En la mañanera de ayer en Palacio Nacional, el mandatario dio a conocer que instancias como los institutos Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección da Datos Personales (INAI) y Federal de Telecomunicaciones (IFT) o las comisiones Reguladora de Energía (CRE) y Federal de Competencia Económica (Cofece) no le sirven al pueblo y sólo están al servicio de las minorías.
Tienen que desaparecer todos esos organismos, planteó y dijo que su intención es enviar la iniciativa antes de que concluya su sexenio. De no pasar este proyecto de reforma, aseguró, quedará constancia de que no se quiere transformar lo que está mal porque están al servicio de las minorías, de lo que no desea ser cómplice.
No puede haber gobierno rico con pueblo pobre y hay muchos organismos onerosos, que no sirven para nada, son gastos superfluos, planteó. Su intención de enviar esta iniciativa es para definir “cómo desmontar todo ese aparato que crearon paralelo al gobierno para tener el control de todas las decisiones del poder público, que el Instituto de la Transparencia, que el Instituto de Comunicaciones (IFT), que el Instituto de la Competencia (Cofece), que la CRE, que no sé cuánto. “Cada vez que se quiere defender a Pemex, que se quiere defender a la Comisión Federal de Electricidad, sale el instituto este de la competencia (Cofece) a defender a los particulares (…) Sí hace falta hacer todo este ajuste y sí voy a dejar la iniciativa.”
Asimismo, el mandatario anunció que antes de terminar el año también enviará una iniciativa de ley para prohibir los vapeadores. Hacen mucho daño, puntualizó. Criticó que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Javier Laynez Potisek haya otorgado la semana pasada una suspensión en favor de una comercializadora para permitirle la venta de cigarrillos electrónicos, anteponiendo lo mercantil a la salud.
Al criticar además que Laynez Potisek haya resuelto que no desaparezcan los 13 fideicomisos del Poder Judicial, que acumulan 15 mil millones de pesos, López Obrador dijo que el ministro se ha convertido “en el más tenaz de los defensores de las causas que tienen que ver con la corrupción y ahora dice que ese fideicomiso es de ellos.
“¡Ministro de la Corte! ¡Juez y parte! Porque fue una decisión del Poder Legislativo, de un poder autónomo, de la Cámara de Diputados, que tiene la facultad exclusiva, de acuerdo con la Constitución, de aprobar el presupuesto.
Y no, de manera cretina dicen: ‘no’”. Pidió que se cumpla la palabra empeñada por la presidenta de la Corte, Norma Piña, para que los recursos de dichos fideicomisos se dirijan a los damnificados del huracán Otis.