La Fiscalía General de México (FGR) confirmó la existencia de un segundo tirador en la escena donde resultó asesinado el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994. Según la información de las autoridades, se trataría de un agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), que tenía a su cargo la seguridad del político en la fronteriza ciudad de Tijuana, al noroccidente del país.

En un comunicado difundido este lunes, el organismo detalló que "el juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, Jesús Alberto Chávez Hernández, actuó con evidente parcialidad, y quebrantó los principios obligatorios de valoración y análisis de pruebas presentadas por la FGR" contra el nuevo inculpado, a quien se identifica como Jorge Antonio Chavez Ortega.

De acuerdo con las pesquisas, Jorge Antonio Chavez Ortega fue liberado en evidente encubrimiento delictivo", gracias a su vínculo con el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna –hoy acusado por narcotráfico en EE.UU.–, quien para entonces ejercía como subdirector operativo del CISEN y se habría encargado de organizar su rescate en Tijuana.

Del mismo modo se recalca que las pruebas aportadas por la FGR "demuestran" que el sindicado estuvo presente "en el lugar del homicidio, en el momento del crimen" y se refiere que "en la ropa del acusado se encontró el tipo de sangre de la víctima". Además, está comprobado que accionó un arma y no ha sido capaz de presentar pruebas que refuten la hipótesis de la Fiscalía.

A ese respecto se precisa que "el video que testimonió el primer disparo, y al cual el juez le pretende dar valor frente a todo el acervo de pruebas aportadas, estaba ubicado hacia el primer tirador y no dirigido hacia el segundo, que se hallaba en un ángulo totalmente distinto, razón por la cual no podía observarse". "No existe ningún video dirigido hacia el área donde estaba dicho segundo tirador, motivo por el cual esa prueba no puede favorecer, en modo alguno, al responsable de ese segundo disparo", subraya el documento.

Actuación cuestionable En otro punto del texto, el Ministerio Público mexicano cuestionó al juez Chávez Hernández por llegar "al extremo de emitir consideraciones de orden personal en contra del Ejecutivo Federal", conducta que desde esa instancia calificaron de "inadmisible".

Del mismo modo, la FGR criticó la actuación de un medio de prensa que, amparado en declaraciones de una supuesta testigo que "nunca estuvo en el lugar de los hechos", avanzó consideraciones que exculpaban a Jorge Antonio Chavez Ortega y ocultó "pruebas incriminatorias que constan en el expediente judicial en el que se basa la nota periodística".

La entidad penalista llamó a recordar que "un gran número de testimoniales señalan al acusado en el lugar de los hechos, al momento de los disparos, del cual huyó; y niegan que él haya ayudado a transportar a la víctima". Asimismo, ratifica que fue detenido con ropa manchada con sangre de Colosio.

"También se encuentra debidamente probado que el CISEN de la Secretaría de Gobernación mandó al acusado para que estuviera en el lugar de los hechos, para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia", apunta el documento. Un crimen rodeado de misterio Después de casi 30 años, el asesinato de Colosio sigue estando rodeado de misterio.

El mismo día del crimen, las autoridades capturaron a Luis Mario Aburto Martínez, al que se sindicó como autor material del homicidio contra el candidato presidencial, que tenía altas posibilidades de gobernar México en el período 1994-2000.

No obstante, nunca se aclaró el móvil del atentado. Se insistió en la tesis del "tirador solitario" que buscaba fama con un delito de alto perfil, y a posteriori se conoció que Aburto declaró su culpabilidad bajo tortura. Pese a las fallas y vacíos de la investigación, nadie más fue imputado y tampoco se logró establecer la identidad de los autores intelectuales.

En su lugar, el proceso siguió adelante y se transó con una condena a 45 años de prisión, que eventualmente podrían reducirse a 30, si se mantiene la anulación de condena que recibiera el inculpado en noviembre de 2023. Mientras, tanto Aburto como sus familiares han insistido en denunciar que él no asesinó a Luis Donaldo Colosio y que sus derechos humanos han sido violentados reiteradamente por el Estado mexicano. Carpetazo final La FGR reabrió el caso en 2022, en el interés de llegar finalmente a la verdad de lo ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Tijuana.

Por su parte, Luis Donaldo Colosio Murrieta, hijo de Colosio y actual alcalde de Monterrey, considera que el presidente López Obrador debe indultar a Aburto y cerrar ese capítulo.

"Apelando, pues, a la compasión del presidente [López Obrador], yo diría que mejor indulte a Mario Aburto. Que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos e iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón […] Y dejar esto en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es vuelta a la página", sostuvo este lunes el político, tras ser preguntado por la prensa sobre el tema.

Del mismo modo, los medios le inquirieron sobre la eventual motivación política que estaría tras la reapertura del caso, dado que este año hay elecciones en el país. A ese respecto, Colosio Murrieta refirió que "cada tres o seis años" las autoridades prometen que reabrirán el expediente y aclararán los misterios que aún se ciernen sobre la muerte de su padre.

"Creo que antes deberían salir a explicar. Este asunto ha estado ya muy manoseado y yo creo que no es justo para la gente, incluida la familia, que estén dando falsas esperanzas, que estén reciclando el tema para obtener tajadas políticas", completó.