“Y que no se tengan los privilegios que ahora mantienen algunos servidores públicos que se ampararon, empezando por el mal ejemplo que dieron los ministros de la Corte, que ellos ganan más que el Presidente, en vez de dar ellos el ejemplo, fueron los que promovieron los amparos”, aseguró en la mañanera de este lunes a pregunta sobre si insistirá ante el Legislativo sobre una forma de vigorizar la ley de salarios y austeridad a fin que no haya quien perciba más que el jefe del Ejecutivo.

Al respecto, el tabasqueño pidió a sus colaboradores que se proyectara en la pantalla del salón Tesorería de Palacio Nacional los montos salariales de los funcionarios que ganan más que el Presidente de la República.

Los datos mostrados, correspondientes a junio del año pasado, indican que un consejero de la Judicatura Federal tienen un salario mensual de 286 mil 600 pesos; el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, 286 mil 500 al mes; los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 284 mil 500 pesos; el gobernador del Banco de México (Banxico), 248 mil 500.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), 240 mil 500. En este punto, López Obrador apuntó irónico: “El INE no se toca”.

En la información se agregó que el comisionado presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) percibe al mes 206 mil 400 pesos; el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 197 mil 700; la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 151 mil 300 pesos mensuales; la presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 149 mil 700 pesos; el titular de la Fiscalía General de la República, 146 mil 600 pesos; mientras que el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa gana 141 mil 100 pesos.

De estos, se le dijo al mandatario federal, los funcionarios del Banxico, del INE, de la Cofece del IFT y del Inegi se ampararon para que la ley de ingresos no aplique en su caso.