, si procede, una nueva reforma a la Constitución para dejarlo más claro y que no se preste a las interpretaciones que hicieron en el Poder Judicial, de manera leguleya", denunció hoy. López Obrador adelantó que tiene previsto enviar la reforma de ley al Congreso, aún cuando no alcance los votos para aprobarla.

"Si en el Poder Legislativo no se aprueba, ya es otra cosa, pero lo voy a hacer", agregó. Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalan que el presidente mexicano percibe un sueldo bruto mensual de 166.532 pesos mensuales (8.128 dólares). En contraste, los consejeros de la Judicatura Federal (organismo que revisa la labor de jueces) reciben un salario de 286.600 pesos mensuales (13.989 dólares).

La meta de López Obrador es que el salario del presidente de la República marque el techo del tabulador para los sueldos del resto de los servidores públicos.

"Vamos a avanzar más en el plan de austeridad, independiente de lo que tiene que ver con poderes autónomos, y esto tiene que tratarse como una cuestión de Estado", sostuvo.