La Corte de Apelaciones para el Primer Circuito de Estados Unidos ordenó que la demanda del gobierno mexicano contra fabricantes estadunidenses por su presunta responsabilidad al facilitar el tráfico de armas regrese a la corte federal de Boston, Masachusets, para seguir su cauce legal.

Según se dio a conocer, “Se ordena, anuncia y decreta lo que sigue: se da marcha atrás con el juicio de la corte de distrito que mantiene que la Ley Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA) prohíbe los argumentos centrales de los Estados Unidos Mexicanos, y el tema es regresado a la corte de distrito para los procedimientos siguientes consistentes con la opinión emitida hoy”.

En marzo de 2023, el Gobierno de México presentó una apelación en contra de la sentencia que emitió la Corte de Distrito de Boston, Massacussetts, debido a que había desestimado la primera demanda contra empresas de armas en Estados Unidos.

Los abogados de México argumentaron que la ley sólo prohíbe demandas por lesiones que ocurren en Estados Unidos y no protege a los siete fabricantes y un distribuidor demandados de responsabilidad por el tráfico de armas a criminales mexicanos.

Lo anterior luego de que un juez de primera instancia determinó que la Ley de Protección del PCLAA protegía a las empresas demandadas, de manera que les otorgaba cierta inmunidad, aún cuando sus conductas afectaran a México. A decir por la propia canciller de México, Alicia Bárcena, “la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos dictó sentencia a favor de México, en su demanda contra empresas fabricantes de armas.

El asunto regresa a primera instancia para la revisión del fondo del asunto. Gran noticia”. El juez de circuito estadounidense William Kayatta, dijo que si bien la ley puede aplicarse a demandas de gobiernos extranjeros, la demanda de México “alega plausiblemente un tipo de reclamo que está legalmente exento de la prohibición general de la PLCAA”.

En un hecho que marcó la agenda política entre ambas naciones, México acusa que 500,000 armas se trafican anualmente desde Estados Unidos a México, de las cuales más del 68% son fabricadas por las empresas demandadas, que también incluyen a Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt’s Manufacturing Co y Glock Inc.

En su denuncia de agosto de 2021, México estimó que el 2.2% de los casi 40 millones de armas fabricadas anualmente en Estados Unidos se introducen de contrabando en México, incluidas hasta 597,000 armas fabricadas por los acusados. En su momento, el gobierno de México demandó a varios fabricantes de armas, a quienes acusa de abastecer al mercado criminal local y a los que reclama una compensación económica que podría alcanzar los 10,000 millones de dólares.

En su momento se trató de un hecho inédito, luego que varios gobiernos mexicanos habían solicitado a Washington hacer más para frenar el tráfico ilegal de armas, por lo que fue la primera vez que el reclamo llegaba a los tribunales, impulsado por el interés del presidente Andrés Manuel López Obrador de hallar nuevas formas controlar la ola de violencia que azota al país desde hace años.

A finales de julio de 2023, un equipo legal del Gobierno mexicano indicó que seguía con los litigios contra la industria armamentista estadounidense en una corte de apelación en Boston después de que un juez desechase en septiembre. La demanda interpuesta en 2021 es contra una serie de empresas productoras y distribuidoras de armas de fuego, que están representadas por uno de los abogados del expresidente Donald Trump.

En tanto, la semana pasada, la cancillería indicó en un comunicado que en el marco de otra demanda presentada por México contra vendedoras de armas de fuego en Estados Unidos, cuyas prácticas comerciales facilitan el tráfico de esos productos al país, la Corte de Distrito para Arizona señaló el 22 de febrero de 2024 como fecha de audiencia para presentar alegatos orales. Esta es la segunda demanda de México en contra de actores de la cadena de comercio de armas.