Ante el reinicio de estas obras, en contra de la cual diversas organizaciones gubernamentales han promovido cuatro juicios de amparo a fin de que se suspendan las obras, uno de los demandantes promovió una ampliación para que el juez Adrián Fernando Novelo Pérez ordene que no inicien las obras de los Tramos 6 y 7 de este proyecto, y cuya construcción estará bajo responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En cuanto a la entrega de la copia certificada del decreto que declara el Tren Maya como una obra de seguridad nacional, en la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, y como parte del desahogo del juicio de amparo 820/2022, se ordenó a la empresa Fonatur Tren Maya, que en un plazo de tres días “remita copia certificada del Decreto donde se advierta que el Proyecto denominado Tren Maya, pertenece a seguridad nacional”.

El juez Novelo Pérez señaló que si Fonatur no cumple “se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”.

Respecto de la ampliación de juicio de amparo, este recurso fue solicitado a través del recurso 923/2022, ya que los demandantes argumentan que el gobierno federal, a través de Fonatur Tren Maya, no ha cumplido con los derechos de vía, es decir no ha concluido los procedimientos para que se inicien las obras por no tener la propiedad de los terrenos en los que se realizará el tendido de vías y el desarrollo del resto de la infraestructura que recorrerá 254 kilómetros de Tulum-Bacalar y 287 kilómetros de Bacalar-Escárcega.

Gustavo Castillo García