De igual forma, se aceptó una reserva presentada por el PT, con la cual se especificó que no habrá concesiones en materia de litio, un tema que formaba parte de la reforma aprobada el 29 de octubre pasado, que le devolvió a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el carácter de “empresas públicas del Estado”.

Luego de que se reanudó la sesión iniciada el miércoles, el debate se extendió por seis horas y la enmienda de “simplificación administrativa” fue avalada por 332 votos en favor y 119 en contra, por lo que fue enviada al Senado para su ratificación.

Una vez desahogadas cerca de 300 reservas al dictamen, en voz de más de 80 oradores, el vice coordinador del grupo parlamentario de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, subió a tribuna para exponer los detalles de la creación de la agencia que asumiría las labores encomendadas al Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica.

En el texto de la mencionada reserva, se definió que el Ejecutivo Federal, “a través de la autoridad en materia de libre competencia y concurrencia, ejercerá en forma exclusiva las facultades de competencia económica para regular de forma asimétrica a los participantes en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión, con el objeto de eliminar eficazmente las carreras a la competencia y a la libre concurrencia”.

De igual forma, establece que la mencionada autoridad “impondrá límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento (sic) y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica”.

Además, “ordenará la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites, garantizando los dispuesto en los artículos 6º y 7º” de la Constitución.

Para realizar dicha labor, especificó la reserva del partido guinda, se creará la “entidad paraestatal denominada Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones”, la cual “quedará sectorizada a la SICT”.

Dicha autoridad “contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, estará dotada de independencia técnica y operativa en sus decisiones, organización y funcionamiento, y se garantizará la separación entre la autoridad que investiga y la que resuelve los procedimientos”.

Consultado por los medios informativos, casi al final de la votación sobre este tema, Ramírez Cuéllar aseguró que la creación del mencionado organismo ayudará a “meter en cintura” a las empresas que incurren en prácticas monopólicas, y no significa una merma de las funciones que realizaban la Cofece y el IFT.

“¡Lárgate tú!”

Durante la discusión de hoy, tanto los partidos mayoritarios como los de oposición reiteraron los argumentos que ya habían vertido en la sesión iniciada ayer.

Mientras los primeros enfatizaron los ahorros que se obtendrán por la extinción de organismos que “no dieron resultados”, los segundos recalcaron que su pérdida es un riesgo para la democracia y los sistemas de pesos y contrapesos en México.

El panista Héctor Saúl Téllez le reprochó a los diputados de Morena y sus aliados que “han aplicado el canibalismo político entre ustedes mismos”, pues los organismos que crearon o avalaron en su momento, como el Instituto de Salud para el Bienestar y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, los destruyeron. A un lado de la tribuna, se colocó una manta con la frase “Dictadura de Morena, 99 por ciento”, y la figura de una especie de batería de celular a punto de llegar al 100 por ciento de carga.

El gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador “inició destruyendo el Seguro Popular, sin importar si dejaban a 50 millones de personas sin accesos a los servicios de salud; crearon el Insabi y también lo llevaron a la destrucción, desapareciendo 400 mil millones de pesos, de los cuales no rindieron cuentas, y hoy también quieren destruir una institución que han creado ustedes mismos, como Mejoredu”, lamentó Téllez.

Los cambios constitucionales, insistió, “no son de austeridad ni de simplificación, se trata de cooptación, de quitar límites al gobierno y quitar los contrapesos sanos que cualquier gobierno debe de tener”.

Destacó que los siete organismos autónomos que van a desaparecer “durante 10 años consumieron apenas mil millones de pesos costaron. Estos organismos podrían subsistir 230 años con los sobreprecios de las 300 megaobras que hizo el presidente” López Obrador. “Cuesta más cara la corrupción de Morena que la operación de estos siete organismos necesarios”.

El discurso caló en las filas de Morena. Desde su curul, los diputados Zenyazen Escobar –cercano al gobernador veracruzano, Cuitláhuac García- y Roberto Ramos- le gritaron “¡bájate!”, “¡lárgate!” El panista respondió: “¡lárgate tú!”

Otros diputados de oposición enfatizaron que los gobiernos de la 4T fueron especialmente duros con el INAI, debido a que gracias a este órgano se dieron a conocer presuntos casos de corrupción que involucrarían a funcionarios del sexenio anterior o sus familiares.

Por su parte, los legisladores de Morena, PT y PVEM reiteraron que los organismos extintos “eran autónomos del pueblo de México”, pero supuestamente cercanos a grupos de intereses económicos que, acusaron, se beneficiaron de su actuación para obtener mayores beneficios.

“A lo que ponemos fin es al privilegio y al derroche de recursos en supuestos órganos descentralizados que solo beneficiaban a las cúpulas del poder político y económico”, puntualizó la morenista Julieta Vences Valencia.

Como ha ocurrido en la discusión de otros dictámenes, los diputados de mayoría registraron reservas sólo para repetir los argumentos que ya habían expuesto en diversas ocasiones, y posteriormente retirar las observaciones que harían, lo que alargó el debate por varias horas.

Reserva “sobre las rodillas”: PAN Cuando parecía que el debate terminaría sin mayores sorpresas, subió a tribuna la petista Maribel Martínez para proponer una reserva mediante la cual se reforma el artículo 28 constitucional, para especificar que “tratándose de minerales radioactivos y litio, no se otorgarán concesiones”, y que los particulares, en materia de generación de electricidad, “en ningún caso tendrán prevalencia sobre la industria pública del Estado”, que es la CFE.

Lo anterior dio pie a que la oposición reclamara a los partidos mayoritarios que estaban tratando de enmendar una falla legislativa, pues aunque en la reforma del pasado 29 de octubre relacionadas con las “empresas públicas del Estado” se especificaba que en materia de litio no habría concesiones, en el dictamen votado ayer no figuraba ese punto.

El PAN recordó la frase del fallecido diputado Porfirio Muñoz Ledo de “¡chinguen a su madre!, ¡qué manera de legislar!” y reprochó que Morena “hace todo sobre las rodillas, porque se les olvidó que en la reforma del 29 de octubre, cuando discutimos el dictamen de las empresas públicas del Estado, dejaron fuera del litio, y ahora so pretexto del IFT, quieren volver a enderezar el entuerto de lo que hicieron mal”.

De no haberse hecho la mencionada corrección, hubiera tenido lugar una antinomia, pues las reformas del 29 de octubre y la votada este jueves tendrían disposiciones encontradas entre sí.