Mientras el mundo estaba pendiente del autogolpe de Estado que acababa de liderar el presidente Pedro Castillo en Perú –eran las doce menos veinte del mediodía (hora local) cuando disolvió el Congreso–, una cámara de televisión filmaba al mandatario saliendo del Palacio de Gobierno.
Era la una y 42 minutos de la tarde (hora de Lima, seis horas más en España).
Castillo abandonaba el edificio acompañado por su esposa Lilia Paredes, sus hijos Arnold y Alondra; su cuñada Yenifer Paredes y el ex primer ministro, Aníbal Torres (que ayer fungió como uno de sus abogados defensores).
La comitiva la formaban dos camionetas en la que viajaban Castillo y su familia, acompañados por los agentes policiales de seguridad del Estado que se ocupaban de escoltar al presidente.
Según el atestado policial de la detención de Castillo, en un momento del recorrido uno de los agentes ordenó al conductor cambiar la ruta y dirigirse a la Embajada de México, país que le había ofrecido asilo, como el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó ayer.
Castillo se comunicó con el Gobierno mexicano para avisar de que iría a la legación para buscar refugio, y él ordenó al embajador abrirle la puerta. También el miércoles, el canciller mexicano Marcelo Ebrard aseguró durante una entrevista en una emisora de radio, antes de que fuera detenido Castillo, que en caso de que este pidiera asilo a México, el Gobierno se lo otorgaría. Pero en el momento de la entrevista aseguró que todavía no lo había solicitado.
Sin embargo, una llamada de teléfono truncó el recorrido de Castillo hacia la impunidad. Se produjo al llegar al cruce de dos avenidas situadas en el centro de Lima.
Desde el otro lado del aparato, el jefe policial, Iván Lizetti, ordenó a los escoltas de Castillo que desviaran la ruta y lo llevaran a la Prefectura de Lima «por encontrarse (Castillo) incurso en flagrancia del presunto delito de rebelión (artículo 346 del Código Penal), abuso de autoridad (artículo 376 del Código Penal) e infracción a la Constitución Política», detalla el oficio policial sobre su detención.
Eran las 13.55 (hora de Lima) cuando el mandatario peruano era llevado al establecimiento policial donde se le está investigando por los delitos enmarcados en la sedición y por «quebrantar el orden constitucional».
Teléfono intervenido «Seguramente ya tenían intervenido su teléfono y (sabían) que iba a solicitar el asilo y que, si le abrían la puerta...», señaló ayer, durante su habitual 'mañanera', el mandatario mexicano, que el miércoles descalificó en Twitter la destitución de Castillo. «Es un principio fundamental de nuestra política exterior la no intervención y la autodeterminación de los pueblos.
A eso nos ceñimos en el caso de lo sucedido en Perú –escribió–.
Sin embargo, consideramos lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución con el sui géneris precepto de 'incapacidad moral'».
A lo que añadió que «ojalá se respeten los derechos humanos y haya estabilidad democrática en beneficio del pueblo».